Wikileaks en La Jornada - Tratos sigilosos

Julian Assange y el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, participaron ayer en una videoconferenciaFoto Xinhua

Roberto González Amador y Miriam Posada García

 

Periódico La Jornada
Viernes 20 de junio de 2014, p. 2

Un acuerdo para abrir al capital privado trasnacional la prestación de servicios médicos, de salud, telecomunicaciones y financieros es negociado por un grupo de 50 países, entre ellos México, sin que exista discusión nacional acerca de un tema que afecta directamente la forma en que se prestan bienes sociales.

Se trata del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que comenzó a ser negociado a inicios de 2012 bajo el impulso del gobierno de Estados Unidos.
El TISA se suma a una creciente sopa de letras de acuerdos de liberalización comercial y de inversiones.
En este caso, la negociación se centra específicamente en el comercio de servicios que ahora son, en buena medida y quizá sólo con excepción de los financieros, provistos por el sector público, según la red Internacional de Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), organización con sede en París, Francia, que ha buscado documentar el contenido del acuerdo.
El TISA se encuentra entre la alarmante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión basados en poderes jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las medidas gubernamentales en una amplia gama de ámbitos no sólo incidentalmente relacionados con el comercio, dice la PSI.

Intereses corporativos

Una muestra la ofrece un borrador de la negociación, relacionado con la liberalización de servicios financieros, actualizado a abril de este año. El documento fue entregado a La Jornada por Wikileaks, organización dirigida por Julian Assange.

El borrador señala que, en relación con la prestación de servicios financieros, un Estado firmante del acuerdo debe otorgar trato nacional a una compañía extranjera que también participe en el TISA, además de que los países se comprometen a eliminar o reducir las presencias monopólicas en sus respectivos mercados.
Cada país debe asegurarse de que los prestadores de servicios financieros de cualquier otro país (firmante del TISA) establecido en su territorio tenga trato de nación más favorecida y trato (como si fuera empresa) nacional en cuanto a la adquisición o compra de empresas de servicios financieros en su territorio, de acuerdo con el borrador obtenido por Wikileaks.

Increíblemente, tras la crisis financiera mundial, el TISA también pretende desregular aún más los mercados financieros. Sabemos que los grandes intereses corporativos están fuertemente implicados en las negociaciones de TISA, mencionó PSI.

Agua, medicina, educación, energía...

Las naciones involucradas en la negociación de TISA son: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y Turquía, así como la Unión Europea, que representa a 28 estados.

Este conjunto de países realiza dos terceras partes del comercio mundial, y más de 90 por ciento del valor de esas transacciones corresponde al intercambio de de servicios comerciales de las naciones desarrolladas.
A diferencia de otros acuerdos comerciales, el TISA se centra en una categoría amplia que incluye, de acuerdo con la PSI, los siguientes:
Servicios transfronterizos como telemedicina, educación a distancia o apuestas por Internet. Consumo en el extranjero en áreas como turismo o turismo médico.
Inversión extranjera directa: como el establecimiento de una sucursal de un banco en otro país o el suministro de agua o servicios de energía por una empresa multinacional.
Movimiento temporal de personas: como cuando enfermeras, empleados del hogar o ejecutivos de empresas viajan al extranjero con carácter temporal para prestar servicios.
Supongamos, por ejemplo, que un gobierno del TISA aplicara, incluso con carácter temporal o experimental, un sistema de seguros privado para los servicios de salud cubiertos anteriormente por un sistema público. En ausencia de una reserva que excluyera explícitamente el sector de seguros de salud de un país, este gobierno o cualquiera futuro no podría devolver estos servicios a un sistema público sin violar el TISA, ejemplificó la PSI.

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