Los tres “halcones” de Trump que operan contra Maduro
El presidente estadunidense Donald Trump. Foto: AP/ Alex Brandon
PROCESO
BOGOTÁ (Proceso).- Elliott Abrams, el halcón republicano elegido por el gobierno de Estados Unidos como su emisario para “restaurar plenamente la democracia” en Venezuela, tiene un tenebroso prontuario en América Latina, donde se le asocia con la invasión estadunidense a Panamá, en 1989, y con el escándalo Irán-contras, por el que fue condenado en su país.
Su incorporación al equipo de funcionarios de línea dura que ejecutan el plan de Washington para presionar la salida del poder del cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó a sectores latinoamericanos de izquierda que, antes que instaurar el orden democrático, lo que busca Estados Unidos en Venezuela es la restauración de la influencia que perdió con la llegada del chavismo.
De hecho, John Bolton, otro halcón republicano que es asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, lo dijo de manera diáfana hace unos días en una entrevista con la cadena Fox Business:
Bolton es el funcionario que el 28 de enero exhibió –deliberadamente o no– una hoja de su libreta en la que se leía: “5,000 tropas a Colombia”. Además ha dicho que “todas las opciones están sobre la mesa” para enfrentar la crisis venezolana.
Abrams y Bolton son, con el senador republicano de Florida, Marco Rubio, los operadores principales del guion de Washington para Venezuela, el cual ha cambiado de manera radical la correlación de fuerzas en ese país desde que se comenzó a ejecutar, en forma milimétrica, el pasado 22 de enero.
Hoy se sabe que esa noche, el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, se comunicó por teléfono con el joven presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le dijo que si se proclamaba presidente interino en la marcha programada para el día siguiente, Estados Unidos lo reconocería.
Pence, incluso, fue uno de los convocantes a las manifestaciones que enmarcaron la autoproclamación de Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, el 23 de enero, en una plaza pública de Caracas.
“Estados Unidos respalda la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de ustedes, de hacer uso de los poderes constitucionales de ese organismo de declarar a Nicolás Maduro como un usurpador y convocar al establecimiento de un gobierno de transición”, dijo Pence en un mensaje divulgado la noche previa.
El 23 de enero, Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente y en desconocer a Maduro. En cuestión de horas hicieron lo mismo Colombia, Brasil, Canadá y la mayoría de países latinoamericanos.
México y Uruguay decidieron abstenerse y llamaron al diálogo, mientras que Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador cerraron filas con Maduro.
Para el mandatario venezolano, lo que está en marcha en su país es un “golpe de Estado” encabezado por Washington.
Maduro, los dirigentes chavistas y el aparato propagandístico del régimen se han encargado en los últimos días de recalcar ante los venezolanos los antecedentes guerreristas de Abrams y Bolton; el rancio conservadurismo de Pence; los intereses empresariales del secretario de Estado, Mike Pompeo, y el desprecio de Trump por los inmigrantes mexicanos.
La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, ha dicho en cambio que Estados Unidos “ha sido el garante de todo esto”.
El desastre chavista
Nicolás Maduro es un presidente que se reeligió para un segundo mandato en un proceso electoral realizado en mayo pasado y en el cual los principales líderes de la oposición no pudieron participar por estar inhabilitados o encarcelados y con partidos que fueron proscritos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), que organizó los comicios, es visto por la oposición y por organizaciones sociales independientes como un enclave chavista. Nunca ha tomado decisiones contrarias al gobierno y acata los lineamientos que dicta Maduro.
Los distritos electorales fueron modificados de tal forma para las elecciones presidenciales, que los votantes de las zonas tradicionalmente opositoras debían acudir a sufragar a casillas muy lejanas a sus domicilios.
Maduro y los funcionarios del gobierno hicieron abierto proselitismo electoral con el uso de los medios públicos y de recursos millonarios que, según documentaron la oposición y organismos internacionales, movilizaron a la base chavista con métodos clientelares, en abierto desacato a las leyes electorales venezolanas.
Según los resultados del CNE, Maduro ganó esos comicios con 67.84% de los votos en una jornada en la que más de la mitad de los electores inscritos se abstuvo de participar.
