Los médicos cumplen un mes de huelga sin que Madrid ceda en su plan privatizador
Después de 16 jornadas de huelga, se han suspendido 5.000 operaciones y más de 30.000 consultas / Hoy se podría saber si dimite la mitad de los directores de los centros de atención primaria de salud.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) se ha manifestado este mediodía en Madrid en defensa de la sanidad pública EFE
Celeste López Madrid y Alicia Rodríguez de Paz Madrid / lavanguardia.com
El enfrentamiento entre los sanitarios y el Gobierno madrileño se enquista. La rebelión de las batas blancas sigue en la calle y el ejecutivo de Madrid contraataca pretendiendo reducirla a reivindicaciones corporativas que están perjudicando a los pacientes. A pesar de las reuniones mantenidas entre ambas partes, de momento, no hay ni un sólo indicio de que el conflicto pueda encauzarse. El plan de privatización de la gestión de seis hospitales y de un 10% de centros de salud, impulsado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, continúa cumpliendo sus plazos. Sin ocultar su enfado, González reclamó ayer que el Gobierno central legisle sobre el derecho a la huelga para evitar “abusos”.
Justo un mes después de que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) iniciaran su convocatoria de huelga para cada semana de lunes a jueves, los médicos vivieron ayer la jornada décimo sexta de paros. Son ya cinco semanas de protestas. Los sindicatos mayoritarios entre los sanitarios también han ido convocando varios días de huelga. En la Puerta del Sol, un grupo de sanitarios y de ciudadanos de la plataforma contra la privatización de los centros de salud de atención primaria de Madrid, se reunieron ayer al mediodía para cantar villancicos a favor de la sanidad pública.
A muy pocos metros de los manifestantes, en la sede del Gobierno autonómico de Madrid, tratan de cuestionar las protestas de los sanitarios. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, endureció el discurso y acusó a los huelguistas de hacer “mucho daño a los ciudadanos”. El Gobierno autonómico asegura que se han suspendido 5.000 operaciones quirúrgicas y las consultas anuladas superan las 30.000. En la misma línea, el presidente Ignacio González aseguró que “no se puede utilizar” a los pacientes ni a los enfermos “para reivindicaciones laborales, por muy legítimas que éstas sean”.
Las complicaciones no acaban aquí. Precisamente hoy está previsto que se sepa si dimitirá parte de los directores de los centros de atención primaria de Madrid. Estos amenazaron con hacerlo si el 27 de diciembre se aprobaban las condiciones de privatización y se han adherido a la iniciativa al menos la mitad de estos equipos directivos -es decir, 135-.
A finales de octubre, con la dimisión de Esperanza Aguirre aún en la retina de los madrileños, el nuevo presidente, Ignacio González, presentó sus planes para hacer sostenible la sanidad madrileña, incluidos en los presupuestos del 2013. Así nació una oleada de protesta hasta ahora nunca vista desde el inicio de la crisis. La intención de González es que seis de los hospitales abiertos en el 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los centros de salud de la región -hasta 400 si se incluyen los consultorios rurales-. La chispa saltó y prendió provocando lo que se ha llamado la marea blanca que, lejos de apagarse con el tiempo, ha ido creciendo y creciendo, ya ha puesto en un brete a un gobierno con problemas hasta para explicar los números que justifiquen un cambio de modelo.
Una parte del éxito de este movimiento se debe al hospital de la Princesa, que en un principio iba a ser reconvertido en un hospital geriátrico para mayores de 75 años, dejando de lado sus trabajos de investigación, su historial como centro de referencia en diversas patologías y la atención a una populosa población. Los encierros, las protestas y, sobre todo, la implicación de vecinos y profesionales, obligaron al gobierno regional a dar marcha atrás en sus pretensiones iniciales. Eso sí, a cambio de un presupuesto muy ajustado para este centro hospitalario. Ese pulso terminó extendiéndose a los centros de salud y a los hospitales cuya gestión va a ser privatizada.
Otro de los éxitos que justifican el empuje de la marea blanca es la implicación de la profesión sanitaria. Nunca antes se había visto una unión tan grande entre médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, entre otros, en defensa de un modelo sanitario que es el orgullo de pacientes y profesionales. El plan de González ha conseguido unir a los sanitarios en bloque, encabezados por la siempre conservadora Organización Médica Colegial (OMC) y el Colegio de Médicos de Madrid. Tras ellos, todas las sociedades científicas y médicas. Lo dicho, lo nunca visto.
Y en medio, la asociación de médicos especialistas de Madrid, AFEM, no vinculada ni al colegio profesional ni a sindicatos, que se ha convertido en un referente en toda regla en este conflicto. El papel que está jugando en este conflicto, como uno de los interlocutores en la negociación con la Comunidad de Madrid, es clave en el transcurrir de la marea blanca. Pocos grupos han conseguido tal capacidad de movilización, con manifestaciones multitudinarias cada fin de semana. Y poner en un serio dilema al Gobierno de González desmontando el ahorro por la privatización de la gestión. Según la AFEM, el coste de la asistencia sanitaria de los seis hospitales de gestión mixta es de 347 euros por habitante. Si la gestión fuera externalizada y adjudicada a empresas privadas a un coste de 441 millones de euros por habitante, el Servicio Madrileño de Salud estaría pagando a esas empresas cada año entre 71 y 118 millones más de lo que realmente han costado los seis hospitales.
El éxito de la marea blanca no está en absoluto garantizado. Sobre todo, si el Gobierno de Madrid sostiene el pulso y opta por no moverse ni un ápice.
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