Denuncia el fiscal general de Brasil a Temer por corrupción

Michel Temer, presidente de Brasil, durante un acto en el Palacio de Planalto. Según un informe que presentó ayer la Policía Federal, el gobernante es sospechoso de obstrucción de la justicia en un probable esquema de organización criminalFoto Ap

Afp y Reuters

Periódico La Jornada
Martes 27 de junio de 2017, p. 19

Brasilia.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció este lunes al presidente Michel Temer por corrupción pasiva, convirtiéndolo así en el primer mandatario en la historia del país en ser formalmente inculpado por ese ilícito.
Entre marzo y abril de 2017, con voluntad libre y consciente, el presidente de la república, Michel Miguel Temer Lulia, valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo, recibió para sí una ventaja indebida de 500 mil reales (150 mil dólares) de uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, indica el pedido de acusación difundido por el Supremo Tribunal Federal.
La mediación se habría efectuado por conducto del entonces diputado y estrecho ex asesor del mandatario Rodrigo Rocha Loures, actualmente en prisión.
La denuncia abre un proceso ante la Suprema Corte que podría llegar a apartar a Temer del cargo, a poco más de un año de que asumió el poder tras el impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff.
Sin embargo, la denuncia debe ser validada antes por dos tercios de la Cámara de Diputados, donde el mandatario conservador tiene una mayoría que podría salvarlo.
Janot tiene de plazo hasta este martes para presentar más denuncias dentro de las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción de la justicia contra el mandatario conservador.
Poco antes, la Policía Federal entregó un informe que señala a Temer de ser sospechoso de obstrucción de la justicia, en el contexto de un probable esquema de organización criminal.
La presidencia de la república indicó a corresponsales en Brasil que el mandatario no se pronunciaría en breve sobre el caso.
Rocha Loures fue filmado en marzo anterior cargando una maleta que contenía 500 mil reales, según delaciones de ex ejecutivos de JBS, que correspondían al pago de sobornos para favorecer a la compañía.
El traspaso habría sido acordado durante una conversación entre Temer y Joesey Batista, quien la grabó secretamente para entregarla a la justicia, en el contexto de un acuerdo de delación premiada.

La narrativa de los hechos señala la práctica del crimen de corrupción en coautoría, plantea el pedido de acusación. Precisa que se trataría de corrupción pasiva.
Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir nuevo presidente en 30 días para completar el mandato, que terminará a finales de 2018.
Horas antes, una corte sentenció a 12 años de cárcel al ex ministro de Hacienda Antonio Palocci por cargos de corrupción y lavado de dinero, como parte de las pesquisas sobre sobornos de la operación Lavado rápido, que investiga la trama de corrupción en Petrobras.
El fallo, dictado por el juez Sergio Moro, aumenta la presión sobre Palocci, quien se desempeñó como ministro de Hacienda del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y jefe de gabinete de Dilma Rousseff, para que alcance un acuerdo con los fiscales en un intento por reducir su condena.
Se espera que un acuerdo será anunciado en septiembre, cuando el fiscal general dejará el cargo y será remplazado por alguien que será nombrado por Temer.
Palocci ha ofrecido proporcionar detalles sobre el esquema de sobornos, lo que podría mermar las aspiraciones de Lula de competir en las elecciones de 2018.
Por lo pronto, un sondeo publicado por Folha de Sao Paulo vaticina que Lula empataría con Marina Silva en una segunda vuelta de las presidenciales.
El sondeo, elaborado por Datafolha, consulta a votantes sobre ocho combinaciones de 12 candidatos posibles en una primera vuelta. Lula ganaría en todos los escenarios, con 30 por ciento de apoyo, pese a los procesos en su contra por corrupción. Tanto Lula como Silva, ex senadora que quedó en tercer lugar en las dos anteriores elecciones presidenciales, obtendrían 40 por ciento en una segunda vuelta.

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