Contratos de prueba aniquilan derechos

Fecha:6 octubre, 2012

Trabajadores, en manos del libre albedrío de empresarios

Martín Esparza Flores

Revista Siempre!

Si el Senado de la República, como cámara revisora, deja de cumplir con la delicada encomienda que le ha puesto en sus manos la Cámara de Diputados en el tema de la reforma laboral y se niega a corregir la desventajosa entrega de la fuerza de trabajo de millones de mexicanos, sobre todo jóvenes, que irresponsablemente la pandilla mayoritaria de San Lázaro puso a disposición y libre albedrio de los empresarios, se estará cancelando el porvenir de los que menos tienen, al arrebatarles derechos consagrados en la Constitución, como la seguridad social, la antigüedad laboral y el acceso a una vivienda digna.

Dos figuras aparecen en la reforma de Felipe Calderón como insultantes grilletes colocados a la clase trabajadora, en aras de la productividad que, en apariencia, hará más competitivo a nuestro país. Al analizar las modificaciones aprobadas al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con la duración de las relaciones de trabajo, se establecen las adiciones para legalizar los llamados Contratos de Prueba y Contratos de Capacitación.

Según el criterio de los priistas, se lograron hacer algunas modificaciones en “beneficio” de los trabajadores pues la iniciativa preferente enviada al Congreso por el Ejecutivo planteaba que los Contratos de Prueba fueran de seis meses. Al final, la adición al artículo 39, en el inciso A, establece que los mismos alcanzarán un máximo de 180 días (tres meses), para cargos directivos; y 30 días (un mes), para los trabajadores. Los legisladores del PRI acortaron los tiempos de explotación pero dejaron al libre criterio del patrón el acreditar o no la competencia laboral del trabajador, dando por terminada la relación sin ningún tipo de responsabilidad social o laboral, pagando al empleado sólo las prestaciones devengadas durante el periodo de prueba. Se generará antigüedad sólo en el remoto caso de que se establezca una relación de trabajo fija.

Sobre los Contratos de Capacitación, establecidos para su funcionamiento en el inciso B, quedó intocable la propuesta de Calderón para que el trabajador de nuevo ingreso trabaje por tres meses con el fin de adquirir conocimientos y habilidades para desempeñar su actividad. Pero, ¡oh desgracia¡, de no ser contratado, también a criterio del patrón, no habrá responsabilidad para que el empresario lo indemnice con tres meses de sueldo como actualmente ocurre.

Como se advierte, lo aprobado por los diputados coloca en una total indefensión al trabajador, sobre todo a los jóvenes que van a pedir empleo por primera vez, y abre las puertas a probables despidos masivos de trabajadores que tengan diez o más años de antigüedad pues es obvio que a los empresarios les saldrá más barato despedir e indemnizar en estos momentos a sus viejos empleados y contratar a los nuevos bajo el ventajoso esquema de ahorrarse el pago de seguro social y de otras prestaciones. Al empresario se le ha puesto en las manos un ejército de miles y miles de desempleados que ahora, desamparados por la ley, tendrán que ajustarse no a la necesidad de los sistemas de productividad sino a los caprichos e intereses de los patrones.

Si el empleador así lo decide, podrá ir prorrogando contratos por años pues siempre habrá gente que por necesidad de llevarse un pan a la boca acepte las desventajosas condiciones. No tendrá que preocuparse más por los derechos de antigüedad de sus trabajadores. Lo que no se han preguntado, o deliberadamente han ignorado los legisladores, es: ¿qué tipo de país queremos heredar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? ¿Qué le espera a las nuevas generaciones sin el derecho a acceder a la seguridad social, a una vivienda digna o a una jubilación decorosa? ¿Acaso deseamos un pueblo hambriento y miserable sin expectativas de tener un salario justo, con un  empleo digno y estable?

Más deplorable preguntar: ¿dónde queda entonces la responsabilidad del Estado, de los legisladores y del Poder Judicial, en su función por equilibrar las sanas relaciones entre el capital y el trabajo, establecidas en la Constitución? Inclinar la balanza de un solo lado es trastocar los cimientos del régimen democrático, republicano y constitucional que supuestamente debe regir a México. Los senadores tienen en sus manos la opción de mancharse o no con la ignominia de San Lázaro.

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