Cuestionado gobierno chileno por manejo de conflicto social
lunes 19 de marzo de 2012
PL
Los partidos de la oposición chilena evalúan una posible acusación constitucional contra el gobierno por la incapacidad política que le atribuyen frente al conflicto social de la región de Aysén.
El conglomerado de partidos de la Concertación y el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria critican sobre todo la represión policial en Aysén y en particular la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra 22 trabajadores y dirigentes sociales participantes en diferentes acciones de protesta.
"Estamos pensando en evaluar fríamente una acusación constitucional a las autoridades responsables de este estrategia que es totalmente infértil y que sólo va cosechar más descontento y rabia de la población", afirmó la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá.
Con el propósito de analizar los pasos para encauzar ese recurso se prevé un encuentro este lunes entre los jefes de las bancadas opositoras, previo a una sesión especial del próximo miércoles en la Cámara de Diputados sobre el conflicto de Aysén, región ubicada en la Patagonia, a unos dos mil kilómetros de esta capital.
A juicio de Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile, la aplicación de la citada legislación contra los 22 aiseninos es una aberración política, jurídica y social.
En Aysén, enfatizó el también diputado chileno, nadie atentó contra ningún poder del Estado y lo que se busca por tanto es atemorizar, amenazar y escarmentar para evitar manifestaciones en otras regiones del país.
Ante la escalada de los acontecimientos en la Patagonia, el Partido del Socialismo Allendista llamó "a todas las organizaciones sociales y políticas de Chile y del exterior a solidarizar de cuantas maneras sea posible con los ciudadanos de Aysén tan gravemente reprimidos".
Los allendistas impugnaron que el Gobierno recurra a una normativa "que en su actual redacción es una ley de (Augusto) Pinochet de 1975". Ese instrumento, señalaron en declaración pública, retrotrae a Chile a períodos de generalizada represión y violación a los derechos humanos.
Fuente
PL
Los partidos de la oposición chilena evalúan una posible acusación constitucional contra el gobierno por la incapacidad política que le atribuyen frente al conflicto social de la región de Aysén.
El conglomerado de partidos de la Concertación y el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria critican sobre todo la represión policial en Aysén y en particular la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra 22 trabajadores y dirigentes sociales participantes en diferentes acciones de protesta.
"Estamos pensando en evaluar fríamente una acusación constitucional a las autoridades responsables de este estrategia que es totalmente infértil y que sólo va cosechar más descontento y rabia de la población", afirmó la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá.
Con el propósito de analizar los pasos para encauzar ese recurso se prevé un encuentro este lunes entre los jefes de las bancadas opositoras, previo a una sesión especial del próximo miércoles en la Cámara de Diputados sobre el conflicto de Aysén, región ubicada en la Patagonia, a unos dos mil kilómetros de esta capital.
A juicio de Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile, la aplicación de la citada legislación contra los 22 aiseninos es una aberración política, jurídica y social.
En Aysén, enfatizó el también diputado chileno, nadie atentó contra ningún poder del Estado y lo que se busca por tanto es atemorizar, amenazar y escarmentar para evitar manifestaciones en otras regiones del país.
Ante la escalada de los acontecimientos en la Patagonia, el Partido del Socialismo Allendista llamó "a todas las organizaciones sociales y políticas de Chile y del exterior a solidarizar de cuantas maneras sea posible con los ciudadanos de Aysén tan gravemente reprimidos".
Los allendistas impugnaron que el Gobierno recurra a una normativa "que en su actual redacción es una ley de (Augusto) Pinochet de 1975". Ese instrumento, señalaron en declaración pública, retrotrae a Chile a períodos de generalizada represión y violación a los derechos humanos.
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