Tempestades sobre México
Devastación social y ambiental, racismo, corrupción, guerra permanente, arbitrariedad, violencia estructural… Así llega México a las elecciones. El fraude ya está en marcha. La violencia no se debe únicamente al narcotráfico, sino a la voracidad del gran capital. Y en el horizonte, la Revolución se ve lejos aún… pero la generación que la hará probablemente ya nació
México que hizo dos o tres
revoluciones en un siglo no tiene por qué temerle a una más; y la
próxima, si tendrá lugar, presentará, sin duda, un carácter excepcional,
porque esta vez tendrá que resolver problemas fundamentales
Antonin Artaud
En México, la dominación tiránica y la
explotación brutal coexisten desde siempre con una enorme riqueza de
luchas sociales, utopías y grandes movimientos de innovación cultural.
Se pueden citar, entre muchos ejemplos, las múltiples rebeliones
indígenas que marcan su historia y la creación del movimiento obrero,
impulsado por socialistas que, como Victor Considerant, Albert Owen y
Plotino Rhodakanaty, llegaron a México con la idea de crear un mundo
nuevo.
El Siglo XX, un siglo de revoluciones
traicionadas, comienza con las epopeyas campesinas de Villa y Zapata y
la utopía transnacional de Ricardo Flores Magón para terminar en 1994
con la rebelión indígena de Chiapas. A lo largo de ese tiempo, el país
fue cuna de movimientos culturales de gran calado y alcance universal,
como el muralismo y el normalismo rural. Fue, asimismo, el último
refugio de disidentes que huían de las dictaduras totalitarias: Otto
Rühle, Alice Gerstel, León Trotsky, Victor Serge, Vlady, Traven… Pero
también lo fue de soñadores y poetas malditos que, como Malcolm Lowry,
DH Lawrence, Artaud, y Jack Kerouac, entre tantos otros, buscaron aquí
el paraíso, aunque a veces encontraron el infierno. A partir de la
década de 1970, México se enriqueció con la llegada de los exiliados de
las dictaduras latinoamericanas: uruguayos, chilenos, brasileños,
colombianos, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños que trajeron
consigo nuevos saberes y el pálpito de sus pueblos martirizados.
Devastación social
¿Qué queda hoy de todo esto? No mucho.
Vivo en México desde finales de la década de 1970, y en más de 40 años
no he conocido peor momento. En 1935, Rosa E King, una mujer de negocios
de origen inglés, publicó en Estados Unidos el relato de sus
experiencias como testigo ocasional de la Revolución Mexicana en el
estado de Morelos. El título, Tempestad sobre México, evoca de
alguna manera la realidad actual. Hay, sin embargo, una enorme
diferencia. La tempestad que describe King es la de una revolución
social en ascenso para la cual –dicho sea de paso– la autora no
experimenta más que simpatía, a pesar de su condición burguesa. En la
actualidad, ninguna revolución está en el horizonte y sobre el país se
ciñen no una, sino varias tempestades, ninguna de la cuales acarrea
vientos de regeneración.
Veamos. México siempre ha sido un país
de grandes contrastes, de unos cuantos millonarios y de muchos pobres;
pero hoy, la polarización alcanza niveles insoportables. Integrada por
los propietarios y gerentes del capital trasnacional, la exigua clase
capitalista –¡apenas el l.1 por ciento de la población! – acumula una
riqueza equivalente a la del 95 por ciento de los mexicanos. Dos
terceras partes de los bienes y propiedades del país se encuentran en
manos del 10 por ciento de los habitantes. Recordemos que aquí hizo su
fortuna Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones, que vale
cerca de 55 mil millones de euros y figura a menudo como el hombre más
rico del mundo en la lista Forbes.
Quince mexicanos más la integran. Uno es
Germán Larrea, el señor del cobre, propietario de Grupo México, la
compañía minera responsable del mayor desastre ambiental en la historia
del país: el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los
ríos Bacanuchi y Sonora (2014) que causó la muerte de toda forma de
vida, además de que siete municipios de la región ya no tienen agua. ¿La
causa? Falta de mantenimiento de una máquina. Larrea es también dueño
de la mina de carbón Pasta de Conchos, donde el 19 de febrero de 2006
murieron 65 trabajadores por negligencia de la empresa.
