La reciente deuda histórica del Congreso

CONTRALÍNEA

 

13. septiembre, 2015 Autor: Martin Esparza  

Al estudiar las responsabilidades de los legisladores en su obra La Política, el filósofo griego Aristóteles estableció que “el primer deber del hombre de Estado consiste en conocer la Constitución”, tesis que debe mover a esta imprescindible reflexión a quienes en México forman parte de un Congreso de la Unión, donde la mayoría de sus integrantes desconocen los fundamentos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su sentido de igualdad y justicia social. Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que algunos ni siquiera la han consultado en su vida.

La proposición aristotélica señala, por tanto, que si la función principal de los legisladores es la producción de leyes, éstas en consecuencia deben ajustarse a la Constitución vigente, por lo que es indispensable conocerla o al menos tener una noción básica de su contenido. Y nos preguntamos: ¿cuántos de los ahora exdiputados de la LXII Legislatura que aprobaron las reformas estructurales y toda la gama de leyes secundarias, en conjunción con los senadores, habían estudiado lo referente a nuestra ley fundamental?

Resulta evidente que antes de ejercer cualquier facultad en la producción legislativa, los representantes populares deben cumplir con el deber de conocer la Constitución, pero lamentablemente no sucede así. Para algunos estudiosos de la Carta Magna, como el extinto Ignacio Burgoa Orihuela, los congresistas tienen la alta responsabilidad de salvaguardar los derechos sociales dando lugar, mediante la expedición de leyes justas, a una relación jurídica entre las clases sociales que carecen del poder económico y grupos de situación precaria y las castas poseedoras de la riqueza, por lo que el papel del Estado es velar por “el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para impedir los abusos o para anular los actos contrarios a las normas”.

Los exlegisladores tienen así una gran deuda histórica con una sociedad cuyos intereses y derechos debían salvaguardar con base en el respeto de los preceptos constitucionales y a los que con la mayor de las ligerezas anularon. Si las reformas no avanzan es porque su contenido carece de elementos apegados a la realidad nacional; es decir, que los congresistas mexicanos ni siquiera se enteraron a detalle lo que estaban aprobando, incurriendo en una grave omisión ante sus propios electores y ante la nación en su conjunto que les demandó escuchar las voces y opiniones de los diversos sectores de la sociedad, ignorando sus legítimas exigencias.

Pero tal responsabilidad histórica también es extensiva a los congresos locales, donde, como en el caso de las legislaturas de Querétaro y Veracruz, en sólo 10 minutos aprobaron reformas de la importancia y trascendencia como la energética, cuyo borrador ni siquiera fue hojeado por la mayoría de sus diputados locales.

En las actuales circunstancias de analfabetismo parlamentario valga recordar por ello los fundamentos históricos que dieron origen a nuestra actual Carga Magna, teóricamente engendrada por una Revolución que surgió para atenuar la precaria situación en que vivían las clases campesinas y obreras, así como la dependencia del país a los designios del naciente imperialismo al que tanto cobijó el régimen autoritario de Porfirio Díaz.

De ese movimiento armado nació un proyecto que buscó amalgamar en leyes más justas y acordes a los postulados revolucionarios como tierra y libertad, jornada laboral de 8 horas, derecho a huelga y un salario justo, con una ideología nacionalista cuya característica sustancial fue la de constituir un Estado asistencial o de bienestar, en torno al cual giraron todos los programas que surgieron posteriores a la lucha armada; un Estado que proporcionara a los desvalidos del espectro social una serie de satisfactores, pero que además interviniera en la vida económica para constituir un motor de desarrollo y transformación económica del país. Todo esto, bajo el fundamento legal de la Constitución de 1917.

¿Lo aprobado en la recién concluida legislatura tomó en cuenta estos antecedentes históricos y sociales? Por supuesto que no. Y en un avasallamiento a la Constitución, imprimió al contenido de las leyes secundarias –como las de la reforma energética– un retroceso a las conquistas sociales, consintiendo, como uno de tantos ejemplos, la expropiación de tierras a comunidades indígenas y campesinas donde, a criterio de los inversionistas extranjeros, puedan desarrollarse proyectos de este sector.

De igual forma, autorizó a las ahora llamadas empresas productivas del Estado –Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad– modificar contratos colectivos con su contraparte sindical, restando derechos de jubilación y otras prestaciones a sus trabajadores.

Es indudable que los nuevos legisladores reciben como herencia una verdadera bomba de tiempo, porque las leyes aprobadas con tal imprudencia por quienes les antecedieron provocarán situaciones adversas al desarrollo nacional. Y de no ser enmendadas se convertirán en un verdadero lastre para la propia economía.

Valga entonces invocar nuevamente el razonamiento aristotélico y preguntarnos si como sucedió con sus predecesores, los nuevos diputados que arribaron a San Lázaro también carecen de los conocimientos básicos de nuestra Constitución. De ser así, valdría la pena que los ciudadanos hicieran valer su facultad de proponer iniciativas para presentar un proyecto de ley que obligue a los congresistas a tomar un curso obligatorio en este sentido para que conozcan los alcances reales de sus decisiones parlamentarias y sus obligaciones con la sociedad y el país.

Por ser de su absoluta competencia, los integrantes de la recién desempacada LXIII Legislatura deberán explicar a los mexicanos las causas que están originando la actual problemática nacional y proponer soluciones en el corto plazo y, de ser necesario, asumir la obligación de restablecer el marco constitucional que se tenía antes de la aprobación de las reformas estructurales y sus leyes secundarias, pues no hay duda que el Congreso de la Unión tiene una deuda histórica con el país que debe saldar en lo inmediato.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas