En México, la violencia y la muerte tienen permiso
REVISTA SIEMPRE
En México, como en el cuento
de Edmundo Valadés, “la muerte tiene permiso”. Y la patente de tan
generalizada necrofilia que se pavonea por todo el país, se la
extendieron desde hace doce años la clase política y medios de
comunicación que han hecho de la aterradora nota roja la visión de un
paisaje costumbrista, anulando en las nuevas generaciones la capacidad
de asombro ante la inseguridad y violencia, como también el sentido de
la reflexión para entender el encubierto estado de guerra interna que
tiene su origen en la peor crisis económica, política y social de las
últimas décadas.
En dos sexenios, el combate al crimen
organizado suma 234 mil 996 homicidios, al grado de que en 2016,
organismos internacionales especializados en el tema de la violencia
como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran
Bretaña, declararon a México como el país más letal del mundo solo
detrás de Siria. Se calculan en 300 mil los desplazados y en más de 100
mil los desaparecidos, pero ninguna autoridad hace algo realmente para
atacar de raíz el problema, cuyas aristas tocan los puntos neurálgicos
del poder político y económico.
Todo apunta a que el objetivo de tan
desatinada estrategia es que los mexicanos vean como algo común los
crímenes de obreros, indígenas y campesinos, lo mismo que de
periodistas y hasta políticos; en el actual proceso electoral han sido
asesinados más de 100 candidatos de todos los partidos. Estados como
Guerrero, Michoacán y Oaxaca han mostrado que la narcopolítica no es un
tema de ficción sino una vergonzosa realidad.
Especialistas en el tema, como Edgardo
Buscaglia, señalan que el 70 por ciento de los municipios del país se
encuentran bajo el control de grupos delincuenciales y de nada han
servido los recursos públicos de un billón 138 mil 838 millones de
pesos, gastados por el Estado en el periodo 2006-2016, para sufragar la
fallida guerra al narco.
Vale el cuestionamiento: ¿Estamos o no
en guerra? Y seguramente la respuesta de autoridades y medios será que
no, aunque a la vista de millones de mexicanos en todo el país, marinos y
militares recorran las calles con vehículos artillados, como única
forma de contención a los poderosos cárteles y sus células que se han
adueñado de regiones enteras y pelean el control de las plazas en las
principales ciudades de los estados.
Ha llegado el momento de replantear las
tácticas y métodos para enfrentar a la delincuencia organizada y
preguntar a la clase política si no habría sido mejor utilizar ese
billón de pesos en impulsar proyectos productivos en las comunidades
indígenas y campesinas, lo mismo que cooperativas de artesanos y
trabajadores; o acaso también, en equipar mejor los hospitales del IMSS y
de las zonas rurales, dotándolos de más médicos y medicinas.
Es evidente que en tanto no se dé un
cambio de rumbo al modelo económico que garantice un reparto de la
riqueza más equitativo y un mejor nivel de vida para millones de
mexicanos, los cárteles seguirán contando con ejército de hombres y
jóvenes empobrecidos, dispuestos a engrosar las filas de la delincuencia
organizada donde terminarán como muchos otros miles, con un tiro en la
cabeza, decapitados o desmembrados, porque hasta la fecha, la muerte en
México, “tiene permiso”.
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