Otro multimillonario, Alberto Baillères
–de Industrias Peñoles, la segunda minera más importante de México– es
responsable del envenenamiento por plomo, cadmio y arsénico de los
pobladores de la Comarca Lagunera en el norteño estado de Coahuila. La
mujer más acaudalada, María Asunción Aramburuzabala, heredera de la
legendaria cervecería Modelo, y la primera dama en ocupar un sitio en el
Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo
patrimonio alcanza “sólo” los 5 mil millones de euros, que invierte en
distintas actividades económicas: telecomunicaciones, biotecnología,
bienes raíces, educación…
Frente a la riqueza obscena, se yergue
una pobreza escandalosa que no ha cesado de crecer a partir de 1994,
cuando entró en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Se dijo, en ese momento, que
México pasaría rápidamente a formar parte del selecto club de los países
desarrollados. El gobierno privatizó todo lo que pudo: el petróleo, la
industria eléctrica y ahora también el agua (justo mientras la
Selección Mexicana le ganaba a Alemania en el Mundial de Futbol).
Realizó, a la par, una reforma laboral que carcome los pocos derechos
que los trabajadores habían conquistado en décadas de lucha, una reforma
educativa que culpa a los maestros del fracaso escolar y, más
recientemente, una Ley de Seguridad Interior cuyo único objetivo es
reprimir la protesta social.
Con el objetivo de favorecer las
empresas agroexportadoras, el gobierno renunció a implementar políticas
ambientales, con el resultado de que México es ahora de los peores
deforestadores y destructores de biodiversidad en el mundo; siembra, con
muy pocas restricciones, todo tipo de organismos transgénicos,
especialmente, aunque no exclusivamente, soya, algodón y, sobre todo,
maíz, del cual –hay que enfatizarlo– es el principal centro de origen.
La contaminación de origen petrolero siempre ha sido muy alta, pero la
reciente entrega de la industria extractiva a la iniciativa privada
amenaza con implantar aquí las peores prácticas contaminantes y
destructivas de las trasnacionales de la rama.
México pertenece ahora a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo el
salario mínimo actual de 88.36 pesos diarios (menos de cuatro euros al
cambio de 24 pesos) es uno de los más bajos del mundo, equivalente en
términos reales a la tercera parte de lo que valía en 1994. En un país
de 132 millones de habitantes, donde un litro de leche cuesta un
promedio de 18 pesos y 1 kilo de carne (de mala calidad) 150 pesos, 61.3
millones de personas viven –o, mejor dicho, sobreviven– con menos de 95
pesos diarios y de éstas las franjas más bajas con apenas 24.5 pesos.
La paradoja es que la virtual
cancelación del TLCAN por parte de Estados Unidos, lejos de mejorar este
terrible escenario, lo empeora. La economía mexicana depende en gran
parte del vecino del norte y al impulsar su guerra tarifaria y una mayor
protección del mercado interno estadunidense, Donald Trump está
ocasionando una crisis de la industria maquiladora de México. El
resultado es que después del desastre de la globalización, ahora viene
el cataclismo de la desglobalización que amenaza, entre otros, a los cientos de miles de trabajadores empleados en los sectores de exportación.
Hecatombes
La crisis no sólo es económica; es
también política, social y ambiental. La situación de los derechos
humanos es catastrófica. Hay un número sin precedentes de periodistas
asesinatos: 133 en 18 años (50 tan sólo en el actual gobierno de Enrique
Peña Nieto), lo cual hace de México el país más peligroso para ejercer
la profesión en América, y el segundo en el mundo después de Siria.
“¿Cuántos feminicidios más puede soportar México?”, titula el diario
español El País del 7 de marzo del año en curso. Las cifras son
de terror y no sólo en la tristemente famosa Ciudad Juárez. Cada día,
más de siete mujeres son víctimas de la violencia machista a nivel
nacional y 23 mil 800 lo han sido en el curso de los últimos 10 años, en
la mayoría de los casos sin que se haya hecho justicia.
Es indudable que la política de Donald
Trump hacia los migrantes, llamada de “tolerancia cero” –separar a los
niños de sus padres y criminalizar a cualquiera que cruce la frontera de
manera ilegal– es de corte xenófobo y fascista. Pero no está por demás
preguntarse qué pasa del otro lado. Mientras en el pasado México abría
sus puertas a miles de refugiados, los desplazados latinoamericanos,
caribeños, asiáticos y africanos que hoy cruzan el país con la esperanza
de alcanzar los Estados Unidos padecen el tiro cruzado de la
delincuencia organizada y de los agentes de migración.
