México: Credibilidad, guerra y elecciones
viernes 2 de marzo de 2012
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
A cinco años y tres meses de que arrancó la entonces bautizada como guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un despliegue mediático que no se compadece de la realidad, del dolor y los costos nacionales, el general de cinco estrellas lanzó un nuevo grito de alerta: sigue siendo la principal amenaza para la democracia y sus instituciones.
Seguramente no le faltan razones a Felipe Calderón para emitir tal advertencia ante la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, y por su conducto a todas las fuerzas política, los agentes económicos y sociales.
El problema mayor es de credibilidad, pues por un lado la vomitiva propaganda presidencial que divulga el duopolio de la televisión -el mismo que denuncia por medio de sus intelectuales orgánicos y conductores al monopolio de la telefonía- y el duopolio de la radio, asegura que “el gobierno del presidente de la república” obtiene grandes resultados en materia de seguridad pública, “siembra la semilla de un México más seguro”, como si durante siglos gobernantes y gobernados se hicieron tontos hasta que llegó el mesías michoacano; y por el otro en el discurso no sólo emite una severa advertencia sobre los peligros para la jornada del 1 de julio, sino expresa sin ambages preocupación por el repunte del secuestro, cuya cifra negra persiste, claro que enseguida procede como Pilatos y atribuye el problema “a la permanencia de los elementos que reprobaron el examen de confianza en las unidades destinadas a combatirlo.
Y acaso le asiste la razón al abogado, economista y administrador público, sobre todo si nos atenemos a los datos brindados por Marisela Morales Ibáñez, la procuradora que confundió la sesión en Palacio Nacional con un concurso de maquillaje: De los mil 311 elementos de las Unidades Antisecuestros que han sido reclutados en los estados, sólo 86 por ciento (mil 129) ha sido evaluado. De ellos, 961 funcionarios fueron aprobados y 168 reprobaron los exámenes de confianza. Aún están pendientes 182 evaluaciones.
Tan dramático es el retraso en la depuración del ámbito policiaco que Calderón Hinojosa reconoció el “riesgo de no llegar a la meta prevista para enero de 2013, toda vez que ahora hay sólo un avance de 23 por ciento”. Son los costos que ahora paga la sociedad por imponer en forma autocrática una guerra sin los mínimos preparativos que el más común de los sentidos recomienda. Y, por el contrario, privilegió la enorme necesidad de legitimarse en la Presidencia tras la elección más controvertida en la historia de México.
No resulta ociosa la pregunta: ¿Puede alguien como Felipe Calderón, señalado justa o injustamente por muchos millones de ciudadanos como el principal beneficiario de las prácticas electorales delincuenciales, combatir al crimen organizado? Es interrogante, conste, pero el tiempo político transcurrido brinda mortíferas respuestas.
Una batalla de tal magnitud, indispensable como pocas pero con estrategias multilaterales y consensos anchos y profundos, difícilmente puede llevarse a buen puerto en confrontación lamentable con el Congreso, como lo hace el titular del Ejecutivo por conducto de su aliado Alejandro Martí, quien habló “a nombre de la sociedad civil”; menos aún jugando con la camiseta de promotor político de la señora Mota, organizándole encuestas (mientras GEA-ISA y Ciro Gómez Leyva repiten impúdicamente el numerito de 2006), con recursos públicos y en horario de trabajo. Y al día siguiente como si nada salir en el Zócalo con el inaceptable “¡Mamá soy Felipito, no haré travesuras!” y más tarde encerrarse en Los Pinos con Pedro Joaquín Coldwell y negociar vaya usted a saber qué.
Fuente
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
A cinco años y tres meses de que arrancó la entonces bautizada como guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con un despliegue mediático que no se compadece de la realidad, del dolor y los costos nacionales, el general de cinco estrellas lanzó un nuevo grito de alerta: sigue siendo la principal amenaza para la democracia y sus instituciones.
Seguramente no le faltan razones a Felipe Calderón para emitir tal advertencia ante la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, y por su conducto a todas las fuerzas política, los agentes económicos y sociales.
El problema mayor es de credibilidad, pues por un lado la vomitiva propaganda presidencial que divulga el duopolio de la televisión -el mismo que denuncia por medio de sus intelectuales orgánicos y conductores al monopolio de la telefonía- y el duopolio de la radio, asegura que “el gobierno del presidente de la república” obtiene grandes resultados en materia de seguridad pública, “siembra la semilla de un México más seguro”, como si durante siglos gobernantes y gobernados se hicieron tontos hasta que llegó el mesías michoacano; y por el otro en el discurso no sólo emite una severa advertencia sobre los peligros para la jornada del 1 de julio, sino expresa sin ambages preocupación por el repunte del secuestro, cuya cifra negra persiste, claro que enseguida procede como Pilatos y atribuye el problema “a la permanencia de los elementos que reprobaron el examen de confianza en las unidades destinadas a combatirlo.
Y acaso le asiste la razón al abogado, economista y administrador público, sobre todo si nos atenemos a los datos brindados por Marisela Morales Ibáñez, la procuradora que confundió la sesión en Palacio Nacional con un concurso de maquillaje: De los mil 311 elementos de las Unidades Antisecuestros que han sido reclutados en los estados, sólo 86 por ciento (mil 129) ha sido evaluado. De ellos, 961 funcionarios fueron aprobados y 168 reprobaron los exámenes de confianza. Aún están pendientes 182 evaluaciones.
Tan dramático es el retraso en la depuración del ámbito policiaco que Calderón Hinojosa reconoció el “riesgo de no llegar a la meta prevista para enero de 2013, toda vez que ahora hay sólo un avance de 23 por ciento”. Son los costos que ahora paga la sociedad por imponer en forma autocrática una guerra sin los mínimos preparativos que el más común de los sentidos recomienda. Y, por el contrario, privilegió la enorme necesidad de legitimarse en la Presidencia tras la elección más controvertida en la historia de México.
No resulta ociosa la pregunta: ¿Puede alguien como Felipe Calderón, señalado justa o injustamente por muchos millones de ciudadanos como el principal beneficiario de las prácticas electorales delincuenciales, combatir al crimen organizado? Es interrogante, conste, pero el tiempo político transcurrido brinda mortíferas respuestas.
Una batalla de tal magnitud, indispensable como pocas pero con estrategias multilaterales y consensos anchos y profundos, difícilmente puede llevarse a buen puerto en confrontación lamentable con el Congreso, como lo hace el titular del Ejecutivo por conducto de su aliado Alejandro Martí, quien habló “a nombre de la sociedad civil”; menos aún jugando con la camiseta de promotor político de la señora Mota, organizándole encuestas (mientras GEA-ISA y Ciro Gómez Leyva repiten impúdicamente el numerito de 2006), con recursos públicos y en horario de trabajo. Y al día siguiente como si nada salir en el Zócalo con el inaceptable “¡Mamá soy Felipito, no haré travesuras!” y más tarde encerrarse en Los Pinos con Pedro Joaquín Coldwell y negociar vaya usted a saber qué.
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