EL ROBO DE COMBUSTIBLES A PEMEX: NEGOCIO MILLONARIO

Miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG),
Estudiante del Doctorado de Economía de la UNAM,
programa Frecuencia Laboral del 09 de junio de 2018,
En los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el robo de hidrocarburos, ya sea gasolina, diésel u otro tipo de combustible, incluso petróleo crudo. Este tipo de práctica, comúnmente conocida como “huachicoleo” tiene una cara visible, que son las personas que extraen y llenan tambos en camionetas y los que venden el combustible a bajo costo, 9 a 13 pesos según el lugar donde se compre. La otra cara invisible tiene que ver con actos de corrupción dentro de PEMEX, con políticos de alto nivel y el narcotráfico que ya está inmerso en el robo de combustible.
Alarmante robo de combustible en los últimos dos sexenios
Cuando inició el sexenio de Felipe Calderón las tomas clandestinas registradas por PEMEX eran poco más de 300, para 2010 las pasaron a ser 600 y en 2011 llegaron a registrarse 1, 261 tomas clandestinas. El crecimiento de tomas fue de más de 400% en estos años. Es difícil hacer el cálculo de la cantidad de combustible robado, pues PEMEX no aporta estos datos, únicamente la cantidad de tomas que llega a registrar.
Cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2012 las tomas clandestinas llegaron a dos mil. Un año después del inicio del sexenio de Peña Nieto se llevaron a cabo las reformas estructurales, entre las cuales se encontraba la reforma Energética, la madre de todas las reformas, con la cual se abrió el sector energético del país y se permitió la entrada del capital internacional y grupos de empresarios nacionales. Sin embargo resulta necesario hablar sobre los datos del robo de combustible pues son alarmantes por su crecimiento desde la aprobación de la reforma. En 2013 las tomas ilegales registradas por PEMEX eran 2, 612, para 2016 ya eran 6,873 y en 2017 fueron 10, 363 tomas clandestinas. De este modo, en el sexenio de Peña Nieto el robo de combustible registra un aumento de 790% frente al gobierno de Calderón.
Ante este incremento alarmante de robo de combustible a PEMEX el actual director Carlos Treviño Medina informó que la pérdida económica que genera el robo de combustible en el país ya es de 30 mil millones de pesos anuales para 2017, lo cual es más del 100% del presupuesto que el senado de la república aprobó para CONACYT en el ejercicio fiscal de 2018, el cual fue de 27 mil millones de pesos. Además, el costo por reparar las perforaciones ilegales en el periodo de 2006 a 2017 alcanzó los 3 mil 24 millones de pesos, los cuales son pagados por PEMEX, alrededor de unos 755 mil pesos diarios para tapar las ordeñas que tienen los ductos de PEMEX.
Las principales entidades del país en donde se tienen registrados los robos de combustibles son Guanajuato, el cual incrementó en los últimos diez años un 1015%, Michoacán (1060%), Hidalgo (850%) y Puebla (584%) en el mismo periodo, según datos de PEMEX. En lo que va del año los estados que más tomas clandestinas tienen son Puebla 801, Hidalgo con 606, Guanajuato con 563, Veracruz 551 y Jalisco con481. Estos estados juntos, tienen el 49% del total de tomas clandestinas que tiene registradas PEMEX en lo que va del año, las cuales ya llegaron a 5, 176.
¿Qué ha hecho el gobierno y PEMEX para contrarrestar el robo de hidrocarburos? PEMEX se apoya de la Secretaria de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de República (PGR), las Fuerzas Armadas, ejército y marina, así como de las policías federal, estatal y municipal. Y sin embargo, no han podido parar el robo de combustible, al contrario ha aumentado, lo que nos deja a primera vista un fracaso de las medidas de seguridad empleadas por el gobierno federal y PEMEX.
Además, en 2016 el senado de la república aprobó con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos que establece penas que van de 20 a 30 años de prisión. Pero no sólo son las penas, la ley fue más allá y es vinculante con La Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues estas leyes consideran a esta actividad de la economía, o sea, la extracción de hidrocarburos y sus activos como “estratégicas”, según el artículo 22 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Esta ley a lo que podría derivar es a una mayor vigilancia de los ductos y oleoductos en el país por parte de las fuerzas armadas, que cuentan además con un cuerpo especial para la protección de instalaciones estratégicas entre las que se encuentran todas las instalaciones de PEMEX, ductos, oleoductos, centrales eléctricas, etc.
Los principales estados donde se ha registrado el mayor robo de combustible coinciden con estados que en los últimos años han tenido conflictos violentos entre autoridades y narcotraficantes y se suman estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Lo anterior nos deja temas para la reflexión respecto a los nexos de la economía criminal, el robo de hidrocarburos y los nexos políticos en un momento en el que el país ya está viviendo la apertura energética.
Según Ana Lilia Pérez, autora del libro El Cartel Negro , afirma que, con la reforma energética aprobada por PRI, PAN y PRD mediante el Pacto por México , hizo más laxos los controles para combatir el robo de hidrocarburos, lo cual propicia el mercado negro de éstos y las cifras confirman este argumento. Y aquí es donde entra la cara invisible del negocio, pues Pérez menciona que en este robo de hidrocarburos están implicados diversos empresarios, políticos y altos funcionarios de PEMEX.
Una de las respuestas que ha dado el gobierno federal, además de la militarización de partes del territorio para proteger las instalaciones y ductos de PEMEX ha sido la venta de los mismos. Desde el año pasado comenzaron las licitaciones para concesionar los ductos, como en el caso de dos tramos del ducto Satélite-Monclova-Sabinas, caracterizados por un alto índice de robo. Otra de las licitaciones en marcha incluye el ducto de Topolobampo-Guamúchil-Culiacán y el Tuxpan-Tula, los cuales se encuentran en los estados con los registros de robo más altos.
La responsable de las pérdidas por el robo de combustible es PEMEX logística y a pesar de la apertura a empresas privadas y la venta de tramos de ductos, la seguridad de éstos recae en PEMEX y por lo tanto en el Estado. PEMEX Logística, tiene la obligación de invertir en medidas de seguridad para evitar el robo de hidrocarburos. Esas medidas incluyen la coordinación con el aparato de seguridad mexicano, pero también controles internos sobre trabajadores, directivos, así como controles en torno a la entrada y salida de hidrocarburos de las principales plantas de PEMEX, pues otro rubro del cual casi no se habla, es del robo dentro de la empresa.
Este tipo de robo implica, por ejemplo, que una misma pipa cargue dos veces con una sola factura, que salga una pipa con más litros de hidrocarburos de los que registra PEMEX o incluso que salga sin emitir un registro. Esto desde luego es “huachicoleo” de cuello blanco y tiene implicaciones aún más graves pues se sabe por reportajes en la prensa que muchas de estas pipas que no se registran van a parar a gasolineras en el país o, en el caso del crudo sin ser procesado sale del país a las refinerías estadounidenses ubicadas en el sur de Estados Unidos, vendidas a bajos precios y retornan al país a precio de dólar, el cual ya rebasó, de nuevo, los 20 pesos. Sin duda este tema está ligado a la enorme estructura de corrupción e impunidad, características del Estado mexicano de las últimas décadas el cual vive un proceso de descomposición social grave. 

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