2016 mal año para los trabajadores del conocimiento

Carlos Guillén S.
Secretario del Exterior del Sindicato Unico
de Trabajadoresde la Industria Nuclear, SUTIN
A punto de terminar 2016 el balance para los trabajadores universitarios, de investigación y cultura, como para la mayoría de trabajadores mexicanos, no es muy alentador. El salario continuó su caída y el empleo siguió siendo insuficiente, mientras las amenazas a la seguridad social continúan.
Empezó el calendario con el despido de la secretaria general y otros integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, quienes recibieron el mismo trato que los profesores de esa universidad despedidos injustificadamente desde 2013. Previamente, a los dos sindicatos de esa institución (de trabajadores académicos y administrativos) se les pidió desocupar las instalaciones que ocupaban, con la clara intención de dejar a los trabajadores sin posibilidades de defensa o por lo menos con mayores dificultades.
Las revisiones contractuales realizadas desde los primeros meses de 2016, como es costumbre hace años, se vieron limitadas al tope salarial, continuando el deterioro de los ingresos de los trabajadores. En algunos casos, ante las condiciones especialmente negativas para los trabajadores, fue necesario colocar las banderas de huelga, como en el caso del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD), quienes tomaron tal decisión en demanda de ser afiliados a algún sistema de seguridad social. Al igual que a los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al SIATCIAD la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les negó con pretextos sin fundamento alguno, el ejercicio del derecho de huelga. No obstante, los trabajadores sostuvieron casi dos semanas una huelga que el propio gobierno reconoció en los hechos al llamar a negociar al sindicato, aunque posteriormente, en un afán de simular una inexistente paz laboral, los funcionarios del trabajo, negaran que se hubiera realizado una huelga.
Agresión similar recibieron los universitarios michoacanos, al serles declarada su huelga con la categoría –inventada por la junta local de conciliación y arbitraje- como de puertas abiertas. Con esto, la junta se puso al margen de la legislación laboral mexicana y aun contra los convenios internacionales que reconocen el derecho de huelga. Trabajadores industriales, como los de la Sección 271 del sindicato minero metalúrgico y de Nissan, también vieron sus huelgas como inexistentes a los ojos y estadísticas de la Secretaría de Trabajo, aunque en ambos casos, hubo negociaciones victoriosas para los trabajadores.
Una particularidad de los trabajadores del conocimiento, especialmente los académicos, es su alta edad promedio. Esto se debe a la prácticamente inexistente contratación de nuevos trabajadores y a las pobres condiciones para la jubilación del personal, lo que tiene como resultado que en muchas instituciones educativas y de investigación, haya profesores e investigadores que prácticamente están muriendo en el aula o en el laboratorio, al tiempo que jóvenes egresados de las universidades están en el desempleo o en empleos precarios, aun en instituciones educativas y de investigación.
En el caso de la seguridad social, cada vez son más frecuentes los conflictos derivados de la insuficiencia presupuestal que autoridades universitarias alegan como resultado de las pensiones, pero que tienen su origen en el desinterés gubernamental en la educación e investigación y que se ven agravados por malos manejos de fondos para pensiones. En las universidades de Zacatecas y Yucatán, como antes ocurrió en Colima, se han producido fuertes conflictos por estos motivos.
Un asunto que afectó nuevamente a estos sectores de trabajadores es el recorte presupuestal al gasto social. Desde el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se anunciaron diversos recortes. Al CONACyT, a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), se les recortó la asignación presupuestal, mientras en rubros como el servicio de la deuda, las fuerzas armadas y la alta burocracia, no hubo recorte alguno. Sólo la lucha conjunta de algunos sindicatos de centros de investigación y de la cultura logró que el recorte fuera un poco menor.
Este año, continuó la negativa a cumplir acuerdos pactados entre instituciones y sindicatos, en algunos casos con la participación del legislativo. En esta situación están el Colegio de Bachilleres, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias y el INAOE, así como la Universidad Autónoma Chapingo.
En el caso de los trabajadores de las instituciones de cultura, la creación de la secretaría de estado del ramo, ni vino a fijar una política cultural, ni ha derivado en el respeto a los derechos de los trabajadores como se prometió cuando se creó la nueva secretaría. Peor aún, al llegar el fin de año, hay graves retrasos en los pagos de salarios devengados y prestaciones a los trabajadores de Bellas Artes y de antropología.
El panorama para 2017 no es alentador. Entre las amenazas que acechan, está la proyectada reforma a la educación superior impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en colaboración con integrantes del Senado. Aunque aún no hay un proyecto formal de reforma, lo que se ha conocido da continuidad a la llamada reforma educativa y está basada más en la entrada de la iniciativa privada a la educación que en el fortalecimiento de las instituciones para buscar soluciones a los problemas nacionales. Se avanza al mismo tiempo en la reforma a la seguridad social en un camino privatizador, lo que también es una amenaza a los trabajadores del conocimiento.
No obstante, en medio del sombrío panorama para estos sectores de trabajadores, a fin de año, la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología y la institución, constituyó una victoria para los trabajadores en aspectos de tanta importancia como el derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva.

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