2016 mal año para los trabajadores del conocimiento
Carlos Guillén S.
Secretario del Exterior del Sindicato Unico
Secretario del Exterior del Sindicato Unico
de Trabajadoresde la Industria Nuclear, SUTIN
A
punto de terminar 2016 el balance para los trabajadores universitarios,
de investigación y cultura, como para la mayoría de trabajadores
mexicanos, no es muy alentador. El salario continuó su caída y el empleo
siguió siendo insuficiente, mientras las amenazas a la seguridad social
continúan.
Empezó el calendario con el despido de la
secretaria general y otros integrantes del Comité Ejecutivo del
Sindicato de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, quienes recibieron el mismo trato que los profesores de
esa universidad despedidos injustificadamente desde 2013. Previamente, a
los dos sindicatos de esa institución (de trabajadores académicos y
administrativos) se les pidió desocupar las instalaciones que ocupaban,
con la clara intención de dejar a los trabajadores sin posibilidades de
defensa o por lo menos con mayores dificultades.
Las revisiones contractuales realizadas desde
los primeros meses de 2016, como es costumbre hace años, se vieron
limitadas al tope salarial, continuando el deterioro de los ingresos de
los trabajadores. En algunos casos, ante las condiciones especialmente
negativas para los trabajadores, fue necesario colocar las banderas de
huelga, como en el caso del Sindicato Auténtico de Trabajadores del
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD), quienes
tomaron tal decisión en demanda de ser afiliados a algún sistema de
seguridad social. Al igual que a los trabajadores del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, al SIATCIAD la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje les negó con pretextos sin fundamento alguno, el ejercicio del
derecho de huelga. No obstante, los trabajadores sostuvieron casi dos
semanas una huelga que el propio gobierno reconoció en los hechos al
llamar a negociar al sindicato, aunque posteriormente, en un afán de
simular una inexistente paz laboral, los funcionarios del trabajo,
negaran que se hubiera realizado una huelga.
Agresión similar recibieron los
universitarios michoacanos, al serles declarada su huelga con la
categoría –inventada por la junta local de conciliación y arbitraje-
como de puertas abiertas. Con esto, la junta se puso al margen de la
legislación laboral mexicana y aun contra los convenios internacionales
que reconocen el derecho de huelga. Trabajadores industriales, como los
de la Sección 271 del sindicato minero metalúrgico y de Nissan, también
vieron sus huelgas como inexistentes a los ojos y estadísticas de la
Secretaría de Trabajo, aunque en ambos casos, hubo negociaciones
victoriosas para los trabajadores.
Una particularidad de los trabajadores del
conocimiento, especialmente los académicos, es su alta edad promedio.
Esto se debe a la prácticamente inexistente contratación de nuevos
trabajadores y a las pobres condiciones para la jubilación del personal,
lo que tiene como resultado que en muchas instituciones educativas y de
investigación, haya profesores e investigadores que prácticamente están
muriendo en el aula o en el laboratorio, al tiempo que jóvenes
egresados de las universidades están en el desempleo o en empleos
precarios, aun en instituciones educativas y de investigación.
En el caso de la seguridad social, cada vez
son más frecuentes los conflictos derivados de la insuficiencia
presupuestal que autoridades universitarias alegan como resultado de las
pensiones, pero que tienen su origen en el desinterés gubernamental en
la educación e investigación y que se ven agravados por malos manejos de
fondos para pensiones. En las universidades de Zacatecas y Yucatán,
como antes ocurrió en Colima, se han producido fuertes conflictos por
estos motivos.
Un asunto que afectó nuevamente a estos
sectores de trabajadores es el recorte presupuestal al gasto social.
Desde el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017,
se anunciaron diversos recortes. Al CONACyT, a la Secretaría de Cultura,
al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), se
les recortó la asignación presupuestal, mientras en rubros como el
servicio de la deuda, las fuerzas armadas y la alta burocracia, no hubo
recorte alguno. Sólo la lucha conjunta de algunos sindicatos de centros
de investigación y de la cultura logró que el recorte fuera un poco
menor.
Este año, continuó la negativa a cumplir
acuerdos pactados entre instituciones y sindicatos, en algunos casos con
la participación del legislativo. En esta situación están el Colegio de
Bachilleres, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias y el INAOE, así como la Universidad Autónoma
Chapingo.
En el caso de los trabajadores de las
instituciones de cultura, la creación de la secretaría de estado del
ramo, ni vino a fijar una política cultural, ni ha derivado en el
respeto a los derechos de los trabajadores como se prometió cuando se
creó la nueva secretaría. Peor aún, al llegar el fin de año, hay graves
retrasos en los pagos de salarios devengados y prestaciones a los
trabajadores de Bellas Artes y de antropología.
El panorama para 2017 no es alentador. Entre
las amenazas que acechan, está la proyectada reforma a la educación
superior impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior en colaboración con integrantes del
Senado. Aunque aún no hay un proyecto formal de reforma, lo que se ha
conocido da continuidad a la llamada reforma educativa y está basada más
en la entrada de la iniciativa privada a la educación que en el
fortalecimiento de las instituciones para buscar soluciones a los
problemas nacionales. Se avanza al mismo tiempo en la reforma a la
seguridad social en un camino privatizador, lo que también es una
amenaza a los trabajadores del conocimiento.
No obstante, en medio del sombrío panorama
para estos sectores de trabajadores, a fin de año, la firma del Contrato
Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto
Mexicano de Tecnología y la institución, constituyó una victoria para
los trabajadores en aspectos de tanta importancia como el derecho a la
organización sindical y a la contratación colectiva.
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