De pianista frustrado a “coyote”
CONTRALINEA
15. marzo, 2015
Autor: Martin Esparza
Con el acostumbrado sello de la
impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada
el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión
las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación
de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por
Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón,
representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas
públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una
red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en
propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.
El sistema de adjudicación directa, similar al utilizado para entregar en bandeja de plata
la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a los panistas Ernesto
Martens y Fernando Canales Clariond, exsecretarios de Energía en el
gobierno de Vicente Fox, constituye una muestra viviente del conflicto
de intereses en que incurrió el entonces secretario del Trabajo y
Previsión Social y hoy senador por el Partido Acción Nacional Javier
Lozano Alarcón, quien en su papel de alto funcionario ejerció también un
abierto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, quienes
desde años atrás habían contratado sus servicios a través de su despacho
Javier Lozano y Asociados, SC. Gracias a las malas artes políticas del extitular del Trabajo, no hubo más participantes en la licitación del apetitoso botín de la fibra óptica de CFE.
Lozano conocía los recovecos legales y
oficiales del botín a repartir, pues en el sexenio de Ernesto Zedillo,
Carlos Ruiz Sacristán, entonces secretario de Comunicaciones y
Transportes, le permitió operar a sus anchas en el área de las
telecomunicaciones para arribar después a la presidencia de la Comisión
Federal de Comunicaciones, la extinta Cofetel, desde cuyo cargo realizó
una doble función: lo mismo apoyó que asesoró tanto a Televisa como al
Grupo Salinas (Tv Azteca). De ahí viene el compromiso y sumisión del
ahora legislador federal con los poderosos consorcios televisivos, por
cuyos intereses siempre ha velado y se ha rasgado las vestiduras, como aconteció en el Senado.
Si la aplicación de las leyes en nuestro
país fuera una realidad, Lozano y otros panistas deberían ser
investigados y responder ante la justicia por el quebranto ocasionado a
los recursos públicos, al haber ofrecido los bienes de la nación a
precios de remate a los monopolios, que a casi 2 años de entrar en vigor
la reforma constitucional a las telecomunicaciones todavía no reflejan
una mejora sustancial a la deteriorada economía de millones de
consumidores en cuanto a la baja en los servicios de telefonía, internet
y televisión. El así conocido como triple play.
A la fecha, el único beneficio directo es
la eliminación del cobro de la larga distancia, cuando en el Plan
Nacional de Desarrollo (2013-2018) y en el Programa Nacional de
Infraestructura (2014-2018) se contemplaba superar los rezagos que
México enfrenta para garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y
que en países como Finlandia, Panamá y hasta la modesta Estonia, ya son
gratuitos para toda la población.
En su evaluación, el Programa Nacional de
Infraestructura establecía que en México existen bajos niveles de
penetración de banda ancha fija y móvil, sobre todo porque la alta
participación de los operadores de telecomunicaciones está “en los
mercados más rentables”, que se niegan a extenderse a los “menos
rentables”, como las zonas rurales y marginadas. De acuerdo con los
análisis oficiales, el precio para acceder a una suscripción de banda
ancha en el país “es el quinto más caro de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.
No obstante que los estudios realizados
por las autoridades federales sobre la situación que presenta la
infraestructura en el país para expandir los servicios de la banda ancha
hablan de la falta de interés e inversión por parte del sector privado
al respecto, ni en los fundamentos de la reforma a las
telecomunicaciones ni en sus leyes secundarias se establece obligación
alguna por parte de los monopolios –que ahora la explotan en su
beneficio– para invertir al respecto, pues “la instalación de servicios
móviles” y el objetivo de incentivar “el crecimiento de la red troncal
de fibra óptica” se proponen con base en el uso de la infraestructura de
la CFE para desplegar “una red compartida” con los mayoristas de las
redes móviles. Negocio redondo y fácil el que senadores como el exsecretario del Trabajo le han puesto en las manos a los particulares.
Claro está que el “pianista frustrado”,
ahora senador coyote, nada dice al respecto, y mucho menos se atreve a
inquirir en la tribuna de la Cámara a sus rentables clientes y patrones
del porqué no han bajado sus tarifas de internet en beneficio de los que
menos tienen, tal y como lo ponderó la reforma a las telecomunicaciones
alentada y aplaudida por Lozano Alarcón.
Si nos atenemos a lo denunciado por la
ASF en 2012, no existen argumentos válidos que justifiquen el negocio
ilícito cometido a la sombra del poder en el sexenio panista de
Calderón, pues el país perdió por doble partida al regalar la
infraestructura de las redes de fibra óptica tanto de la CFE como de Luz
y Fuerza del Centro y al no obligar a los monopolios que ahora la
detentan a ofrecer sus servicios a precios accesibles a la población. No
sólo hicieron negocio con el patrimonio de los mexicanos, sino que
ahora lo utilizan para esquilmarlos.
Otro de los robos cometidos a la sombra
de la apropiación de la fibra óptica es el desmantelamiento de los
miles de kilómetros de cableado de cobre, sustituido por aluminio. Al
día de hoy no hay una sola autoridad que haya atendido la denuncia hecha
pública por el Sindicato Mexicano de Electricistas en ese sentido, y
que inició poco después de la aplicación autoritaria del decreto de
extinción de Felipe Calderón que dejó sin empleo a 44 mil electricistas
en octubre de 2009.
A la fecha son miles de toneladas de
cobre las que se han vendido de manera encubierta y sin rendir cuentas a
nadie. Y debemos preguntar a las autoridades federales: ¿quiénes son
los que permitieron un saqueo de tales dimensiones sin vigilar el
destino de tales cantidades del valioso metal?
Los beneficiarios de la fibra óptica así
como del desmantelamiento de las redes de distribución del sistema
eléctrico nacional son, con toda seguridad, conocidos personajes
panistas de la política, que en la actual administración siguen inmersos
en el lodazal del conflicto de intereses, amparados en la zona de
confort que les brinda la fortalecida impunidad. Javier Lozano es la
prueba fehaciente de ello.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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