Cherán llama a comunidades a impedir instalación de casillas
31 de mayo de 2015
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Movilización de comuneros de Cherán. Foto: Octavio Gómez |
CHERÁN, Mich. (proceso.com.mx).- A siete días de la jornada
electoral en Michoacán, la comunidad purépecha de Cherán K’eri, llama a
los municipios, comunidades, rancherías y tenencias a que impidan la
instalación de casillas electorales el próximo domingo 7 de junio y a
que se organicen para hacerse cargo de su propia seguridad y del
resguardo de sus familias y de su territorio.
Y es que, afirma, los partidos políticos y los gobiernos en turno están vinculados con el crimen organizado pues el Estado protege los intereses capitalistas, particularmente a “la empresa trasnacional” del narcotráfico.
“Ante este escenario, nos piden que confiemos en ellos. Nosotros decimos ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad (…) Creemos firmemente que esta falsa democracia no es opción, pues es una simulación que beneficia solo a una minoría”, señala un comunicado del Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia, en el que dicen que la autonomía es posible y que cada vez serán más los pueblos que caminen al margen del Estado.
El pasado 3 de mayo se realizó la elección por usos y costumbres de los 12 keris que integrarán el nuevo Consejo de Mayores de Cherán, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y que sustituirá al primer gobierno comunal elegido en 2012.
Los actuales encargados de la impartición de justicia en la comunidad también denuncian que, desde que inició su movimiento el 15 de abril de 2011, cuando se rebelaron contra los talamontes, el Estado “ha tratado de desarticularnos” a través del despliegue de estrategias de contrainsurgencia, que van desde agresiones directas hasta la dilación de justicia para los asesinados y desaparecidos, y la implementación de programas sociales “para la compra de conciencias y la cooptación de nuestra gente”.
Una de las presiones recurrentes ha sido a través del gobierno de Michoacán. En distintas ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública estatal trató de “corrompernos y cooptarnos” para que la ronda comunitaria entrara al Mando Único y “así vulnerar nuestra seguridad”, señalan el Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia.
La ronda comunitaria se ha mantenido bajo el mandato de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal de Cherán, que se ha convertido en los últimos años en una isla de seguridad en un estado convulsionado por la violencia.
El concejo también conocido coloquialmente como de “Honor y Justicia” o “HJ” comenzó a existir en 2012 como parte del gobierno comunal y con la encomienda de impartir una justicia basada en la oralidad, la reparación del daño y la conciliación, para lo cual la comunidad creó un reglamento interno.
Tanto a sus integrantes como a los de la ronda comunitaria, el gobierno de Michoacán les ha ofrecido altos salarios para que cedan a la presión de adherirse al Mando Único, lo cual no han aceptado hasta la fecha.
Es así que las autoridades recién electas que darán continuidad a este proyecto de construcción de autonomía, tendrán el reto de mantener la postura de no permitir que el gobierno federal y estatal vuelvan a tener el control de la seguridad de Cherán y desintegren a la ronda comunitaria, que a la fecha mantiene tres barricadas en la entrada del pueblo y un grupo de guardabosques que resguarda su territorio.
El Concejo de “Honor y Justicia” también advierte que nunca se cumplió la exigencia de hacer justicia a los caídos y desaparecidos de Cherán, pues el poder judicial estatal y federal han hecho que todo el proceso sea “un calvario tortuoso para los familiares, haciéndoles perder tiempo y dinero en reuniones con autoridades que siempre se culpan sobre la falta de avances: los jueces dicen que los ministerios públicos tienen la culpa y viceversa, cuando en realidad existe una política de Estado para no buscar a los desaparecidos y para olvidar el dolor que sufren miles de familias”.
Las esposas y hermanos de los cinco desaparecidos de Cherán han tenido que hacer lo mismo que miles familias en el país que buscan a sus seres queridos: cavan cerros, se meten a ranchos peligrosos a preguntar, investigan la ubicación de fosas o aserraderos clandestinos, entregan información a los ministerios públicos y hacen hasta lo imposible por encontrar a su gente, mientras que las investigaciones siguen en lo mismo: en cero.
Fuente
Y es que, afirma, los partidos políticos y los gobiernos en turno están vinculados con el crimen organizado pues el Estado protege los intereses capitalistas, particularmente a “la empresa trasnacional” del narcotráfico.
“Ante este escenario, nos piden que confiemos en ellos. Nosotros decimos ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad (…) Creemos firmemente que esta falsa democracia no es opción, pues es una simulación que beneficia solo a una minoría”, señala un comunicado del Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia, en el que dicen que la autonomía es posible y que cada vez serán más los pueblos que caminen al margen del Estado.
El pasado 3 de mayo se realizó la elección por usos y costumbres de los 12 keris que integrarán el nuevo Consejo de Mayores de Cherán, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y que sustituirá al primer gobierno comunal elegido en 2012.
Los actuales encargados de la impartición de justicia en la comunidad también denuncian que, desde que inició su movimiento el 15 de abril de 2011, cuando se rebelaron contra los talamontes, el Estado “ha tratado de desarticularnos” a través del despliegue de estrategias de contrainsurgencia, que van desde agresiones directas hasta la dilación de justicia para los asesinados y desaparecidos, y la implementación de programas sociales “para la compra de conciencias y la cooptación de nuestra gente”.
Una de las presiones recurrentes ha sido a través del gobierno de Michoacán. En distintas ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública estatal trató de “corrompernos y cooptarnos” para que la ronda comunitaria entrara al Mando Único y “así vulnerar nuestra seguridad”, señalan el Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia.
La ronda comunitaria se ha mantenido bajo el mandato de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal de Cherán, que se ha convertido en los últimos años en una isla de seguridad en un estado convulsionado por la violencia.
El concejo también conocido coloquialmente como de “Honor y Justicia” o “HJ” comenzó a existir en 2012 como parte del gobierno comunal y con la encomienda de impartir una justicia basada en la oralidad, la reparación del daño y la conciliación, para lo cual la comunidad creó un reglamento interno.
Tanto a sus integrantes como a los de la ronda comunitaria, el gobierno de Michoacán les ha ofrecido altos salarios para que cedan a la presión de adherirse al Mando Único, lo cual no han aceptado hasta la fecha.
Es así que las autoridades recién electas que darán continuidad a este proyecto de construcción de autonomía, tendrán el reto de mantener la postura de no permitir que el gobierno federal y estatal vuelvan a tener el control de la seguridad de Cherán y desintegren a la ronda comunitaria, que a la fecha mantiene tres barricadas en la entrada del pueblo y un grupo de guardabosques que resguarda su territorio.
El Concejo de “Honor y Justicia” también advierte que nunca se cumplió la exigencia de hacer justicia a los caídos y desaparecidos de Cherán, pues el poder judicial estatal y federal han hecho que todo el proceso sea “un calvario tortuoso para los familiares, haciéndoles perder tiempo y dinero en reuniones con autoridades que siempre se culpan sobre la falta de avances: los jueces dicen que los ministerios públicos tienen la culpa y viceversa, cuando en realidad existe una política de Estado para no buscar a los desaparecidos y para olvidar el dolor que sufren miles de familias”.
Las esposas y hermanos de los cinco desaparecidos de Cherán han tenido que hacer lo mismo que miles familias en el país que buscan a sus seres queridos: cavan cerros, se meten a ranchos peligrosos a preguntar, investigan la ubicación de fosas o aserraderos clandestinos, entregan información a los ministerios públicos y hacen hasta lo imposible por encontrar a su gente, mientras que las investigaciones siguen en lo mismo: en cero.
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