Ayotzinapa: ni Peña ni Segob actuaron, aunque sabían lo que venía

PROCESO 

 

Gloria Leticia Díaz
18 de octubre de 2014
Destacado

Normalistas causan destrozos en la sede del gobierno de Guerrero. Foto: AP / Félix Márquez

Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, en particular el procurador Jesús Murillo Karam, se enmarañan en su discurso exculpatorio sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro declara a Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso en ese marco se formó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena parte del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En algunas regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los representantes de las dependencias federales.
Los sucesos del pasado 16 de septiembre en Iguala, donde murieron varios estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, exacerbaron la crisis. Y aunque al principio el gobierno federal intentó reducir el problema a una crisis local, Peña Nieto terminó por asumir su responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismos internacionales.
Para el diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas clandestinas en Iguala, así como la declaración del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28 personas encontradas no corresponde a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de septiembre, ponen en evidencia omisiones que el gobierno  federal no puede eludir.
Oriundo de Guerrero y consejero nacional de la Asamblea Nacional  Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a Proceso que por lo menos desde el primer trimestre de 2013 un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de los municipios y de las afectaciones directas al desarrollo de la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero.
Fueron integrantes de esa organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su búsqueda de los 43 normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de Gobernación acerca de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la reportera el también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1981, ya en circulación) 

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