El silencio de los candidatos ante los “megaproyectos”
Cuando se trata del despojo de territorios, grandes empresarios están dispuestos a llegar a la violencia. El desarrollo de proyectos de desarrollo no sólo genera conflictos sociales sino medioambientales. Los candidatos han sido particularmente ambiguos en este tema. El último debate será en Yucatán, la segunda entidad con más conflictos de este tipo: los presidenciables no deberían rehuir a fijar una posición
El último debate presidencial está
cerca. Los dirigentes políticos estatales estarán trabajando arduamente
para recibir con alfombras, bombos y platillos a sus respectivos
candidatos. Tal vez, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI)-Yucatán celebrará que en México aún conservan un oasis electoral
en medio de un desierto preferencial causado por López Obrador; el
Partido Acción Nacional (PAN)-Yucatán expresará que la batalla llevada a
cabo es respetable en contra del partido en el poder; en tanto, el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-Yucatán compartirá su desdicha
por caminar en un terreno rijosamente priísta o panista –según sea el
municipio–. Sin embargo, tanto a nivel nacional como estatal hay una
ausencia en sus discursos sobre una problemática acuciante que coincide
con la sede y el tema del debate: las energías renovables como parte del
desarrollo sustentable y el cambio climático en Yucatán. Anticipándome
que no será motivo de plática política, comparto algunas inquietudes
para generar la discusión previa al debate.
En de marzo de 2015, el director de
Planeación y Políticas de la Sustentabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Roberto Vallejo, dijo que
el “tema ambiental, la sustentabilidad en el aprovechamiento de los
recursos naturales y la generación de nuevas fuentes de energía” se han
convertido “en un tema económico y financiero” (20 minutos, 4
de marzo de 2015). Esta lógica economicista está acorde con la Reforma
Energética decretada desde finales de 2013 por el gobierno federal, la
cual tiene por ejes la apertura a la participación de particulares y la
concepción de una reforma verde a favor de la inversión en el desarrollo
tecnológico. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo
sustentable hermana el ambientalismo con los estilos de desarrollo
tradicionales, que iguala desarrollo con crecimiento económico. Aunque,
el aspecto económico se superpone por encima de lo ecológico.
El desarrollo de los proyectos de
energía renovable está dentro de esta lógica economicista; y
precisamente el enfoque desarrollista de las soluciones al Cambio
Climático genera tensiones, conflictos, ambigüedades y ambivalencias en
una sociedad mexicana marcada por la desigualdad económica.
Yucatán es el segundo capítulo de
conflictos relacionados a los proyectos de energía renovable; Oaxaca fue
el inicio de un largo trazo de batallas contra consorcios
internacionales que invadieron territorios indígenas, contenidos de gran
riqueza natural y cultural. Y en el transcurso de esta lucha hubo
violencia y criminalidad de parte de las empresas que veían estancadas
sus inversiones. En este sentido, si el último debate presidencial fuera
en Oaxaca, éste debería ser un asunto obligado para los candidatos;
pero será en Yucatán, donde las mismas irregularidades están emergiendo
debido a una configuración social asimétrica de poder/conocimiento desde
la política energética.
El gobierno estatal ha puesto en
práctica la visión economicista del desarrollo sustentable con la
alianza estratégica entre la Seduma y la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) desde 2015-2017 con la
organización anual del “Expo Foro Ambiental”. Puede decirse que la
salvaguarda del derecho ambiental de la población yucateca está en manos
de los empresarios.
Si nos preguntamos ¿quién está del otro
lado de la relación asimétrica?, remitiría al lector a una investigación
impulsada por Proyecto México REDD+ de 2015, sobre las causantes de la
deforestación en la Península de Yucatán. Entre las causas directas
resaltan la agricultura, la ganadería y específicamente el método
milpero “roza-tumba-quema” (Evaluación y mapeo de los determinantes de la deforestación en la Península de Yucatán,
p 29). Esta investigación se adhiere a la idea emitida por las agencias
de desarrollo del gobierno mexicano, las cuales “tienden a considerar
la agricultura migratoria tradicional como la actividad más
ecológicamente destructiva” (ibid, p 30). De este modo, se ha
posicionado a los agricultores, ganaderos y milperos como culpables del
problema ecológico peninsular. Aquí no estoy negando que la ganadería
tenga un efecto negativo, pero si es el caso, ¿por qué no se han
elaborado programas para modificar la ganadería yucateca?
A través de datos públicos del Centro
Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), la Gaceta Ecológica de la Semarnat y de la prensa local,
hemos identificado 18 proyectos eólicos (proyectados para 2021) y 11
fotovoltaicos dispersos en 32 localidades, aproximadamente. Actualmente
sólo siete proyectos, entre solares y eólicos, están en conflicto debido
a irregularidades en las firmas de contratos de arrendamiento y en las
consultas públicas e indígenas. Aquí me enfoco al tipo eólico.