Cada año, más de 800 mil personas
atraviesan el río Suchiate para emprender el arriesgado viaje hacia el
norte. En números gruesos, 600 mil logran la meta, 50 mil son deportadas
y 150 mil son secuestradas en el camino. De estas, una parte es
rescatada por sus allegados, pero entre 5 mil y 10 mil son víctimas de
muerte violenta. Las cifras precisas nadie las conoce porque los
familiares no se atreven a hacer denuncias por temor a represalias. ¿Más
datos? Una de cada seis mujeres migrantes es prostituida por los
cárteles criminales y en un sólo lugar, San Fernando, Tamaulipas, 72
personas fueron masacrados en 2010 y 193 en 2011.
Los atropellos a los derechos humanos y
las muertes violentas aumentan día tras día en todo el país. La tortura,
las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales son
prácticas corrientes de las llamadas fuerzas del orden, a menudo en
complicidad con los cárteles criminales. Veinticinco mil 339 personas
fueron asesinadas tan sólo en el curso de 2017 (la cifra más alta en dos
décadas) y 104 mil 64 desde 2007. Según Amnistía Internacional, hay más
de 34 mil desaparecidos; otros manejan cifras superiores a los 50 mil.
Les llaman “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico,
pero reflejan una realidad terrible si pensamos que a lo largo de la
década de 1970 del siglo pasado, en plena guerra sucia, el total de los
desaparecidos no llegó a 1 mil.
Dichas muertes, secuestros y
desapariciones forzadas carecen de motivos aparentes, ya que en muchos
casos las víctimas son ciudadanos inocentes. Pero resulta que criminales
y policías son a menudo la punta de lanza de empresas que buscan
apropiarse de materias primas, bosques, aguas y tierras. México tiene la mala suerte
de poseer enormes riquezas naturales. Además de contar con grandes
yacimientos de petróleo y gas natural, es el primer productor mundial de
plata, el undécimo de oro y el duodécimo de cobre; extrae también,
cantidades importantes de fluorita, carbón, bismuto, hierro, arsénico,
estaño, plomo, mercurio, manganeso, cadmio, antimonio…
La industria extractiva es un negocio
extremadamente jugoso que moviliza cantidades descomunales de capital y
deja utilidades anuales de unos 170 mil millones de euros. Poco o nada
de esta riqueza llega a los mexicanos de a pie quienes, en cambio,
padecen las consecuencias de la devastación ambiental. Una modalidad
especialmente tóxica es la minería a cielo abierto que está prohibida en
Europa, pero es cada vez más frecuente en México. Las empresas remueven
la superficie de la tierra usando grandes cantidades de explosivos y
extraen el mineral con tecnología basada en cianuro, una sustancia
química letal que produce altos impactos ecológicos. Emplean además
cantidades enormes de electricidad y agua que almacenan en lagunas que
permanecerán contaminadas durante siglos y que desde ya infectan los
mantos acuíferos, acabando con la biodiversidad y ocasionando
enfermedades terminales a la población aledaña.
Nada de lo anterior preocupa al gobierno
mexicano que ofrece a las mineras nacionales y extranjeras leyes a
modo, privilegios fiscales e inmensas extensiones de territorio: más de
50 millones de hectáreas en concesión, equivalentes a la cuarta parte
del territorio del país. De estas, al menos el 70 por ciento son para
explotaciones a cielo abierto, lo cual ha dado pie al surgimiento de
movimientos de resistencia, especialmente en las regiones indígenas. La
represión no se ha hecho esperar: en sólo un año, el 2016, fueron
asesinados 47 opositores a los proyectos mineros: especialmente en
Oaxaca, Guerrero Veracruz y Chihuahua.
Economía criminal
Las organizaciones criminales ya no se
dedican únicamente al narcotráfico, sino que diversificaron sus
actividades y son ahora parte de una extensa red de negocios legales e
ilegales que involucra lo mismo a funcionarios gubernamentales que
ejecutivos empresariales.
