La expropiación de YPF y los debates habilitados

lunes 23 de abril de 2012 Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info) El pasado lunes 16/04/2012 la presidente Cristina Fernández anunció la expropiación del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado, distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales petroleros con 25%. Se asegura así el control estatal de la gestión de la empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (un tercio aproximadamente). Conviene aclarar, que en el anuncio presidencial se manifestó que no se trata de una estatización. Que la forma jurídica continua siendo una sociedad anónima, con capital abierto a inversores locales o externos. De hecho, Repsol continúa con tenencias de capital por el 6%, el Grupo Petersen (familia Eskenazi, de origen local) seguirá con poco más del 25%, transformándose en el segundo inversor detrás del Estado nacional. De hecho, la propiedad quedará del siguiente modo: con el 26,03% el Estado nacional; con el 25,46% el Grupo Petersen; con el 24,99% los Estados provinciales; con el 6,43% Repsol y un remanente del 17,09% de circulación vía bolsas. Junto a la presentación del proyecto de expropiación en trámite parlamentario, se decidió la intervención de la empresa, desplazando a la actual gestión con un equipo de funcionarios del poder ejecutivo que incluye al Ministro de Planificación, al Vice ministro de Economía y al Secretario de Energía. Apoyos y críticas La medida generó hasta ahora un amplio apoyo en el sistema político y en ámbito sociales, con las lógicas críticas de un arco opositor en una perspectiva de “derecha” y privatista por principios ideológicos; y una airada respuesta del gobierno español, que intenta tapar su propia crisis identificando a la transnacional petrolera con los intereses de España. Esa misma posición fue asumida por la mayoría del parlamento europeo, con la excepción de verdes y rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los indignados y la izquierda española y europea se manifestaron en solidaridad con las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y las manifestaciones de sus Estados. Uno de los argumentos principales de la crítica ideológica alude a la “seguridad jurídica” de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales internacionales, caso del CIADI. El país queda así condicionado por el chantaje de la institucionalidad neoliberal suscripta en los 90´, sean los tratados bilaterales de inversión, o la adhesión al CIADI. Son varios los países que denunciaron su pertenencia al ámbito litigioso del Banco mundial, tal como ocurrió con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en tiempo perentorio. Está previsto un Comité de gestión compartido entre el Estado nacional y los Estados provinciales, lo que habilitó la demanda de otras provincias no petroleras para receptar los beneficios de la producción. Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa. Más allá de los apoyos y críticas a la cuestión esencial: la expropiación parcial, se abrió un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes se discute el porqué se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%. En ese sentido también se considera que no alcanza con la estatización como propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la socialización, involucrando en la gestión de la empresa a los trabajadores y a la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energía. No solo se analiza la cuantía del capital, sino también si corresponde o no la indemnización, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de Tasación. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la valuación de las acciones en el mercado bursátil. Son valores mediados por el daño ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideración de la inversión originaria y la nula reinversión, especialmente con el hecho verificado de la remisión de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por la YPF. Política energética en discusión Un aspecto central para el presente y el futuro es la política energética, ya que la expropiación supone la crítica a lo acontecido en las últimas dos décadas. No solo se trata de baja de la producción de YPF, sino que es una situación que involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos. En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante el 2011, más del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012. El balance sobre la política energética es negativo y no solo se adjudica a la cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia del poder ejecutivo en el directorio (avalando la gestión), sino desde todos los ámbitos de contralor, sean nacionales o provinciales. La intervención ya habilitó conversaciones con otras petroleras para asociarse en el aumento de la producción. Es quizá una señal de continuidad en la gestión favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera. El camino a transitar tiene que privilegiar una auditoría a fondo, sobre la gestión y la producción, para en ese camino transitar nuevos rumbos, aprovechando el carácter excedentario de YPF para una reinversión productiva y considerar la utilización de otros recursos propios del Estado, lo que supone una amplia discusión en dos sentidos. Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse. ¿Hay que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que favorece la dependencia tecnológica, productiva, económica y financiera? ¿Es posible otro destino para los hidrocarburos? En ese sentido, puede pensarse otra inserción productiva mundial del país, pensando en la soberanía energética ampliada a nuestramérica, integrando esfuerzos económicos y tecnológicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure soberanía alimentaria y se sostenga desde la soberanía financiera. Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial. Con la expropiación parcial de YPF son diversos los aspectos que se involucran en el debate nacional y mundial. La respuesta neocolonial o imperialista proveniente de España y de Europa da cuenta que no existen temas específicamente nacionales, y que el debate confluye recurrentemente a la discusión del orden mundial. Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor de posgrado sobre Economía Política en diversas Universidades de Argentina y América Latina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fuente