Bolivia: revés electoral a Evo
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Evo Morales, presidente de Bolivia. Foto: AP |
LA PAZ (apro).- De la satisfacción nacida en la victoria a la
decepción gestada por la derrota: el presidente de Bolivia, Evo
Morales, ha cambiado de un ánimo a otro en apenas 168 días, los que
separaron las elecciones generales del 12 de octubre de 2014 y las
elecciones para alcaldes y gobernadores del pasado 29 de marzo, que
reconfiguraron el poder político del país.
“Nos hemos ganado la confianza de todos los bolivianos”, dijo Morales el año pasado, exultante, al celebrar su triunfo con 61.3% de los votos, lo que además permitió a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), contar con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa y la libertad de aprobar cualquier norma sin el concurso de la oposición.
“Lamento mucho que en La Paz hayamos perdido las elecciones”, afirmó con un gesto de pesadumbre Morales el pasado 30 de marzo, un día después de las elecciones, aludiendo a la derrota más significativa de su partido, la que se registró en el departamento de La Paz, que, sin embargo, no fue la única.
Bolivia está divida en nueve departamentos (La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando), en los que el domingo 29 de marzo se votó para elegir gobernadores y también alcaldes de las capitales departamentales, así como de El Alto (la segunda ciudad más poblada del país después de Santa Cruz) y otros 329 municipios.
Los resultados explicaron la pesadumbre de Morales: la oposición triunfó en las alcaldías de siete de las nueve capitales departamentales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Trinidad y Cobija), además de El Alto, y ganó en tres gobernaciones: La Paz (sede de gobierno), Santa Cruz (el motor económico de Bolivia) y Tarija (generadora del principal producto de exportación del país, el gas natural).
Cuatro gobernaciones se quedaron para el MAS (Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando), mientras en la de Chuquisaca, donde también ganó el oficialismo, deberá recurrirse a una segunda vuelta electoral porque la victoria no fue superiores al 50% más uno de los votos o con una diferencia de 10% del primero al segundo lugar, como determina la norma electoral. Se estimaba que ello también podría ocurrir en El Beni. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (jueves 2) aún no concluía el cómputo de los votos en ese departamento.
En comparación a las anteriores elecciones de gobernadores y alcaldes, realizadas en el 2010 –llamadas también subnacionales–, el MAS bajó además su número de votos en 8 gobernaciones (sólo mejoró en Pando) y en ocho de las 10 alcaldías más importantes del país (subió el apoyo mínimamente en La Paz y significativamente en Trinidad, capital de Beni).
“El MAS otra vez se ha ratificado como el partido más grande de la historia en las elecciones”, aseguró Morales, aunque para los analistas este diagnóstico se trata de una verdad a medias: evidentemente el MAS ganó en la mayoría de las 339 alcaldías del país, pero en las que perdió habitan más de la mitad de los 10 millones de habitantes de Bolivia.
“Por supuesto que perdió”, dijo el experto en temas electorales Armando Ortuño, para quien “el único consuelo es que (Evo) seguirá siendo el más grande del barrio en medio de una heteróclita colección de opositores”.
Triunfador en las elecciones de 2005 (53.7%), 2009 (64.2%) y 2014 (61%), Morales no tiene aún rivales de peso que puedan disputarle la presidencia del Estado, y al concluir su actual gestión, el 2020, se habrá convertido en el mandatario que por más tiempo ha gobernado Bolivia a lo largo de su historia, con 14 años de gestión ininterrumpidos (2006-2020).
Morales, según sus declaraciones, tenía la confianza de ampliar esa hegemonía en las gobernaciones y alcaldías, pero el resultado de las recientes elecciones marcó nuevas fronteras políticas. Éstas aún no ponen en riesgo el liderazgo nacional del MAS y de su líder, pero obligan a oficialistas y opositores a entender el mensaje de los electores.
El intento de desentrañar las causas de la reciente derrota política del MAS en varias regiones de Bolivia encuentra respuestas en tres variables, según los analistas: el rechazo del elector al poder total, la confianza en nuevos liderazgos y la crítica a la ausencia de independencia en los poderes del Estado, visualizada en la que se considera como una “parcializada” conducta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el organismo responsable de organizar los procesos electorales.
