En pie de lucha
Toque Crítico
La amenaza a vestigios arqueológicos/II
Martín Esparza Flores
Uno de los casos analizados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, en su Audiencia temática sobre la devastación ambiental y derechos de los pueblos,
y que está llamando poderosamente la atención de la opinión pública
internacional, es la lucha que libran en contra de la destrucción del
patrimonio arqueológico de Tlaxomolco, Morelos, los comuneros,
campesinos y ciudadanos agrupados en los Frentes Unidos en Defensa de
Tepoztlán.
En un ilegal contubernio gestado desde
2011 por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), y representantes de la firma constructora Tradeco, las
autoridades del Tribunal Unitario Agrario (TUA) dieron como válida la
asamblea celebrada en septiembre de ese año en la que únicamente 23 de
los 150 comuneros ahora afectados dieron su aval para la venta de sus
tierras al proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera La
Pera-Cuautla. Hace apenas unas semanas, el propio Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) desmintió que de su parte existiera un
permiso para la realización de la obra, y, menos todavía, la petición de
un programa de salvamento arqueológico, lo que vino a constatar la
irregularidad en que se otorgó la misma.
En uno de sus comunicados difundidos por
el TPP, los integrantes de los Frentes Unidos han señalado: “Alertamos
de manera urgente que la zona arqueológica de Tlaxomolco, en Tepoztlán,
está a punto de ser destruida por las máquinas que la empresa Tradeco
utiliza para devastar ilegalmente nuestro territorio sagrado. Permitir
esta destrucción de nuestro patrimonio arqueológico sería un crimen
contra nuestras raíces y cultura milenaria”.
La lucha que mantienen los comuneros de
esta región de Morelos es también por la preservación de su entorno
ecológico, pues expertos en la materia han establecido que el proyecto
carretero incidirá gravemente en su ecosistema; además, los torcidos
argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos
decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
El primero fue publicado en el Diario Oficial,
el 22 de enero de 1937 —durante el gobierno del presidente Lázaro
Cárdenas—, estableciendo como “Parque Nacional El Tepozteco a los
terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Morelos”. El segundo, el
mencionado en el Diario Oficial, Segunda Sección, del 30 de
noviembre de 1988, al pie de la letra establecía: “Decreto por el que se
declara el área de protección de la Flora y Fauna Silvestres, ubicada
en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec,
Tlanepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos”.
Como en otros muchos atropellos
cometidos en perjuicio de los derechos de diversas comunidades, desde un
principio, el proyecto nunca se consensuó con los pobladores trocándose
en una clara imposición, similar a la que enfrenta la comunidad
indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México,
que ya ha sido hostigada y amenazada por los elementos policiacos del
municipio de Lerma y cuerpos de granaderos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) del gobierno del estado, por oponerse al arbitrario
proyecto carretero Naucalpan-Toluca, que actualmente realiza la empresa
Autopista de Vanguardia S. A de C. V. (Autovan).
Situaciones como las aquí expuestas
están siendo integradas con sus respectivos elementos probatorios para
ser denunciadas ante las instancias internacionales por el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), como una muestra de la devastación
ambiental y derechos de los pueblos que se está dando en México ante la
indiferencia oficial.
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