Medio centenar de países y organismos, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch cuestionaron la imparcialidad, transparencia y legitimidad de esas elecciones.
Todos los sondeos indican que el gobernante chavista es rechazado por entre 80 y 90% de los venezolanos. Una encuesta de Consulta Mitofsky, divulgada la semana anterior, señala que 81% de los venezolanos quiere que Maduro deje la Presidencia. En contraste, Juan Guaidó aparece en ese estudio con un respaldo de 74%.
El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, un chavista que rompió con Maduro, estima que el saqueo a las arcas públicas del país en los últimos años supera los 300 mil millones de dólares, cifra más alta que el PIB de 2018.
Dos sobrinos de Maduro están detenidos en Estados Unidos por tráfico de cocaína y el exescolta de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien fue tesorero de la nación, confesó ante la justicia estadunidense que lavó sobornos por unos mil millones de dólares.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, vive la más severa crisis política, económica y social de su historia.
El PIB se redujo en más de la mitad entre 2013 y 2018. El salario mínimo mensual equivale a 6 dólares. La inflación de este año será de 10,000,000% y la pobreza afecta a nueve de cada 10 ciudadanos.
La vida diaria es cuesta arriba para la gran mayoría de venezolanos, que además de la severa escasez de alimentos y medicinas padecen la violencia más alta de América Latina.
El economista Miguel Ángel Santos estima que los venezolanos que han emigrado en los últimos años se ubican entre 3.3 millones y 5.2 millones, lo que constituye “la mayor diáspora que se haya registrado en la historia de América Latina”.
El peso del Tío Sam
La internacionalista colombiana Sandra Borda considera que la crisis venezolana tiene una dimensión regional y por eso países como Colombia y Brasil buscan, alineados con Estados Unidos, “presionar una salida del gobierno de Maduro y un proceso democrático en Venezuela”.
De acuerdo con la doctora en ciencia política de la Universidad de Minnesota, la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil modificó el escenario sudamericano y facilitó un consenso regional para articular una postura de rechazo a Maduro en momentos en que éste iniciaba su segundo mandato presidencial con su legitimidad cuestionada.
Bolsonaro y el mandatario derechista colombiano Iván Duque “cerraron la pinza” contra Maduro en Sudamérica, dice Borda, “por interés propio” más que por complacer a Washington.
Al referirse al rechazo que genera en sectores latinoamericanos el intervencionismo de los halcones de Estados Unidos en la crisis venezolana, la experta en relaciones internaciones señala que lo que ocurre en Venezuela no es un problema ideológico sino humanitario y de degradación de las instituciones democráticas.
“El asunto no es que Maduro sea de izquierda, que además me parece que no lo es. Creo que estamos frente a un régimen que no respeta los derechos de la oposición ni el estado de derecho ni los derechos humanos, y que además no reconoce que hay una catástrofe humanitaria”, asegura.
Dice que eso ha llevado a que el gobierno de Maduro “sea insostenible”. Y esto, asegura, no es una cuestión de izquierda o de derecha sino de respetar uno de los pocos consensos a los que hemos llegado a nivel internacional acerca de cómo se debe gobernar.
Dice que, en esa lógica, Washington está aprovechando que hay un consenso regional para presionar a Maduro y se pone a la cabeza de ese esfuerzo, en el cual también participan la Unión Europea y Canadá.
El sociólogo venezolano Ignacio Ávalos considera que mientras Estados Unidos no opte por una intervención militar en Venezuela podrá seguir jugando un papel “clave” en la restauración del orden democrático en ese país.
“El Tío Sam –asegura– tiene un gran peso y tiene sus intereses, desde luego, pero no es el único actor en esto. Aquí hay una amplia coalición internacional que quiere la salida de Maduro y, sobre todo, hay una amplia mayoría de venezolanos que quiere lo mismo y que se está manifestando en las calles para que esto ocurra.”
Por eso, dice Ávalos, hay que dejar que se exprese “la autodeterminación del pueblo venezolano”.
Considera que Venezuela merece una transición hacia la democracia “pacífica, sin intervenciones extranjeras de ningún tipo, sin intereses imperiales y bajo el liderazgo de Guaidó, que es el dirigente opositor que logró aglutinar la voluntad popular que busca un cambio de régimen”.