El mensaje de las urnas
“Está claro que las elecciones subnacionales no son iguales ni tienen las mismas valencias de las elecciones generales, pero algo dicen del pensamiento de la gente. Y lo que dicen es que no se mira bien el exceso de concentración del poder, ni se acatan de buen agrado los mensajes centralistas del gobierno”, explica el analista político Carlos Toranzo.
La pérdida de la gobernación de La Paz y de la alcaldía de El Alto para el MAS parecerían dar la razón a Toranzo. Ambas estuvieron siempre bajo el control del oficialismo desde que el 2006 se inauguró el gobierno de Morales y eran consideradas sus “plazas fuertes”.
El Alto fue el estandarte más simbólico de Morales, ya que en esa ciudad germinó el movimiento político que logró echar del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y abrió el camino para que dos años después el MAS triunfara en las elecciones e inaugurara un nuevo ciclo que, mediante una Asamblea Constituyente, transformó la Constitución y fundó el Estado Plurinacional de Bolivia.
En esa ciudad el gobierno construyó un teleférico que la vincula con La Paz, a un costo de 234 millones de dólares, inaugurado a mediados de 2014. Con esta mega-obra como telón de fondo, el MAS postuló sin éxito al alcalde de El Alto, Edgar Patana, a la reelección. Soledad Chapetón, candidata de Unidad Nacional (UN) ganó con 55%, mientras Patana obtuvo 31%.
Para la gobernación de La Paz, en tanto, el MAS seleccionó como candidato a una mujer indígena, Felipa Huanca, que obtuvo apenas 18% de los votos frente a 52% logrado por Félix Patzi, candidato de la agrupación Solidaridad y Libertad (SOL.bo). La alcaldía de La Paz también fue ganada por un candidato de SOL.bo, Luis Revilla, con 59% frente a 38% del candidato del MAS, Guillermo Mendoza, lo que le permitió al primero asegurarse la reelección.
Antes de las elecciones, como una forma de presión al electorado, Morales había advertido que no trabajaría con los candidatos opositores que resulten electos. “¿Cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? Si quieren más obras, acá está Edgar Patana; si quieren más obras, acá está Felipa Huanca”, señaló.
A la pérdida de La Paz y El Alto se sumó la ratificación del predominio opositor en las gobernaciones y alcaldías de Santa Cruz y Tarija.
“Los resultados de las urnas muestran cómo buena parte de la población apostó porque no haya un poder absoluto –el del MAS- sino que advirtió la necesidad de generar pesos y contrapesos en los niveles departamental y municipal. La Paz y Santa Cruz, los dos centros neurálgicos del país, poseen ahora gobernadores y alcaldes de ciudad capital de la oposición. Eso no es poca cosa, es un trauma para el poder central”, evalúa Toranzo.
El papel del árbitro
Otro de los elementos que impactó el proceso electoral fue la inhabilitación de la opositora Unidad Demócrata (UD) y sus 228 candidatos en el departamento del Beni, apenas nueve días antes de las elecciones subnacionales, sacando de carrera al opositor Ernesto Suárez, candidato a gobernador, quién según las encuestas se perfilaba como ganador de los comicios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) retiró la personería jurídica a UD, inhabilitando a todos sus candidatos, debido a que esa fuerza política difundió el 2 de marzo resultados de una encuesta no autorizada, que le otorgaba la victoria.
El organismo electoral respaldó su decisión en el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.
La normativa y la sanción fueron consideradas como “excesivas” por la oposición e incluso por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, mientras el MAS sostuvo que el TSE únicamente se limitó a aprobar la norma.
La inhabilitación de UD generó una situación inédita para un proceso electoral: la papeleta electoral para la gobernación de Beni ya se encontraba impresa y, según el TSE, era imposible reimprimirla 9 días antes de las elecciones, retirando el nombre y la fotografía de Suárez.
Entonces, Suárez, el candidato inhabilitado, acordó con otro candidato a gobernador por la agrupación NACER, Willy Mae, que este renunciara a su postulación, para inscribir como nuevo candidato por esa sigla (NACER) a otro postulante, Carlos Dellien.
Con estos cambios, el elector de Beni votó en una papeleta electoral en la que dos de los candidatos que allí figuraban (Suárez y Mae) no participaban (uno por inhabilitación y otro por renuncia), mientras otro, Dellien, ni siquiera aparecía, aunque quienes querían votar por él debían marcar la casilla de la agrupación NACER (donde estaba la foto de Mae).