En Michoacán, uno de los estados más
destrozados por la criminalidad, los grupos delictivos obtienen sus
ganancias extorsionando a los productores de aguate y limón y vendiendo
protección a empresas como la multinacional Ternium –subsidiaria de la
italo-argentina Techint– que explota la mina de hierro más grande de
México. Iguala, Guerrero, la ciudad donde fueron desaparecidos los 43
estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el llamado “cinturón de oro”,
un auténtico El Dorado enclavado en una región de pobreza extrema. En
complicidad con Guerreros Unidos y los Rojos –los grupos delictivos que
están involucrados en la desaparición de los normalistas– las mineras
canadienses Goldcorp y Torex Gold extraen ahí cantidades fabulosas del
metálico: se dice que en 20 años se apropiaron de más oro que los
españoles durante 300 años de Colonia.
La conclusión es evidente: la violencia
que impera en el país no se debe únicamente al narcotráfico, que
ciertamente es un grave problema, pero no es el único. La violencia se
relaciona también con la voracidad del gran capital, una renovada y
siniestra versión de lo que Marx llamó acumulación originaria: el
despojo de los productores y la expropiación de los bienes comunes.
Habría que añadir que este tipo de
economía funciona porque la corrupción es endémica y empieza en la
Presidencia de la República expandiéndose hacia abajo en todos los poros
de la sociedad. Veinticuatro exgobernadores están envueltos en
diferentes escándalos; ocho de ellos se encuentran detenidos y dos están
prófugos. México es, junto a Rusia, el país peor evaluado de la
OCDE; en 2017, se ubicó en 29 puntos en el Índice de Percepción de la
Corrupción en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el peor país en
materia de corrupción y 100 es el mejor evaluado. Profundamente
corrupto, el grupo gobernante, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, se ha
hundido en profundidades de impopularidad y desprestigio, como pocas
veces se ha visto en la política mexicana.
El caso tal vez más emblemático es de la
“Casa Blanca”. En noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui
reveló que la primera dama, Angélica Rivera, había comprado una casa de
5.5 millones de euros a Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, un
contratista del gobierno, cercano a Peña. Poco después, se supo que el
entonces secretario de Hacienda y ahora de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, también había comprado una residencia millonaria a la
misma persona. Peña y Videgarary tuvieron que ofrecer “disculpas”, pero
salieron indemnes, mientras que Aristegui fue despedida de la televisora
en la cual trabajaba. En 2016, dicha periodista –que ahora dirige un
noticiero en línea– reveló que Peña Nieto plagió por lo menos las dos
terceras partes de su tesis de licenciatura, a lo cual el inefable
presidente contestó que se trataba de únicamente de “errores de estilo”.
Aunque sintomáticos de la impunidad de
que gozan los poderosos, los casos citados son poca cosa comparados con
la llamada “estafa maestra” que suma unos 170 millones de euros e
involucra 11 dependencias gubernamentales que desviaron dinero público a
través de 186 empresas (de las cuales 128 son fantasmas) a las
que otorgaron contratos irregulares. Y está por supuesto, el mayor
escándalo de corrupción global de la historia contemporánea, el de la
constructora brasileña Odebrecht que admite haber pagado sobornos
millonarios a funcionarios de 12 países para ganar contratos de obras
públicas. Varios presidentes temblaron. Y Pedro Pablo Kuczynski, de
Perú, tuvo que renunciar antes de ser sometido a un voto de destitución
en el Congreso. En México, en cambio, a pesar de que la constructora ya
reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a
funcionarios gubernamentales, la administración de Peña sigue intacta.
¿Alternativas?
México es hoy un concentrado de las
desgracias que agobian a la humanidad en el siglo XXI: la devastación
social y ambiental, el racismo, la corrupción, la guerra permanente, la
arbitrariedad, la violencia estructural… En este horizonte tempestuoso,
algunos apuestan a las elecciones presidenciales que se celebrarán el
domingo primero de julio. Lo primero que destaca es que esta ha sido la
campaña electoral más violenta de la historia: 112 candidatos de todos
los colores han sido asesinados en unos cuantos meses debido a la
presencia del crimen organizado. Decenas han optado por renunciar.
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy,
la candidata independiente postulada por el Congreso Nacional Indígena
(CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recorrió 30
estados llevando la palabra de las comunidades en resistencia a los
cuatro rincones del país. Juntó 281 mil 955 firmas, un número nada
despreciable considerando el momento político. No alcanzó, sin embargo
las 800 mil que se requerían para figurar en las boletas electorales y
no tendrá derecho a ser candidata a presidencial. ¿Cuál es el balance?
