Una “verdad histórica” a base de intimidación y falsedades
12 de septiembre de 2015
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Una cruz que recuerda a los normalistas en Iguala, Guerrero. Foto: AP / Rebecca Blackwell |
La “verdad histórica” del
caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador
Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron
incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en
párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de
datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los
testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles
hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito
militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno federal hizo cuadrar
los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó
como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que
incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43
normalistas.
Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes.
Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que
distintas dependencias estatales y federales también entregaron a
periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron
evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército
por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de
Infantería en los hechos de Iguala.
Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas
encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores
(cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los
expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de
un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no
hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones
de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las
ropas halladas en esos vehículos, entre otras.
Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados
del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao
Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero
municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su
testimonio apareció en la página de internet de Proceso
el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día
23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber
sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando
razones de seguridad.
“Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano
puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no
subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a
declarar.
Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el
día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se
percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho
extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el
basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche
del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna.
Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la
cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los
normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un
testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión:
en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que
narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de
usar el basurero.
Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar
esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una
segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su
madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se
decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo:
“No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”.
Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días
después de la publicación de su testimonio, personal de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados
municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles
comida.
Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso
y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO
les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras”
iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de
Guerreros Unidos.
Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes.
A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido
desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue
entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que
en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo.
Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)
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