Con este enredado panorama para el elector, la victoria en la gobernación del Beni correspondió al MAS y a su candidato, Alex Ferrier, aunque con una diferencia menor a 10 puntos respecto a Dellien, por lo que ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta electoral, esta vez con una papeleta que sí incluirá el nombre y fotografía de candidatos reales.
La confusión generada por este caso no se quedó en la simple anécdota, ya que la decisión del TSE fue interpretada como una grave anomalía, salpicada de intereses políticos, pese a estar justificada legalmente.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un informe oficial, lamentó la inhabilitación de los 228 candidatos de UD.
“La misión lamenta la cancelación de la personería jurídica de una alianza política en el departamento del Beni. La misión considera importante que se promueva un debate político y legislativo, a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución”, expresó en un comunicado.
A estas observaciones se sumó el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, quién declaró a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que trabajó en numerosos procesos electorales de varios países, “pero nunca he visto semejantes situaciones”, en alusión a la inhabilitación de UD.
“En los países con mayor seguridad jurídica no se permite que a último minuto se saque del proceso (a candidaturas), y la situación en Bolivia es que en muchos casos una persona puede votar por una foto y un nombre, y en realidad se está votando por otro candidato, y es una situación bastante inédita”, expresó Racicot.
Y mientras las protestas de Suárez por su inhabilitación fueron consideradas como “lloriqueos” por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, algunos analistas vislumbraron consecuencias más complejas.
“Después de usurpar funciones legislativas, al excluir a candidatos opositores que fueron legisladores, el TSE aplicó ciega y unilateralmente la cancelación de personería a quienes publicaron una encuesta, cerrando los ojos ante la misma infracción cometida por el MAS y calló en todos los idiomas ante un delito electoral y democrático mayúsculo, cual es la intimidación de millones de electores, amenazados con el corte de recursos públicos si apoyaban a opositores”, expresó Roger Cortes Hurtado, Director e Investigador del Instituto Alternativo.
Un enfoque similar tiene el analista Iván Arias Durán, para el que “el TSE ha llegado al tope de su incompetencia y credibilidad. Urge cambiar la ley electoral, cambiar a los miembros de este órgano y buscar su autonomía e independencia de las injerencias políticas, que han terminado de minar en su confiabilidad y respetabilidad.
Hoy la ciudadanía ha visto estupefacta cómo las inhabilitaciones e impugnaciones se han convertido en una herramienta para destruir a siglas y candidatos.
“Nunca antes en la historia electoral, de hace más de 30 años, habíamos tenido algo parecido a lo que ocurrió con Beni. Las inhabilitaciones se han convertido en chacota electoral”, expresa Durán.
Luces de alarma
La victoria de la oposición en las ciudades y regiones más importantes del país ha encendido luces de alarma en el gobierno de Evo Morales, aunque varios de sus representantes creen que con las próximas elecciones aún distantes (deberán cumplirse el 2019), no hay motivos de inquietud.
El fuerte liderazgo de Morales, la inexistencia de un opositor que hoy sea capaz de hacerle frente, el control del poder legislativo y la condescendencia del poder judicial, más una economía en crecimiento que proporciona una sensación de bienestar, hacen difícil pensar en que un jaque al MAS esté cerca.
“La suma de victorias regionales no configura, ni augura –por sí y automáticamente– una victoria nacional del mosaico opositor. Después de estas elecciones todavía existe un solo partido de alcance nacional (el MAS)”, sostiene Cortes.
Su comentario está respaldado por el hecho de que fueron 11 distintos partidos opositores los que triunfaron en las principales alcaldías y gobernaciones, incapaces de aglutinarse en un solo frente político.
Pero existen señales importantes que modifican el panorama político: ahí está, por ejemplo, el surgimiento de jóvenes liderazgos opositores en La Paz, El Alto, Cochabamba y Tarija con posibilidades de fuerte proyección; el estupor nacional e internacional ante un Tribunal Electoral que se percibe como parcializado, y la evidencia de que el MAS es vulnerable y perecedero, como lo demuestran sus derrotas en La Paz y El Alto.
“Desde hoy empieza la carrera al 2019. El régimen, bajo el pretexto de cambiar la justicia, buscará cambiar la Constitución para que se abra la reelección indefinida. La oposición, por su parte, tendrá que buscar su rearticulación en función de un pro Bolivia en base a los nuevos liderazgos, tarea que fue muy difícil hasta ahora”, dice el analista Iván Arias.