Y “si de imperialismos hablamos, tampoco hay que ser ingenuos frente al chino y al ruso, que ven en Venezuela un espacio estratégico para el desarrollo de sus intereses geopolíticos”, anota Ávalos.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela asegura que el petróleo y los recursos minerales venezolanos también despiertan el apetito de China, Rusia, Turquía e Irán, países con los cuales Maduro ha estrechado relaciones económicas en los últimos seis años.
“Hoy –dice– de lo que se trata es de recuperar la democracia, y mientras Estados Unidos no incurra en una barbaridad, como una invasión militar, que sería catastrófica para Venezuela, está bien si contribuye a ese propósito.”
Ávalos espera que las señales como las que ha dado Bolton con su apunte de las “5,000 tropas a Colombia” o la visita a Bogotá del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Mark Stammer, el 30 de enero, sean sólo “elementos disuasivos para presionar a Maduro”.
Golpe financiero
Guaidó, con el apoyo de Washington, es mucho más que un “presidente encargado” decorativo. Estados Unidos le dio el control de las cuentas bancarias en ese país de la petrolera estatal PDVSA, que suman unos 7 mil millones de dólares, y de la empresa CITGO, un conglomerado de gasolinerías y refinerías considerado la joya de la corona de Venezuela en el exterior.
El economista y exdirector de PDVSA José Toro Hardy afirma que esto tendrá un impacto muy severo en las finanzas del régimen chavista y pone a Maduro en una situación económica “extremadamente más comprometida de la que ya enfrenta”.
En los hechos, dice, esas medidas implican que desde el 29 de enero Venezuela dejó de exportar petróleo a Estados Unidos, que seguía siendo su principal mercado en el exterior y el único cliente que le pagaba en efectivo.
De acuerdo con estimaciones del experto en hidrocarburos, el año pasado Venezuela vendió a Estados Unidos petróleo por unos 11 mil millones de dólares, los cuales representaron entre 80% y 85% de todas las divisas legales que recibió el país.
Tras el traspaso de las cuentas de PDVSA en bancos estadunidenses a Guaidó, el gobierno venezolano anunció que sólo venderá petróleo a ese país si paga por adelantado los embarques, lo cual, dice Toro Hardy, es muy improbable que ocurra. En ese escenario, explica, a Venezuela le resultará “muy complicado” colocar los alrededor de 400 mil barriles diarios de crudo que le vendía a Estados Unidos en otros mercados.
Esto, porque el país produce crudos pesados y con mucho azufre, que no cualquier refinería en el mundo tiene capacidad de procesar.
Para Maduro, considera el experto, “es un golpe financiero que puede ser mortal”.
Según datos de la OPEP, la producción de petróleo en Venezuela se ubicó en diciembre pasado en 1 millón 100 mil barriles diarios, cifra menor en 40% al promedio de 2017 y equivalente a sólo la tercera parte de lo que el país extraía hace tres décadas.
Con ese nivel de producción, Venezuela sólo tenía capacidad de exportar 400 mil barriles por día a Estados Unidos y 150 mil a India, únicos países que le generan divisas.
El resto lo manda a China (300 mil diarios) y a Rusia (70 mil), pero como pago en especie de los préstamos que le han otorgado esos países; y a Cuba (47 mil barriles diarios), a cambio de servicios médicos y educativos.
La transferencia del control de CITGO a la oposición liderada por Guaidó tampoco es un golpe menor.
Esa empresa, propiedad del Estado venezolano y valuada en unos 6 mil millones de dólares, enfrenta varias demandas de embargo en Estados Unidos por deudas en mora de los gobiernos chavistas, y es la que garantiza préstamos otorgados a Maduro por China y Rusia, pero aún tiene unas 4 mil gasolinerías en el mercado estadunidense.
“Estas pérdidas cambian el juego para Maduro. Aquí sentimos que estamos ante un cambio inminente”, dice Toro Hardy.
Este reportaje se publicó el 3 de febrero de 2019 en la edición 2205 de la revista Proceso.
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