Del 68 a Ayotzinapa
Se encubre el origen de sus demandas
Martín Esparza Flores
Al cumplirse 47 años de la matanza
estudiantil de Tlatelolco, registrada el 2 de octubre de 1968 durante el
gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, las condiciones adversas a que
se enfrentaron los jóvenes de ayer no son muy diferentes a las que hoy
prevalecen en el escenario nacional y que obligan a miles de estudiantes
a luchar contra inercias autoritarias del pasado que buscan
criminalizar a los movimientos sociales como el de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos hace un año, en la ciudad de Iguala,
Guerrero.
Es inconcebible que a casi medio siglo,
los gobiernos en turno insistan en anteponer el uso de la fuerza pública
al diálogo y la razón; el sanguinario gobierno de Díaz Ordaz, temeroso
de que el conflicto estudiantil afectara la realización de los Juegos
Olímpicos, no dudó en utilizar a las fuerzas castrenses para acallar un
reclamo que sobrepasó el ámbito de las universidades, como el
Politécnico y la UNAM, para salir a las calles y permear a toda la
sociedad: obreros, amas de casa, estudiantes de escuelas privadas,
empleados; es decir, toda la ciudadanía se unió a su lucha y a sus
justas demandas entre las que destacaban: libertad a los presos
políticos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal
Federal, que amparaban el delito de disolución social y sirvieron de
instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes y para
encarcelar a infinidad de luchadores sociales; desaparición del Cuerpo
de Granaderos; destitución de los jefes policiacos; indemnización a los
familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto;
deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de
los hechos sangrientos.
Tras la matanza del 2 de octubre, y
buscando resarcir su imagen política, el viejo régimen aceptó derogar el
delito de disolución social pero nunca indemnizó a las víctimas ni
castigó a los culpables y menos disolvió los cuerpos de represión
policial. Hoy que los medios alineados al Estado buscan desvirtuar la
lucha de los normalistas de Ayotzinapa, bajo el supuesto de su relación
con grupos del crimen organizado, ocultan alevosamente no sólo la
realidad precaria que priva desde hace años tanto en la Normal Rural,
Raúl Isidro Burgos, como en el resto de los 16 planteles de esa
naturaleza en el país, condenadas por el neoliberalismo a desaparecer en
el olvido y la inanición.
En una actitud de bajeza humana se pide a los padres de los estudiantes desaparecidos que ya superen
la pérdida de sus hijos, pero se encubre por todos los medios el origen
de sus demandas que los ha llevado a realizar marchas, mítines y cierre
de carreteras, y del cual son directamente responsables las autoridades
educativas que han olvidado la esencia de las normales rurales que
nacieron en el siglo pasado.
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