Las nuevas autoridades electas (gobernadores y alcaldes) asumirán funciones el próximo mes de junio. A partir de entonces, se inaugurará también un renovado tiempo político en Bolivia.
Fuente
“Nos hemos ganado la confianza de todos los bolivianos”, dijo Morales el año pasado, exultante, al celebrar su triunfo con 61.3% de los votos, lo que además permitió a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), contar con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa y la libertad de aprobar cualquier norma sin el concurso de la oposición.
“Lamento mucho que en La Paz hayamos perdido las elecciones”, afirmó con un gesto de pesadumbre Morales el pasado 30 de marzo, un día después de las elecciones, aludiendo a la derrota más significativa de su partido, la que se registró en el departamento de La Paz, que, sin embargo, no fue la única.
Bolivia está divida en nueve departamentos (La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando), en los que el domingo 29 de marzo se votó para elegir gobernadores y también alcaldes de las capitales departamentales, así como de El Alto (la segunda ciudad más poblada del país después de Santa Cruz) y otros 329 municipios.
Los resultados explicaron la pesadumbre de Morales: la oposición triunfó en las alcaldías de siete de las nueve capitales departamentales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Trinidad y Cobija), además de El Alto, y ganó en tres gobernaciones: La Paz (sede de gobierno), Santa Cruz (el motor económico de Bolivia) y Tarija (generadora del principal producto de exportación del país, el gas natural).
Cuatro gobernaciones se quedaron para el MAS (Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando), mientras en la de Chuquisaca, donde también ganó el oficialismo, deberá recurrirse a una segunda vuelta electoral porque la victoria no fue superiores al 50% más uno de los votos o con una diferencia de 10% del primero al segundo lugar, como determina la norma electoral. Se estimaba que ello también podría ocurrir en El Beni. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición (jueves 2) aún no concluía el cómputo de los votos en ese departamento.
En comparación a las anteriores elecciones de gobernadores y alcaldes, realizadas en el 2010 –llamadas también subnacionales–, el MAS bajó además su número de votos en 8 gobernaciones (sólo mejoró en Pando) y en ocho de las 10 alcaldías más importantes del país (subió el apoyo mínimamente en La Paz y significativamente en Trinidad, capital de Beni).
“El MAS otra vez se ha ratificado como el partido más grande de la historia en las elecciones”, aseguró Morales, aunque para los analistas este diagnóstico se trata de una verdad a medias: evidentemente el MAS ganó en la mayoría de las 339 alcaldías del país, pero en las que perdió habitan más de la mitad de los 10 millones de habitantes de Bolivia.
“Por supuesto que perdió”, dijo el experto en temas electorales Armando Ortuño, para quien “el único consuelo es que (Evo) seguirá siendo el más grande del barrio en medio de una heteróclita colección de opositores”.
Triunfador en las elecciones de 2005 (53.7%), 2009 (64.2%) y 2014 (61%), Morales no tiene aún rivales de peso que puedan disputarle la presidencia del Estado, y al concluir su actual gestión, el 2020, se habrá convertido en el mandatario que por más tiempo ha gobernado Bolivia a lo largo de su historia, con 14 años de gestión ininterrumpidos (2006-2020).
Morales, según sus declaraciones, tenía la confianza de ampliar esa hegemonía en las gobernaciones y alcaldías, pero el resultado de las recientes elecciones marcó nuevas fronteras políticas. Éstas aún no ponen en riesgo el liderazgo nacional del MAS y de su líder, pero obligan a oficialistas y opositores a entender el mensaje de los electores.
El intento de desentrañar las causas de la reciente derrota política del MAS en varias regiones de Bolivia encuentra respuestas en tres variables, según los analistas: el rechazo del elector al poder total, la confianza en nuevos liderazgos y la crítica a la ausencia de independencia en los poderes del Estado, visualizada en la que se considera como una “parcializada” conducta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el organismo responsable de organizar los procesos electorales.
El mensaje de las urnas
“Está claro que las elecciones subnacionales no son iguales ni tienen las mismas valencias de las elecciones generales, pero algo dicen del pensamiento de la gente. Y lo que dicen es que no se mira bien el exceso de concentración del poder, ni se acatan de buen agrado los mensajes centralistas del gobierno”, explica el analista político Carlos Toranzo.
