No a la reforma energética: ¿y los informes oficiales?
CONTRALÍNEA
Y
si en verdad la intención es poner todos los pros y contras en una mesa
de discusión de altura, sustentadas en la realidad que enfrenta tan
esencial área de la economía nacional, debe ser el sector gubernamental
el que predique con el ejemplo haciendo públicos y de fácil acceso a
toda la población los informes técnicos, operativos, administrativos y
financieros de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), pero también de organismos como la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos dictámenes emitidos en
el análisis de la Cuenta Pública 2009 presentan un panorama muy distinto
al expuesto por Coldwell el pasado 12 de agosto, durante la
presentación oficial de la reforma energética.
/Tercera parte
Si las declaraciones del secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el sentido de que la reforma al
sector energético debe ser la resultante de una “gran discusión
nacional” donde “hablen la sociedad y los especialistas”, las
pretensiones de un albazo legislativo deben desecharse para dar paso a
un verdadero análisis a fondo de un asunto que tendrá repercusiones para
el futuro de millones de mexicanos.
Y
si en verdad la intención es poner todos los pros y contras en una mesa
de discusión de altura, sustentadas en la realidad que enfrenta tan
esencial área de la economía nacional, debe ser el sector gubernamental
el que predique con el ejemplo haciendo públicos y de fácil acceso a
toda la población los informes técnicos, operativos, administrativos y
financieros de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), pero también de organismos como la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyos dictámenes emitidos en
el análisis de la Cuenta Pública 2009 presentan un panorama muy distinto
al expuesto por Coldwell el pasado 12 de agosto, durante la
presentación oficial de la reforma energética.
También deberán incluirse en el paquete
de informes oficiales los acuerdos de las comisiones de Energía de las
cámaras de Diputados y Senadores, como los permisos otorgados a empresas
nacionales y extranjeras por la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
para tener de primera mano los datos que permitan realizar una
radiografía de todo lo que está en juego. Si se quiere conocer el sentir
de la sociedad deben allegársele las herramientas necesarias para
iniciar un debate a fondo con razonamientos más que apasionamientos,
pero con la fuerza de la razón y el interés nacional como premisas
fundamentales.
Además, la invitación a todos los
sectores sociales a participar debe ser en igualdad de circunstancias y
contar con los mismos espacios y canales de información que han sido
utilizados por el gobierno federal para tratar de convencer a los
mexicanos de las presuntas ventajas de la propuesta enviada al Congreso
de la Unión. Si se quiere transparentar un verdadero debate de cara a la
nación, deben evitarse los linchamientos mediáticos y concretar una
apertura de los medios y todos los canales informativos, para que el
mayor número de habitantes conozca a detalle lo que está en discusión y
en juego.
No puede concebirse que en un periodo de
tiempo tan corto se discuta un asunto que tiene infinidad de aristas y
puntos por aclarar; imposible de aceptar que en un gobierno que se diga
democrático, una decisión de tal magnitud sea acordada por un reducido
número de políticos cuando hay miles, millones de voces que desean ser
escuchadas y emitir sus puntos de vista, sobre todo académicos y
especialistas en la materia, a los que las cifras y datos expuestos por
el secretario de Energía no les parece que correspondan al escenario en
que se encuadran las actuales perspectivas y los estados financieros de
Pemex y la CFE.
Si se quiere que “hable la sociedad”,
deben instrumentarse, por todo el país, foros regionales donde, quienes
así lo deseen, expongan sus opiniones para abrir un gran debate en el
que estén presentes los propios legisladores que, al parecer, buscan
aprobar algo que simplemente desconocen o no lo han estudiado a fondo.
No debe aceptarse que, mediante una
visión simplista, los diputados y senadores antepongan la tesis de su
representación popular para adjudicarse el derecho individual de votar
una reforma que, como lo expuso el propio Coldwell, debe estar
sustentada en nuestra tradición histórica y en nuestros valores
nacionales.
Hay mucho qué decir y qué aclarar al
país, motivo por el cual los legisladores deben entender que no se trata
de ralentizar el progreso nacional, sino de colocarlo sobre bases
firmes que garanticen que la renta petrolera no servirá para otorgar
excesivos dividendos a las empresas nacionales y trasnacionales, pues un
punto que debe ser aclarado al país de forma contundente es la supuesta
inviabilidad financiera de Pemex que, como hemos expuestos en este
espacio, no se ajusta a los parámetros de medición de los organismos
financieros internacionales que la ubican entre las empresas más
rentables y productivas del mundo.
Los legisladores no pueden legislar al vapor y prácticamente con los ojos cerrados
una reforma sobre la que funcionarios como Pedro Joaquín Coldwell sólo
han expuestos vagas generalidades, como por ejemplo, tratar de
justificarla con la necesidad de producir más gas para generar
electricidad a bajo costo cuando una de las causas directas del
incremento a las tarifas es la compra obligada que hace la CFE a las
empresas trasnacionales que fueron favorecidas por la CRE en los
gobiernos panistas, mismas que ya producen casi el 50 por ciento de la
energía eléctrica en México.
Los informes de la ASF de la Cuenta
Pública 2009 muestran con claridad lo alarmante de haber entregado más
de 772 permisos de generación a los particulares y, peor aún, haber
firmado contratos, hasta por 25 años, para la compra obligada de
energía. De acuerdo con el reporte entregado por la ASF a los diputados
federales, hasta diciembre de 2009 la compra de energía a las
trasnacionales le había costado al país más de 268 mil millones de
pesos, y se estima que por los compromisos ya adquiridos, de 2010 a
2041, los mexicanos habremos de pagar a las firmas extranjeras 1.6
billones de pesos. Como se aprecia, el problema del incremento a la
electricidad no radica únicamente en la utilización de diésel o
combustóleo para su generación.
Hasta el momento, del sector oficial
nadie ha explicado, por ejemplo, qué porcentaje de la renta petrolera se
entregará bajo el esquema de los llamados contratos de utilidad. ¿Será
el mismo esquema que el operado con la CFE? ¿Acaso ocurrirá que las
inversiones de empresas privadas se manejarán ocultamente bajo un modelo
muy semejante a los proyectos de infraestructura diferidos en el
registro del gasto, que se han convertido en uno de los principales
lastres a las finanzas de la Comisión Federal? ¿Cuál será el plazo a
que se obligará el país a entregar parte de las ganancias por la venta
de sus hidrocarburos a las trasnacionales? ¿También a 25 años, como ha
ocurrido en la CFE?
Bajo tal cúmulo de interrogantes debe
entenderse la necesidad irrenunciable de que sea la población la que
decida sobre el futuro y el rumbo que deberá tomar el sector energético,
pues de éste dependerá el desarrollo económico y social del país para
las próximas generaciones. Es cierto, señor Coldwell, debe darse una
gran discusión nacional donde hablen la sociedad y los especialistas en
un debate, frente a frente, con los legisladores que pretenden alzar la
mano a favor de un tema que, insistimos, no conocen a fondo y que puede
entregar al país a intereses extranjeros en un criminal retroceso
histórico. Hay que debatir de frente a la nación porque la trascendencia
de la reforma así lo amerita.
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