Puebla: matan a hija de líder de ambulantes

Meztli Sarabia Reyna, hija del activista Rubén Sarabia Sánchez, fue asesinada ayer en las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, ubicadas en el mercado Hidalgo, en la ciudad de Puebla Foto Ángel Flores / La Jornada de Oriente

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Viernes 30 de junio de 2017, p. 26

Puebla, Pue.

Cuatro sicarios asesinaron ayer a la comerciante Meztli Sarabia Reyna, de 39 años de edad, hija del fundador y asesor general de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. El grupo armado también hirió en la cabeza al vendedor Pablo Alfredo Barrientos, informó Tonatiuh Sarabia, hermano de la víctima y abogado de la organización.
Alrededor de las 11 horas los agresores, con el rostro cubierto, irrumpieron en las oficinas de la agrupación, en el mercado Hidalgo. Preguntaron por la hija de Simitrio; ella se identificó y le dieron un tiro en el abdomen y otro en la nuca.
Junto al cuerpo de la mujer, quien dejó en la orfandad a tres menores de edad, fue dejado un cartel con el siguiente mensaje: “Esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú, Simitrio, y los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.
Tonatiuh Sarabia reveló que los pistoleros sacaron de las oficinas papelería de la organización y un maletín con información sobre las acciones que realizaría para exigir la liberación de sus cinco integrantes presos de conciencia.
Tras el levantamiento del cadáver, Tonatiuh Sarabia reveló que durante las diligencias fue encontrada en la oficina de la organización una credencial vigente de un militar.
Al mediodía, en una marcha que los comerciantes efectuaron a Casa Aguayo –sede de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano– para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato, un militar se infiltró. Portaba arma de fuego y una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por la tarde, una comisión de comerciantes encabezada por el abogado se reuniría en la Ciudad de México con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para demandar su intervención y el esclarecimiento del asesinato.
En entrevista, Tonatiuh dijo que el crimen fue planeado y ejecutado con precisión quirúrgica y que los asesinos utilizaron armas con silenciador.
El litigante sostuvo que el crimen y la amenaza a su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria, es un crimen de Estado, de importancia política, y no un conflicto entre organizaciones de comerciantes, como lo quiere hacer ver la autoridad. Dijo que exigirán que se refuerce la seguridad de Simitrio para evitar un segundo atentado.

Indagan supuesto narcomenudeo

La Fiscalía de Puebla ofreció una rueda de prensa para informar que una de las líneas de investigación del crimen tiene que ver con la venta de drogas al menudeo.

El fiscal de Investigación Metropolitana, Gustavo Huerta, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, defendieron al gobierno del estado y negaron que el asesinato tenga algún móvil político.
Tonatiuh Sarabia reclamó a la fiscalía que no informara acerca de la credencial de la Sedena encontrada en el lugar donde fue asesinada su hermana. Asimismo, advirtió que la UPVA no permitirá la detención de chivos expiatorios y demandará que se esclarezca el asesinato.
En la Ciudad de México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y otras organizaciones no gubernamentales condenaron el homicidio de la activista Meztli Sarabia Reyna y llamaron a las autoridades a garantizar de inmediato la seguridad e integridad física y sicológica de los familiares de la víctima e integrantes de la UPVA 28 de Octubre. También demandaron una investigación exhaustiva e imparcial, que los resultados se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenó el asesinato y, en un comunicado, exigió al gobierno federal castigar a los culpables. Lo mismo hicieron la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Esta última demandó además al gobernador panista Antonio Gali detener el acoso sistemático a los activistas, emprendido por su antecesor, Rafael Moreno Valle.
(Con información de Emir Olivares, Laura Poy, Carolina Gómez y Alma Muñoz)

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