La pérdida de la gobernación de La Paz y de la alcaldía de El Alto para el MAS parecerían dar la razón a Toranzo. Ambas estuvieron siempre bajo el control del oficialismo desde que el 2006 se inauguró el gobierno de Morales y eran consideradas sus “plazas fuertes”.
El Alto fue el estandarte más simbólico de Morales, ya que en esa ciudad germinó el movimiento político que logró echar del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y abrió el camino para que dos años después el MAS triunfara en las elecciones e inaugurara un nuevo ciclo que, mediante una Asamblea Constituyente, transformó la Constitución y fundó el Estado Plurinacional de Bolivia.
En esa ciudad el gobierno construyó un teleférico que la vincula con La Paz, a un costo de 234 millones de dólares, inaugurado a mediados de 2014. Con esta mega-obra como telón de fondo, el MAS postuló sin éxito al alcalde de El Alto, Edgar Patana, a la reelección. Soledad Chapetón, candidata de Unidad Nacional (UN) ganó con 55%, mientras Patana obtuvo 31%.
Para la gobernación de La Paz, en tanto, el MAS seleccionó como candidato a una mujer indígena, Felipa Huanca, que obtuvo apenas 18% de los votos frente a 52% logrado por Félix Patzi, candidato de la agrupación Solidaridad y Libertad (SOL.bo). La alcaldía de La Paz también fue ganada por un candidato de SOL.bo, Luis Revilla, con 59% frente a 38% del candidato del MAS, Guillermo Mendoza, lo que le permitió al primero asegurarse la reelección.
Antes de las elecciones, como una forma de presión al electorado, Morales había advertido que no trabajaría con los candidatos opositores que resulten electos. “¿Cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? Si quieren más obras, acá está Edgar Patana; si quieren más obras, acá está Felipa Huanca”, señaló.
A la pérdida de La Paz y El Alto se sumó la ratificación del predominio opositor en las gobernaciones y alcaldías de Santa Cruz y Tarija.
“Los resultados de las urnas muestran cómo buena parte de la población apostó porque no haya un poder absoluto –el del MAS- sino que advirtió la necesidad de generar pesos y contrapesos en los niveles departamental y municipal. La Paz y Santa Cruz, los dos centros neurálgicos del país, poseen ahora gobernadores y alcaldes de ciudad capital de la oposición. Eso no es poca cosa, es un trauma para el poder central”, evalúa Toranzo.
El papel del árbitro
Otro de los elementos que impactó el proceso electoral fue la inhabilitación de la opositora Unidad Demócrata (UD) y sus 228 candidatos en el departamento del Beni, apenas nueve días antes de las elecciones subnacionales, sacando de carrera al opositor Ernesto Suárez, candidato a gobernador, quién según las encuestas se perfilaba como ganador de los comicios.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) retiró la personería jurídica a UD, inhabilitando a todos sus candidatos, debido a que esa fuerza política difundió el 2 de marzo resultados de una encuesta no autorizada, que le otorgaba la victoria.
El organismo electoral respaldó su decisión en el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.
La normativa y la sanción fueron consideradas como “excesivas” por la oposición e incluso por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, mientras el MAS sostuvo que el TSE únicamente se limitó a aprobar la norma.
La inhabilitación de UD generó una situación inédita para un proceso electoral: la papeleta electoral para la gobernación de Beni ya se encontraba impresa y, según el TSE, era imposible reimprimirla 9 días antes de las elecciones, retirando el nombre y la fotografía de Suárez.
Entonces, Suárez, el candidato inhabilitado, acordó con otro candidato a gobernador por la agrupación NACER, Willy Mae, que este renunciara a su postulación, para inscribir como nuevo candidato por esa sigla (NACER) a otro postulante, Carlos Dellien.
Con estos cambios, el elector de Beni votó en una papeleta electoral en la que dos de los candidatos que allí figuraban (Suárez y Mae) no participaban (uno por inhabilitación y otro por renuncia), mientras otro, Dellien, ni siquiera aparecía, aunque quienes querían votar por él debían marcar la casilla de la agrupación NACER (donde estaba la foto de Mae).
Con este enredado panorama para el elector, la victoria en la gobernación del Beni correspondió al MAS y a su candidato, Alex Ferrier, aunque con una diferencia menor a 10 puntos respecto a Dellien, por lo que ambos deberán enfrentarse en una segunda vuelta electoral, esta vez con una papeleta que sí incluirá el nombre y fotografía de candidatos reales.
