Después de recluirlos, gobierno de Peña deportó a 127 mil niños migrantes
En todo el mundo
se da un trato indigno e inhumano a los migrantes pobres. No sólo son
las jaulas y la separación de familias en Estados Unidos, que han
provocado el rechazo internacional; también son las cerradas fronteras
europeas hacia los africanos y árabes. O, para peor, la violencia
extrema con la que México recibe a los centroamericanos.
Si
quien migra es un magnate, no importa su tono de piel o su
nacionalidad: ningún gobierno lo rechaza por mucha política de cero
tolerancia que aplique a la migración, porque para el capital no hay
fronteras. En cambio, si quien migra es pobre, no sólo se le impide el
paso, sino que se le violenta de todas las formas posibles.
El miedo hacia la pobreza y hacia los
pobres tiene nombre: aporofobia. Su significado implica “repugnancia y
hostilidad ante los pobres, sin recursos o desamparados”. Y esa
repugnancia pareciera que es la que mueve las políticas migratorias que
repatrian a todo aquel que no lleva capital consigo.
Las políticas de México no son
excepción. A pesar de ser un país expulsor de su propio pueblo –tanto
por los niveles de pobreza como por los de violencia–, aplica medidas
deshumanizadas y crueles contra los indocumentados.
Los menores de edad que pasan por este
país reciben un trato igual o peor que el que da Donald Trump. Aquí, los
niños también son separados de sus familias, se les maltrata, se les
tortura. En Contralínea he documentado casos de violaciones
sexuales cometidas en las propias “estaciones migratorias”, e incluso
muertes no naturales durante su retención.
Tras el ilegal encarcelamiento, que
puede durar más de 3 meses en condiciones infrahumanas, México acaba
expulsando a esos niños migrantes a los contextos de violencia y pobreza
de los que están huyendo.
La Secretaría de Gobernación informa
que, entre enero de 2013 y abril de 2018, el gobierno de Enrique Peña
deportó a 127 mil 140 menores de edad que se habían internado al país
sin documentos migratorios, principalmente procedentes de Centroamérica.
En ese mismo periodo, Estados Unidos repatrió a este país 69 mil 755
niños mexicanos que habían cruzado la frontera de forma irregular.
Por eso la “condena” externada por el
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en torno al
escándalo de los niños migrantes enjaulados en bodegas ubicadas en
Texas, fue tan tibia. El canciller seguramente sabe que aquí el trato
hacia los niños no es mejor y, en ocasiones, es mucho peor.
Por eso a México se le conoce como el infierno.
Y es que aquí, para capturar a los indocumentados –sean menores de edad
o adultos– se permite todo: golpes, insultos, tortura, vejaciones.
Una vez atrapado por autoridades
migratorias, policías o personal militar, el migrante es encerrado en
las prisiones que para ese fin se han construido, denominadas
“estaciones migratorias”.
Pero también se les llega a encarcelar
en sitios clandestinos, al igual que sucede en Estados Unidos según se
evidenció en los videos que la propia Patrulla Fronteriza entregó a la
prensa de ese país.
La “Estancia Migratoria Fortín” es uno
de esos inmuebles que ilegalmente utiliza el Instituto Nacional de
Migración para retener migrantes. Ubicado en Fortín de las Flores,
Veracruz, el lugar no está reconocido legalmente como recinto migratorio
y antiguamente era utilizado como cárcel municipal, refiere información
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El organismo autónomo considera que el
alojamiento de migrantes en ese lugar es, por lo menos, indebido, pues,
además de no ser legal, tampoco reúne las características que debe tener
un alojamiento migratorio para otorgar una estancia digna.
Pero estancia digna en México jamás
reciben los migrantes. Las “estaciones migratorias” son cárceles de
máxima seguridad: en vez de tener habitaciones, tienen celdas. Y aunque
las opera personal del Instituto Nacional de Migración, las vigila el
Ejército Mexicano, como si en ellas se albergaran los peores
delincuentes del mundo.
En esos lugares, las autoridades no
proporcionan asistencia consular, atención médica, ni acceso a llamadas
telefónicas con familiares y consulados.
La Red Jesuita con Migrantes México
señala que la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes
representa no sólo el lado más cruel de las políticas migratorias en el
mundo, sino también constituye una grave violación a los derechos
humanos, contraria a lo establecido en instrumentos internacionales que
velan por el interés superior del menor.
Al respecto, el Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas establece que ningún menor de edad debe ser
criminalizado y sujeto a medidas punitivas y de privación de su libertad
por su estatus migratorio o el de sus padres. También, que los Estados
tienen la obligación de brindar alternativas a la detención. Algo que
nuestro país incumple.
La Red Jesuita con Migrantes México
critica las declaraciones del secretario Videgaray Caso, quien se
refirió a la política migratoria de Estados Unidos como cruel e
inhumana, porque –recalca– “la política migratoria de México no dista
mucho de estas mismas características”.
Agrega que en México existen
aproximadamente 59 centros de detención migratoria y, tan sólo en 2016,
40 mil 522 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos en ellas. De
éstos, el 43 por ciento viajaba solo. Además, el 95 por ciento fue
deportado a su país de origen.
La Red señala que “la privación de la
libertad de niñas, niños y adolescentes es una práctica constante en
este país y muchas veces viene acompañada de abusos, e incluso
violaciones de menores al interior de los centros de detención
migratoria”.
Actualmente, al menos 3 mil 471 niñas,
niños y adolescentes solicitan la condición de refugiados en México,
pero el gobierno les suspendió sus trámites. Esto implica que se
encuentren sin posibilidades de acceder a derechos básicos –como salud y
educación– porque no cuentan con un documento migratorio que reconozca
su estatus de refugiados. Así la tragedia que pasa en México, pero aquí
no hay videos.
Nancy Flores
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