Si bien es cierto que Marichuy dio una lección de dignidad al
llevar a cabo una campaña de contenidos y no de descalificaciones, es
necesario recordar que en 2001 el EZLN movilizó 1 millón de personas tan
sólo en la plaza mayor de la capital.
El fracaso tiene diferentes
explicaciones. Está, en primer lugar, el desgaste natural de un
movimiento que ha ocupado la escena mediática durante casi un cuarto de
siglo y que ahora se encuentra en gran parte reducido a ser una
expresión local en el estado de Chiapas. Pero está también la política
errática del EZLN con respeto a las elecciones presidenciales: en 1994
llamó a votar por Cuauhtémoc Cárdenas; en 2001 ofreció el beneficio de
la duda al panista Vicente Fox; en 2006 y 2012 estigmatizó a los que
pretendían votar y se sumó a las campañas contra López Obrador. Desde un
punto de vista libertario, siempre habrá razones para no votar y puede
que en ocasiones las haya también para votar, pero lo cierto es que el
EZLN no ha sabido explicar el sentido de dichas piruetas. La notoria
ausencia de Marichuy, del CNI y del propio EZLN en el debate nacional después de que no lograron las firmas no les ayuda a salir del aislamiento.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el
candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de otros
partidos minúsculos (uno, el Partido Encuentro Social, declaradamente
homófobo y de derecha), tiene buenas probabilidades de ganar ya que gran
parte de las encuestas lo ubican unos 20 puntos por encima de sus
contrincantes: José Antonio Meade, del gobernante y desprestigiado
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que va en alianza con el
Partido Verde Ecologista –un partido que indigna a los verdaderos
ecologistas desde que nació en 1986–, y Ricardo Anaya, abanderado del
conservador Partido Acción Nacional (PAN), pero también del agonizante
Partido de la Revolución Democrática (PRD) que está al borde de la
desaparición.
¿Cómo definir a López Obrador? La
etiqueta de “populista” que le adjudica la derecha recalcitrante no
explica nada, pero difícilmente se le podría definir anticapitalista.
Pragmático le viene mejor, aunque es verdad que una parte de la clase
dominante lo sigue tildando de “peligro para México”. Expriísta,
experredista, exalcalde capitalino (2000-2005), dos veces candidato
(ésta es la tercera), en 2006 ganó las elecciones, pero la banda
presidencial se quedó con Felipe Calderón, del PAN, gracias a un fraude
descarado y en 2012 con Peña Nieto, gracias a la compra masiva de votos.
En la actualidad, AMLO ha suavizado su
discurso declarando que sólo pretende limar las aristas más filosas del
neoliberalismo y volver a implantar alguna forma de estado social.
Promete barrer el sistema mexicano de arriba para abajo, como las
escaleras, y asegura que al no ser él corrupto, el problema de la
corrupción quedará resuelto, lo cual es francamente poco creíble.
Asevera, además, que no todos los burgueses son deshonestos y que no es
lo mismo un capitalista corrupto que un capitalista “honrado” (¿existe
algo así?). Plantea, por tanto, una alianza con los sectores
progresistas de la burguesía.
Algunos de dichos burgueses
“progresistas” son conocidos exintegrantes de la “mafia del poder”, mote
con el cual López Obrador define al grupo de empresarios, banqueros y
políticos que le han cerrado el paso a la silla del águila.
Alfonso Romo, hoy coordinador del proyecto de nación de Morena, es
presidente de Grupo Pulsar, uno de los principales emporios
empresariales del país (medios de comunicación, telefonía, bienes
raíces, agronegocios y transgénicos) y tiene un pasado de activista del
Opus Dei. Esteban Moctezuma, propuesto como Secretario de Educación
Pública, es presidente de Fundación Azteca y fue Secretario de
Gobernación en 1995, cuando se desató la persecución contra los
neozapatistas. Víctor Manuel Villalobos, indicado como Secretario de
Agricultura, es un académico que en 2004 fue el arquitecto del llamado
TLC (tratado de libre comercio) de los transgénicos con Estados Unidos y
Canadá. La lista de conversos podría seguir, pero me limitaré a
mencionar tres más: los expanistas Gabriela Cuevas, Germán Martínez y
Manuel Espino, los últimos dos con un pasado de activistas de extrema
derecha.
