La antiética venta de armas de Estados Unidos, Alemania, Israel… a México
En Alemania se
desarrolla un singular juicio contra altos ejecutivos de una de las más
grandes empresas armamentistas del mundo, la corporación Heckler &
Koch. La razón: haber suministrado armas a entidades mexicanas que el
país europeo considera territorios en conflicto armado, a los cuales
prohibió venderles.
De acuerdo con el diario Reforma,
los fiscales de esa nación presentaron cargos el 15 de mayo pasado
contra seis empleados de la compañía alemana, por el presunto tráfico
ilegal de artefactos de fuego a varios estados mexicanos caracterizados
por la violencia armada.
Entre esas entidades destaca Guerrero
porque, según los fiscales, las armas vendidas entre 2006 y 2009 a la
mexicana Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) terminaron
involucradas en la desaparición forzada de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa (el 26 de septiembre de 2014).
Aunque en una primera audiencia los
ejecutivos responsabilizaron a la Sedena del destino del armamento, el
caso Heckler & Koch es relevante no sólo por las sanciones que se
esperan, sino sobre todo porque puede visibilizar el sufrimiento de
millones de mexicanos derivado del comercio irresponsable de armas a
nivel internacional, en el contexto particular de la “guerra” contra el
narcotráfico.
Estados Unidos, el país que más armas le vende a México
En ese comercio irresponsable Estados
Unidos juega un papel fundamental: su industria es una de las
principales proveedoras de la Sedena, pero lamentablemente no es la
única. En la lista de facilitadores de armamento también están Israel,
Sudáfrica, Bélgica, Suiza, República Checa, España, Italia, Brasil,
Uruguay, Canadá, Turquía y, por supuesto, Alemania.
Este último es el único país que busca
condenar el flujo indiscriminado de armas de fuego, causante de más de
250 mil asesinatos de civiles en los gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña. Ello, sin que formalmente México esté en un conflicto
armado.
Según informes de la Sedena, entre las
empresas estadunidenses beneficiadas con contratos para venta de armas
están: US Ordnance, Inc; Eurosports, Llc; Colt Defense, Llc; MLM
International Corporation; Dillon Aero, Inc; Abrams Airborne
Manufacturing, Inc; RM Equipment, Inc; Combinet Systems, Inc; Barret
Fierarms Manufacturing, Inc; Knigts Armament Company, Llc; Nammo Talley,
Inc; y United Tactical Systems, Llc.
Además, Alliant Tech Systems, Inc;
Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal
Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc;
Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith &
Wesson; y Winchester Division Olin, Corp.
Otras corporaciones que surten armas a
la Sedena son las belgas Fabrique Nationale Herstal, SA, y Browning, SA;
la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; las alemanas Heckler &
Koch, Gmbh, y Carl Walther, Gmbh; la suiza Sig Sauer, Inc; las checas
Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS, y Kroko, AS; las
españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA, y Uee Cartucheria
Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA, y
Rizzini, SRL.
En la lista figuran también la brasileña
Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms
Company; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas
radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV;
Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
Antiética venta de armas
La venta indiscriminada de armamento a
un país con tan altos niveles de violencia es, por lo menos, antiética. Y
es que ningún otro Estado como el mexicano ilustra la crisis de
violencia generada por el comercio legal de armas.
Crisis que ha sido denunciada y
condenada por instituciones internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Geneva Academy for International Humanitarian Law and Human Rights y el
International Institute for Strategic Studies (IISS).
En marzo pasado, la Geneva Academy
señaló que la violencia en México es comparable a la de un conflicto
armado no internacional; y, en septiembre de 2017, el IISS lo ubicó como
el segundo territorio de conflicto más mortal en el mundo, sólo después
de Siria. No obstante, 1 mes después, ese Instituto detectó fallas
metodológicas en su evaluación, pero reiteró que este país se encontraba
en los 10 conflictos más mortíferos del planeta sin revelar la posición
que ocupa.
De los saldos de la violencia armada son
responsables no sólo los gobiernos mexicanos y el crimen organizado,
sino también la industria armamentista internacional y los países que
permiten esos “negocios” a costa de la vida y la integridad humana.
Negocios altamente rentables, pues en el
contexto de la estrategia contra el narcotráfico, las fabricantes y
comerciantes de armas han vendido centenas de artefactos a la Sedena que
nutren a militares, marinos y policías.
La “guerra” contra el narco
–que les deja ganancias multimillonarias– es la misma que desató la
militarización del país y la violencia extrema que enfrentamos desde
2007, sin que alguna de esas compañías haya limitado sus ventas.
Peor aún, en el caso que se juzga en
tribunales alemanes, Heckler & Koch violó la ley que le impedía
vender armas bajo el argumento de no ser culpable de su empleo final. Y
aunque esta omisión ya se juzga, también es un hecho que la justicia
alemana llega tarde: después de por lo menos un crimen de lesa
humanidad, como es el de los normalistas.
Por esta omisión, Alemania –como el
resto de países proveedores– es responsable de la crisis humanitaria,
que no sólo se refleja en los miles de civiles asesinados, sino también
en el indeterminado número de heridos por armas de fuego y víctimas de
abusos por parte de actores estatales y no estatales armados.
Entre ellas, las más de 270 mil personas
desplazadas forzosamente; las decenas de víctimas de desaparición y
desaparición forzada; además de las miles de personas que viven bajo el
asedio de grupos armados.
Ante esta terrible realidad, México debe
ser catalogado como un país en conflicto armado y la industria
internacional, obligada a cesar la venta de armas a la Sedena.
Nancy Flores/Primera de dos partes
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