Los acreedores españoles de Abengoa México si van a cobrar, los mexicanos no, alerta Banco Base
El pasado 2 de agosto, Abengoa México informó que había sido notificada sobre la demanda de concurso mercantil involuntario iniciada hace unos meses por Banco Base, entidad que está tratando de cobrar 230 millones de pesos correspondientes a 17 emisiones de certificados bursátiles realizadas por Abengoa México, de los cuales Banco Base era titular en un porcentaje mayoritario. Dentro de este proceso, explica el abogado, se embargó a Abengoa México todo el patrimonio de la sociedad, como cuentas de cheques y bienes inmuebles.
Cuando fue notificada sobre la demanda, la filial mexicana de la compañía especializada en la generación de energía y biocombustibles declaró que dicha medida “por ningún motivo” significaba que hubiera sido declarada en concurso mercantil, liquidación o quiebra, dado que aún no se había dictado sentencia definitiva por parte de la autoridad.
Al embargar sus cuentas bancarias, Banco Base se dio cuenta de que “sólo una de ellas tenía fondos, por alrededor de 300 mil pesos”, dijo Guerra. “Nos dimos cuenta de que Abengoa no tenía liquidez para continuar en México con sus operaciones”.
MEDIDAS CAUTELARES
Al interponer la demanda, Banco Base trata de establecer ante la autoridad que la falta de liquidez de Abengoa México para hacer frente a sus compromismos de deuda y por ello deber ser sometida a concurso mercantil involuntario, es decir a declararse en bancarrota o insolvencia y para el posterior reclamo de sus acreedores sobre sus derechos conforme a las reglas que establece la ley. Una vez iniciado este proceso, la compañía tiene prohibido operar hasta que se resuelva el caso. En concreto no puede hacer pagos de obligaciones vencidas, realizar transferencias de recursos o establecer pactos con sus acreedores. Este proceso culminará tras el análisis por parte del visitador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) de la contabilidad de la empresa y la posterior sentencia por parte de la juez que lleva el caso.
“La situación se genera porque Abengoa España está también en un proceso de concurso que allá se llama de preconcurso de acreedores, en la que está ofreciendo un convenio a sus acreedores que tiene que ser aprobado antes de octubre y para el cual están consiguiendo los votos. Ese preconcurso todavía no está autorizado por el juez de España”. Son acreedores distintos a los acreedores de Abengoa México.
Abengoa España, continúa el abogado, tenía una tesorería centralizada, esto quiere decir que el dinero resultante de todas las emisiones de bonos que se hicieron aquí en México, por cerca de 3 mil millones de pesos, fue enviado a España. “Por eso evidentemente Abengoa México se quedó sin dinero”, dijo Guerra. “Hoy por hoy allá en España están pretendiendo llevar a cabo la venta de diversos bienes acá en México sin tomar en consideración las medidas cautelares que dictó el juez”, por lo que si llevan a cabo esa operación estarían violando una orden judicial y estarían incurriendo en un delito.
“Aquí el tema principal es que los que van a cobrar son los acreedores españoles pero los mexicanos no, porque allá es donde van a querer hacer todo, cuando acá los señores han incumplido en las 17 emisiones de bonos en donde se encuentra incluso el Infonavit como inversor”.
UN ACUERDO PENDIENTE
Y es que a principios del mes de agosto, Abengoa (España) dijo estar por alcanzar un acuerdo con sus acreedores e inversionistas en aquel país para evitar la quiebra. En declaraciones a Eleconomista.es, la firma aseguró que se encontraba afinando “detalles mínimos” para un plan que requeriría que el 75% de sus acreedores diera el visto bueno, para la posterior aprobación del juez que lleva el proceso de preconcurso y de la junta de accionistas. El plan alcanzaría a recabar 1,200 millones de euros, de los que el grupo recibirá 475 millones de nueva liquidez, mientras que 515 millones corresponden a los créditos concedidos en los últimos meses, y el resto se iría al pago de comisiones e intereses.
En un primer momento trascendió que 220 millones de euros de ese nuevo dinero recibido estarían reservados para poder terminar su proyecto estrella, el tercer tren de la planta de cogeneración de energía denominada A3T en Nuevo Pemex, Tabasco. No obstante, el pasado 17 de agosto, durante una presentación a ante inversionistas en España, la empresa informó que vendería la central de cogeneración y esperaba obtener de esta operación unos 900 millones de euros (unos 14 millones de dólares), recursos que podrían utilizarse para la reorganización de Abengoa. El acuerdo aún no termina de concretarse.
Adicionalmente, los fondos de inversión que aportarían el dinero a Abengoa ya se han apresurado a activar el proyecto de construcción del acueducto El Zapotillo, una obra de 140 kilómetros para el abastecimiento de agua en León, Guanajuato. La concesión del contrato para la construcción de este acueducto se firmó en 2011 y debía terminarse en un plazo de 3 años, pero la Comisión Nacional del Agua ha realizado varias modificaciones al título de concesión para la ampliación del plazo, pese a que esto encarece el costo del proyecto. El pasado 30 de agosto Abengoa emitió un comunicado informando el inicio de las obras para el macrocircuito del acueducto.
De acuerdo con Guerra, el hecho de que este proyecto siga en pie se explica “con el manejo de la tesorería concentrada en España, cuando ese dinero fue sacado de México con las 17 emisiones de certificados”. El dinero, continúa el abogado “lo mandan vía una tercera persona que no sea Abengoa México y con ese dinero continúan haciendo las operaciones, que son fraudulentas y podrían ser castigadas dentro del procedimiento concursal”.
El hecho de que la matriz de Abengoa llegue a un acuerdo para un plan de reestructuración utilizando activos de su filial mexicana, explica Guerra “tendría un efecto nulo en México; es decir, estarían imposibilitados para llevarlo a cabo e incurrirían en responsabilidades los administradores o las personas que firmaran los actos que están prohibidos por el juez, sería un delito directo”, concluyó.
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