Un hecho incontestable es que el
candidato de Morena logró dar la vuelta a su imagen mediática. Televisa y
TV Azteca, las empresas que en 2006 y 2012 instrumentaron las campañas anti-AMLO,
cambiaron radicalmente su postura. La primera es más bien neutral y la
segunda es indirectamente aliada de Morena, por el papel que juega en el
equipo de López Obrador, el ya mencionado Esteban Moctezuma, uno de sus
principales directivos. Antonio Solá, el estratega mediático que en
2006 lanzó la campaña: “López Obrador es un peligro para México”, ahora
afirma que la misma persona ya no peligrosa y será el próximo presidente
de México.
Si bien es claro que para una parte de
la oligarquía es una garantía contra la amenaza, siempre presente, del
incendio social, López Obrador no la tiene tan fácil. En mayo, el
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –que agrupa a un selecto grupo de
empresarios muy poderosos– publicó en distintos diarios de circulación
nacional “Así no”, un desplegado en respuesta a las declaraciones del
candidato morenista de “soltar al tigre” (léase: encabezar la protesta
social), en caso de que le vuelvan a hacer fraude. Algunas
organizaciones patronales como la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se
solidarizaron con el CMN, aunque admiten de mala gana que su candidato,
Meade, no tiene ninguna posibilidad de victoria. Carlos Slim, que es
crítico de Peña Nieto y anteriormente gustaba coquetear con López
Obrador, se distanció de él por tener intereses en las obras de
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.
Éste es uno de los cuestionados megaproyectos de Peña Nieto, al cual
López Obrador se opuso en un primer momento, para luego dar marcha
atrás.
En resumidas cuentas, a pesar de que el
candidato de Morena pactó con distintos sectores de la clase dominante,
es evidente que el PRI y sus aliados ya activaron la máquina del fraude.
Recordemos que este es un rasgo característico del sistema político
mexicano. En 1988, hubo fraude contra el entonces candidato Cuauhtémoc
Cárdenas, mientras que en 2006 y en 2012 lo hubo contra el propio López
Obrador. Puesto que en la actualidad, la manipulación electoral
difícilmente puede rebasar el 5 o 6 por ciento, todo depende del
diferencial de votos. Como sea, y gane quien gane, el próximo presidente
de México deberá hacerse cargo de una economía semidestruida y de un
Estado en descomposición, controlado por el gran capital extranjero y, a
escala de muchos estados, por la delincuencia organizada que forma
parte integrante del capital financiero internacional (Guillermo
Almeyra, La Jornada, 24 de junio).
No quiero concluir estas notas demasiado
esquemáticas con un mensaje desalentador. Así como México es uno de los
principales laboratorios del capitalismo más salvaje, también lo es de
valiosas resistencias. Los zapatistas siguen siendo un polo de
referencia y el movimiento organizado más poderoso del país, la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación –que agrupa a
varios cientos de miles de maestros especialmente en las regiones
indígenas– se mantiene vivo, a pesar de los múltiples intentos por
desarticularlo. Diseminados por la abigarrada geografía mexicana una
multitud de movimientos locales, comunidades, colectivos y frentes
luchan por la reconstrucción contra las compañías mineras, las
maquiladoras la devastación ambiental, la privatización de la educación…
Es verdad que la coyuntura es
desfavorable y no sólo en México; pero también los es que puede cambiar
en cualquier momento. Quiero citar el ejemplo luminoso de los niños
migrantes enjaulados que dieron un fuerte golpe a las políticas
xenófobas de Donald Trump: en unos cuantos días, ellos lograron lo que
no pudo hacer el Grupo de los Siete con los aranceles: obligaron al
presidente estadunidense a comerse sus palabras, firmar una orden de no
separación y, aunque éste no abandona sus intenciones persecutorias,
consiguieron el objetivo limitado, pero para ellos crucial, de estar con
sus padres (Hugo Aboites, La Jornada, 23 de junio). Esos niños
y sus amiguitos del otro lado de la frontera, serán los protagonistas
de la próxima revolución que, como vaticinó el poeta Antonin Artaud hace
más de 80 años, presentará, sin duda, un carácter excepcional, porque
esta vez tendrá que resolver problemas fundamentales.
Tlalpan, 24 de junio de 2018.
Claudio Albertani
Comentarios