Investigan en España a uno de los jefes de la campaña de Peña
Gabino Antonio Fraga Peña (al micrófono), en imagen captada el 15 de febrero de 2012Foto Cuarto de Guerra Tlaxcala
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de marzo de 2015, p. 3
Miércoles 18 de marzo de 2015, p. 3
Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de
campaña en 2012 del entonces candidato priísta a la Presidencia de
México, Enrique Peña Nieto, es investigado por autoridades de España por
presuntas operaciones ilícitas en el Banco Madrid, de acuerdo con
fuentes policiales.
El diario español El Mundo reveló ayer que Fraga Peña, quien
fue coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto en
Tlaxcala, es uno de los personajes mencionados en un informe elaborado
por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales
(Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat
d‘Andorra (BPA), a quienes se señala de probables operaciones
sospechosas.Fraga Peña es actualmente director general del despacho Grupo de Abogacía Profesional (GAP), el mismo que estuvo implicado en el escándalo de triangulación de recursos, probablemente de procedencia ilícita, a la campaña de Peña Nieto en 2012 a través de Banca Monex, hecho denunciado por el Movimiento Progresista, cuyo candidato presidencial fue Andrés Manuel López Obrador.
Transferencia millonaria
De acuerdo con el diario español, Fraga Peña aparece
entre los clientes del Banco Madrid que han realizado operaciones
sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa
antiblanqueo por los directivos de esa entidad financiera.
El informe del Sepblac detectó que el ex colaborador de la campaña
del actual Presidente mexicano recibió una trasferencia desde México por
445 mil euros (más de 7 millones 250 mil pesos), razón por la que, de
acuerdo con las fuentes consultadas por El Mundo, es investigado, pues ‘‘ese dinero puede corresponder a financiamiento ilegal de partidos’’.El rotativo español informó que buscó al abogado mexicano para que diera su posición al respecto, pero éste no dio ninguna declaración. La información reportada por el diario revela que Fraga Peña figura en una lista de clientes que, según el Sepblac, debió ser objeto de ‘‘vigilancia especial’’ por parte del Banco Madrid, la cual no se produjo.
De acuerdo con la investigación del servicio ejecutivo, la entidad financiera no sometió al mexicano al examen especial que requería su caso, con lo que cometió una infracción grave a la ley 10/2010, del 28 de abril, referente al blanqueo de capitales.
El Sepblac enfatiza que en este caso el banco debió ‘‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo’’, como establece la ley en su artículo 17.
La investigación –apunta El Mundo– no prejuzga que Fraga Peña haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero se dan indicios suficientes –de acuerdo con el Sepblac– para que su caso sea investigado, así como para sancionar la ‘‘pasividad’’ del Banco Madrid.
Es de destacar que Banca Privat d‘Andorra (BPA) fue intervenida hace unos días por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra, tras una denuncia de Estados Unidos por el presunto delito de blanqueo de capitales (lavado de dinero) procedente del crimen organizado.
En su reporte de este caso, el propio medio de comunicación
español recuerda que dos semanas después de los comicios presidenciales
de 2012, López Obrador denunció que Peña Nieto ‘‘se benefició con dinero
de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de
dinero’’. El 19 de julio de ese año, La Jornada reportó que el
Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador como candidato,
entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral
(IFE) pruebas supervenientes relacionadas con un entramado de
operaciones que vinculaban a Banca Monex y otras empresas en un probable
financiamiento irregular a la campaña del entonces abanderado priísta.
Esa coalición entregó también esos elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre las empresas señaladas estaba Importadora y Comercializadora Efra, con domicilio en Calderón de la Barca 78, colonia Polanco, el mismo sitio donde se ubica el bufete GAP, encabezado por Fraga Peña.
El Mundo recuerda que López Obrador acusó al PRI de haber superado por mucho el tope legal de gastos de campaña y demandó la anulación de las elecciones. En contraparte, el tricolor negó las acusaciones y respondió que se trataba de una difamación, pese a que Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, y su hermano Emilio, reconocieron la propiedad de la empresa Efra, pero negaron irregularidades en el llamado Monexgate.
El 20 de julio de 2012, La Jornada dio a conocer que tanto Importadora y Comercializadora Efra SA de CV como Grupo Comercial Inizzio SA de CV, empresas que habrían usado al Banco Monex para transferir al menos 160 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto, son compañías cuyos objetos sociales van desde ‘‘distribución y comercio en general de toda clase de bienes y servicios’’ hasta la ‘‘distribución de carne y despojos de cerdo’’ o la ‘‘compra y venta de vinos, licores, alcohol y cerveza’’.
En febrero pasado, el TEPJF confirmó la resolución emitida por el IFE –hoy Instituto Nacional Electoral–, que concluyó que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de las tarjetas Monex durante la campaña electoral de 2012.
En julio de ese año, una investigación del equipo de la periodista Carmen Aristegui, ‘‘que fue retomada por La Jornada’’, reveló que la familia Fraga siempre ha estado vinculada al PRI: Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, fue titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la salida de Manuel Camacho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Esa coalición entregó también esos elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre las empresas señaladas estaba Importadora y Comercializadora Efra, con domicilio en Calderón de la Barca 78, colonia Polanco, el mismo sitio donde se ubica el bufete GAP, encabezado por Fraga Peña.
El Mundo recuerda que López Obrador acusó al PRI de haber superado por mucho el tope legal de gastos de campaña y demandó la anulación de las elecciones. En contraparte, el tricolor negó las acusaciones y respondió que se trataba de una difamación, pese a que Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, y su hermano Emilio, reconocieron la propiedad de la empresa Efra, pero negaron irregularidades en el llamado Monexgate.
El 20 de julio de 2012, La Jornada dio a conocer que tanto Importadora y Comercializadora Efra SA de CV como Grupo Comercial Inizzio SA de CV, empresas que habrían usado al Banco Monex para transferir al menos 160 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto, son compañías cuyos objetos sociales van desde ‘‘distribución y comercio en general de toda clase de bienes y servicios’’ hasta la ‘‘distribución de carne y despojos de cerdo’’ o la ‘‘compra y venta de vinos, licores, alcohol y cerveza’’.
En febrero pasado, el TEPJF confirmó la resolución emitida por el IFE –hoy Instituto Nacional Electoral–, que concluyó que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de las tarjetas Monex durante la campaña electoral de 2012.
En julio de ese año, una investigación del equipo de la periodista Carmen Aristegui, ‘‘que fue retomada por La Jornada’’, reveló que la familia Fraga siempre ha estado vinculada al PRI: Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, fue titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la salida de Manuel Camacho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
‘‘Familia ilustre’’
Padre e hijo son miembros de una ‘‘ilustre familia de
abogados que siempre ha estado ligada a las altas esferas de la
administración pública federal’’, reportó el equipo de Aristegui. El
abuelo de la familia, Gabino Fraga Magaña, fue un connotado jurista
originario de Morelia, que se desempeñó como ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la década de los 40 y luego fue
funcionario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
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