La confusión generada por este caso no se quedó en la simple anécdota, ya que la decisión del TSE fue interpretada como una grave anomalía, salpicada de intereses políticos, pese a estar justificada legalmente.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un informe oficial, lamentó la inhabilitación de los 228 candidatos de UD.
“La misión lamenta la cancelación de la personería jurídica de una alianza política en el departamento del Beni. La misión considera importante que se promueva un debate político y legislativo, a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución”, expresó en un comunicado.
A estas observaciones se sumó el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, quién declaró a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que trabajó en numerosos procesos electorales de varios países, “pero nunca he visto semejantes situaciones”, en alusión a la inhabilitación de UD.
“En los países con mayor seguridad jurídica no se permite que a último minuto se saque del proceso (a candidaturas), y la situación en Bolivia es que en muchos casos una persona puede votar por una foto y un nombre, y en realidad se está votando por otro candidato, y es una situación bastante inédita”, expresó Racicot.
Y mientras las protestas de Suárez por su inhabilitación fueron consideradas como “lloriqueos” por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, algunos analistas vislumbraron consecuencias más complejas.
“Después de usurpar funciones legislativas, al excluir a candidatos opositores que fueron legisladores, el TSE aplicó ciega y unilateralmente la cancelación de personería a quienes publicaron una encuesta, cerrando los ojos ante la misma infracción cometida por el MAS y calló en todos los idiomas ante un delito electoral y democrático mayúsculo, cual es la intimidación de millones de electores, amenazados con el corte de recursos públicos si apoyaban a opositores”, expresó Roger Cortes Hurtado, Director e Investigador del Instituto Alternativo.
Un enfoque similar tiene el analista Iván Arias Durán, para el que “el TSE ha llegado al tope de su incompetencia y credibilidad. Urge cambiar la ley electoral, cambiar a los miembros de este órgano y buscar su autonomía e independencia de las injerencias políticas, que han terminado de minar en su confiabilidad y respetabilidad.
Hoy la ciudadanía ha visto estupefacta cómo las inhabilitaciones e impugnaciones se han convertido en una herramienta para destruir a siglas y candidatos.
“Nunca antes en la historia electoral, de hace más de 30 años, habíamos tenido algo parecido a lo que ocurrió con Beni. Las inhabilitaciones se han convertido en chacota electoral”, expresa Durán.
Luces de alarma
La victoria de la oposición en las ciudades y regiones más importantes del país ha encendido luces de alarma en el gobierno de Evo Morales, aunque varios de sus representantes creen que con las próximas elecciones aún distantes (deberán cumplirse el 2019), no hay motivos de inquietud.
El fuerte liderazgo de Morales, la inexistencia de un opositor que hoy sea capaz de hacerle frente, el control del poder legislativo y la condescendencia del poder judicial, más una economía en crecimiento que proporciona una sensación de bienestar, hacen difícil pensar en que un jaque al MAS esté cerca.
“La suma de victorias regionales no configura, ni augura –por sí y automáticamente– una victoria nacional del mosaico opositor. Después de estas elecciones todavía existe un solo partido de alcance nacional (el MAS)”, sostiene Cortes.
Su comentario está respaldado por el hecho de que fueron 11 distintos partidos opositores los que triunfaron en las principales alcaldías y gobernaciones, incapaces de aglutinarse en un solo frente político.
Pero existen señales importantes que modifican el panorama político: ahí está, por ejemplo, el surgimiento de jóvenes liderazgos opositores en La Paz, El Alto, Cochabamba y Tarija con posibilidades de fuerte proyección; el estupor nacional e internacional ante un Tribunal Electoral que se percibe como parcializado, y la evidencia de que el MAS es vulnerable y perecedero, como lo demuestran sus derrotas en La Paz y El Alto.
“Desde hoy empieza la carrera al 2019. El régimen, bajo el pretexto de cambiar la justicia, buscará cambiar la Constitución para que se abra la reelección indefinida. La oposición, por su parte, tendrá que buscar su rearticulación en función de un pro Bolivia en base a los nuevos liderazgos, tarea que fue muy difícil hasta ahora”, dice el analista Iván Arias.
Las nuevas autoridades electas (gobernadores y alcaldes) asumirán funciones el próximo mes de junio. A partir de entonces, se inaugurará también un renovado tiempo político en Bolivia.
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