El contrasentido de México al acuerdo COP21
En la reunión se pactaron acuerdos y compromisos
Los acuerdos a que mandatarios de todo
el mundo llegaron en la 21 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático
(COP21), celebrada en París, pueden quedar en el nivel de los buenos
propósitos en que se anclaron pactos ambientales como el Protocolo de
Kyoto, al que países como Estados Unidos —segundo mayor emisor de gases
en el mundo—, se negaron a ratificar por no atentar contra los intereses
de sus poderosas empresas petroleras que como Exxon/Mobil han hecho de
la contaminación y degradación de los recursos naturales de muchos
países del mundo un negocio redituable con la explotación de
hidrocarburos.
Aunque en la reunión internacional se
pactaron acuerdos y compromisos, se careció del establecimiento de un
mecanismo que sancione a los gobiernos que no cumplan a cabalidad con la
reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, como es el
caso de naciones emergentes como China, principal emisor del mundo.
Aun cuando el encuentro gozó de una
espectacularidad mediática, el asunto quedó reducido al ámbito político
dejando intacto el análisis crítico de un contexto económico que a nivel
internacional mantiene intacto el brutal desequilibrio entre los países
ricos y pobres como resultado de un modelo económico impulsado por los
organismos internacionales que privilegia los intereses de las poderosas
trasnacionales, bajo la protección de gobiernos neoliberales. Situación
que anula la verdadera aplicación de las políticas ambientales y el
castigo a los responsables de estar envenenando el planeta.
Si bien los efectos del cambio climático
ya se reflejan en la fuerza descomunal de fenómenos naturales como
huracanes y los tsunamis que traen destrucción e inundaciones atípicas,
devastando cada año amplias regiones de los países en desarrollo y
dejando en la miseria a miles de personas, para muchos gobiernos esto
lejos de preocuparles les genera un nuevo filón de corrupción al
destinar importantes recursos públicos para las labores de
“reconstrucción”, que vía las asignaciones de contratos les reportan
millonarias ganancias ilícitas.
Es preocupante que mientras en el
planeta van camino a la extinción decenas de especies, se insista en
alentar políticas públicas que en aras de un errado modelo neoliberal
permitan a empresarios voraces como los del sector minero seguir
contaminando tierras de cultivo y ríos, como sucedió hace unas semanas
en Zacatecas, en la mina Saucito, propiedad del dueño de Grupo Peñoles y
recién condecorado por el Senado con la medalla Belisario Domínguez,
Alberto Bailleres, donde se derramaron al medio ambiente 600 toneladas
de residuos contaminados con metales pesados y sustancias químicas
peligrosas.
Hace apenas un año, en la Unidad Noche
Buena de la Minera Penmont —otra de las empresas de Bailleres—, de
Caborca, Sonora, sucedió algo similar con el derrame de 82 mil litros de
cianuro, pero de manera increíble las autoridades sanitarias y
ambientales de nuestro país han permitido que estos delitos ambientales
se cometan y repitan con absoluta impunidad y ahora se autoriza, vía la
Reforma Energética, la extracción del gas de Lutitas mediante el sistema
de fracking que implicará el uso de miles de metros cúbicos de
agua que terminarán contaminando con sustancias tóxicas mantos
freáticos y recursos hídricos por todo el país.
¿No es esto un claro contrasentido a lo asentado en el acuerdo de París?
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