Costos de “modernizar” el tratado con Europa
Revista Siempre!
Por Martín Esparza Flores
/
Martín Esparza Flores
La empresa Telefónica, dirigida hasta hace poco por el secretario de
Hacienda del sexenio foxista, Gil Díaz, exige el resarcimiento de mil
millones de dólares por daños.
Los TLC arruinaron la economía nacional/I
A 22 años de que en el gobierno de
Carlos Salinas México firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, el llamado TLCAN o NAFTA (por sus siglas en inglés),
los saldos que este acuerdo internacional, y otros subsecuentes, han
reportado a la economía nacional son realmente desastrosos; y lejos de
buscar una renegociación que enmiende sus desiguales contenidos que han
dejado inermes las leyes mexicanas frente a las multinacionales, ahora
se anuncia una modernización en otros mecanismos bilaterales de
inversión como el que nuestro país sostiene desde el año 2000 con la
Unión Europea (UE), firmado en 1999 por el tecnócrata Ernesto Zedillo.
Es indispensable que en el actual
momento de crisis generalizada que enfrenta la nación se delibere la
conveniencia de seguir inmersos en el cumplimiento de estos convenios
internacionales donde México, su economía y sus millones de habitantes
siempre han llevado la de perder. La intención de esta serie de
artículos es señalar a los verdaderos beneficiados con estas desiguales
alianzas comerciales de la globalización y sus arbitrarias reglas del
juego.
El pasado mes de mayo estuvo en nuestro
país la alta comisionada de la Unión Europea para Asuntos de Relaciones
Exteriores y Seguridad, Federica Mogherini, para reunirse con
funcionarios mexicanos, entre ellos, la canciller Claudia Ruiz Massieu y
el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, con el único propósito de
iniciar las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre
Comercio México-Unión Europea (TLCUEM), que entró en funciones hace 15
años entre México y la países miembros de la UE.
Como en el caso del Tratado de
Asociación Transpacífico (TTP), anunciado de manera por demás sorpresiva
por las autoridades mexicanas en octubre del pasado año, y que se prevé
representa un atentado contra industrias como la farmacéutica, en este
propósito renovador se busca modificar el contenido del TLCUEM, pues la
pretensión toral de la alta comisionada es obtener de nuestro país la
aprobación para incluir un capítulo concerniente a la “protección de las
inversiones”, blindando en el terreno jurídico, y de manera absoluta,
los intereses de las trasnacionales y de los oligarcas del viejo
continente, mediante la instauración del Sistema de Tribunales de
Inversiones (ICS), que les permitirá impugnar legislaciones de interés
público en México y en Europa.
Este proteccionismo legal hacia los
inversionistas extranjeros y sus firmas trasnacionales les ha permitido
interponer multimillonarias demandas en contra del Estado mexicano y de
otros países en vías de desarrollo. Al someterse a los arbitrajes
internacionales las leyes y hasta la soberanía misma de las naciones
pasan a ser letra muerta. Tras la firma de los TLC, nuestro país ha sido
demandado en 23 ocasiones por consorcios foráneos que han exigido
indemnizaciones por 246 millones de dólares más los intereses generados
en los litigios. La empresa ibérica Telefónica, dirigida hasta hace poco
por el secretario de Hacienda del sexenio foxista Francisco Gil Díaz,
exige el resarcimiento de mil millones de dólares por daños ocasionados a
causa de la reforma a las telecomunicaciones. Y para desgracia del
erario nacional, podría ganar la demanda.
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