La llegada de las empresas eólicas a los
ejidos yucatecos tiene un pecado de origen: las estrategias para la
firma de contratos de arrendamiento son engañosas. Los empresarios traen
consigo kilos de cochinita pibil, compran y reparten panes y refrescos,
o regalan gorras con logos de las empresas. Si existe algún parecido
con los mítines políticos no son coincidencias, habla del respaldo de
las instituciones correspondientes, como la Procuraduría Agraria y el
Registro Agrario Nacional (RAN).
Para algunos esta dinámica no tendría
nada de malo, pero se tiene claro que se usa para omitir información
relevante a la comunidad ejidal. Es evidente que en una comunidad
dedicada toda su vida al trabajo en el campo y con carácter bilingüe
(maya-español) es difícil lograr una comunicación efectiva sobre los
detalles técnicos que implica un parque eólico o granja fotovoltaica.
Esta responsabilidad recae en las instituciones agrarias y en las mismas
empresas; las primeras como defensoras de los intereses ejidales y las
segundas como interesadas en invertir en territorios ajenos. En ambos
lados, la responsabilidad ha sido abandonada.
La información no llega como debería
ser. Las comunidades firman los contratos de arrendamiento no por la
información recibida a cabalidad, sino por el engatusamiento a
través de los regalos –palabra utilizada por unos ejidatarios
yucatecos–. La inconformidad aparece cuando las empresas no cumplen con
la cantidad y los tiempos acordados de los pagos, y los ejidatarios se
encuentran indefensos para exigirlos.
En este contexto, asociaciones civiles y
organizaciones como el Foro para del Desarrollo Sustentable, AC; el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Articulación de Energía
Sustentable de Yucatán; Indignación, AC, y la Asamblea de defensores del
territorio maya Múuch’ Xíinbal han intentado recopilar
información necesaria para compartir y difundir al interior de los
pueblos yucatecos. Sin embargo, el acceso a la información ha sido
escabroso, se requirió de insistentes diálogos con los representantes
federales para conseguir los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y
las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) de los proyectos de energía
renovable.
Mediante diálogos con los campesinos,
una parte de la comunidad académica coincidió que uno de los principales
perjuicios en el proceso de construcción sería la deforestación que
afectaría no sólo tierras de uso común, sino también el hábitat de la
fauna territorial, como la del jaguarundi y el venado.
Estas tensiones se evitarían si se
hubiera procurado el diálogo y la participación de la población. Las
pocas actividades económicas, como el cultivo del henequén, del maíz, de
la producción apícola y la ganadería se encuentran interpeladas por
dichos proyectos, cuyas ubicaciones geográficas se imbrican con los
apiarios, henequenales, ranchos y milpas.
Sin embargo, otros requerimientos son
necesarios al tratarse de poblaciones de origen maya. La ley
internacional reconoce que la posesión de tierras pertenecientes a
población indígena debe ser respetada. Con base en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, el artículo 120 de la Ley de
Hidrocarburos establece la obligatoriedad de la Consulta Previa, Libre e
Informada. Esta consulta tiene como fin alcanzar el consentimiento y
los acuerdos con los pobladores indígenas. Hasta ahora, las consultas
han sido meros procesos simulados.
Aquí llego al punto medular. La
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en
Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, proclama en el Principio 10
la importancia del acceso a la información, a la participación y a la
justicia en asuntos ambientales. La actual implementación de los
proyectos de energía renovable carece de estos tres aspectos. La
información es difícilmente accesible al público central, que son las
comunidades indígenas; la participación ha sido nula en las decisiones
debido a la relación asimétrica establecida entre empresarios y
pobladores. Estas dos condiciones negativas conllevan a que la justicia
ambiental también sea imposible.
El debate presidencial sobre el
desarrollo sustentable y el cambio climático debe girar en torno a si se
retomará un proyecto más ecológico que económico, y si se garantizará
el acceso a la información, la participación y la justicia. Hasta ahora,
José Meade y Ricardo Anaya no han mostrado una postura crítica frente a
esta situación aquí reseñada, sino todo lo contrario. Andrés López lo
hizo últimamente con pequeños deslices al hablar del proyecto La Rumora
de Baja California; aunque su percepción coincide con los resultados
preliminares de las investigaciones hechas desde la ecología política:
los proyectos ecológicos son meras negociaciones económicas para
favorecer a pequeños grupos empresariales.
La reciente publicación de NaturAMLO
ofrece una visión esperanzadora. La política energética-ambiental
requiere de la perspectiva de Derechos Humanos y el respeto a la
autodeterminación de pueblos originarios y comunidades locales.
No espero que se toque a detalle este
tema en el debate, aunque sí algunos minutos; porque se requiere de un
posicionamiento claro respecto a una problemática que no se ha
politizado como debería hacerse en este proceso electoral.
Ezer R May May*
*Antropólogo social e historiador
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