La inevitable liberación de los precios de la electricidad
Los
buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en
beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en
la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación
de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío
de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último,
encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará
servicio a los usuarios calificados.
Al agotarse los tiempos para iniciar la
operación de los cambios anunciados aparece en la escena de los
desencantos otro de los factores que terminará de echar por tierra la
promesa oficial de una baja en las tarifas de los consumidores
domésticos y que, seguramente, se ha ido aplazando por lo complicado del
escenario electoral del presente año, sobre todo en el Estado de
México, y la elección presidencial de 2018.
Esto es el fin de los subsidios que impactará a la frágil economía de los que menos tienen y que nuestros flamantes
legisladores se encargaron de borrar en el texto del artículo 139 de la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cuyo contenido se lee:
“La CRE aplicará las metodologías para
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas
máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales
del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas
para determinar dichas tarifas y precios.
“El Ejecutivo federal podrá determinar
mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las
tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos grupos
de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará
transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE.”
En la redacción final ya no está
presente la obligación a que haya tarifas subsidiadas, únicamente abre
la posibilidad de que así sea, otorgando por entero esa decisión al
Ejecutivo federal. Si se toma en cuenta que los aumentos escalonados que
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido aplicando desde
hace 2 años a las industrias, comercios y usuarios de alto consumo
doméstico, excusando el alza en los combustibles, como el diésel, gas y
combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación,
lo mismo que los índices inflacionarios, es claro suponer que tarde o
temprano este argumento servirá de pretexto para retirar de manera
definitiva los subsidios a millones de familias, una vez que pasen las
elecciones para no acrecentar el hartazgo social brotado luego de los gasolinazos de enero pasado.
Otro de los objetivos de la reforma fue
eliminar las barreras para promover la competencia entre generadores
públicos y privados en el mercado eléctrico mayorista brindando
servicios a los llamados usuarios calificados, pero dejando el control y
operación de la red eléctrica a la CFE, a través del Cenace, organismo
encargado también de operar el funcionamiento de este mercado y la
fijación de precios para, supuestamente, garantizar la libre competencia
de manera equitativa e imparcial.
En la ley reglamentaria de la industria
eléctrica se establece que el Cenace es un “organismo público
descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico
nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y
no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las
redes generales de distribución”.
Los diputados y senadores que votaron a
favor de quitar la generación y comercialización de la electricidad en
el ámbito de la Constitución, abriendo el sector a la inversión privada y
a las leyes del libre mercado, no tuvieron el cuidado de establecer en
las leyes secundarias las características necesarias y reglas claras que
habrían de regir a este modelo de operador que tienen bajo su
responsabilidad la programación y desarrollo de proyectos de generación,
así como el surgimiento de un mercado competitivo, tal y como lo
estableció el discurso oficial.
Surgido del seno mismo de la CFE, el
Cenace dista de ser una entidad independiente y desligada de los
intereses de la ahora empresa productiva del Estado: su estructura y
equipo humano siguen teniendo la camiseta de la Comisión
Federal de Electricidad, no alcanzando a entender su papel como el
regulador del mercado eléctrico que la ley le asigna.
Y así como la CRE determina los precios
de la electricidad con base en el costo de los combustible y de la
inflación, el Cenace vienen manipulando, en el área de su competencia,
los precios de la energía generada en las plantas térmicas, eólicas,
solares e hidroeléctricas a su libre albedrío, buscando proteger los
intereses de la CFE y dando al traste con la apertura del mercado que
garantice una verdadera competencia en el campo de las energía limpias.
Una contradicción más entre lo plasmado en las leyes y lo que se aplica
en la realidad.
Resulta inconcebible, y doblemente absurdo, que con los recursos públicos se esté permitiendo que la CFE opere un dumping
en el mercado eléctrico; éste año la exparaestatal ejercerá un
presupuesto de 400 mil millones de pesos, con lo que se encuentra en
franca ventaja hacia sus competidores privados al obstaculizar, con la
ayuda del Cenace, la aplicación de nuevas reglas; reservándose, por
ejemplo, el acceso a la red y a la certificación de medidores, y
lanzando veladas amenazas para los usuarios calificados que buscan
obtener mejores precios contratando con otras empresas.
No hay que olvidar que es este sector de
clientes –entre los que se cuentan fábricas, parques industriales,
hospitales, bancos, hoteles, cadenas de tiendas comerciales, municipios y
un sinfín de áreas productivas que mueven la economía del país– el que
representa más del 50 por ciento de los ingresos de la CFE. El trasfondo
que está impidiendo una competencia real y la consecuente reducción en
las tarifas.
Cabe preguntar hasta cuándo las
autoridades seguirán permitiendo esta simulación en los precios de la
electricidad y su autoengaño para retardar la aplicación de las nuevas
reglas del mercado eléctrico nacional establecidas en la reforma
energética.
Es momento que los descuidados
legisladores reflexionen que del desempeño del Cenace dependerá en buena
medida el éxito o el fracaso de la reforma, en cuanto al sector
eléctrico se refiere, dándose a la tarea de revisar las leyes
secundarias para acotar la parcialidad del organismo en favor de la CFE.
Y de paso, garantizar una tarifa social en pro de las familias de
escasos recursos, ante el inminente retiro de los subsidios. Algo que se
han guardado bien de ocultar al país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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