Avión presidencial, ¿también responsable de atrasos en vuelos?
En la Terminal
Dos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México,
llama la atención una serie de carteles apostados en las puertas de
abordaje, donde el gobierno de México –en vez de despedir a quienes se
van o dar la bienvenida a quienes llegan– explica que los constantes
retrasos en los vuelos comerciales no son culpa del “avión
presidencial”.
No
es broma: la administración de Enrique Peña Nieto no sólo enfrenta el
rechazo social porque la aeronave es excesivamente lujosa y ha costado
al menos 6 mil 769.9 millones de pesos al erario, sino también por los
inconvenientes que genera su propia operación.
Y por ello ahora gasta nuestros impuestos en esta publicidad oficial, para tratar de lavarle la cara a la ostentosa aeronave que, según se ha denunciado, incluye un restaurante y hasta alcoba presidencial.
Lo que es un hecho es que sigue siendo
un continuo malestar entre decenas de pilotos de distintas aerolíneas,
quienes ante los reclamos de los usuarios han dicho claramente que los
atrasos son precisamente culpa de ese costoso avión que usa el
presidente Peña y que arribó a México en 2016.
Y aunque el gobierno federal asegure que
ello es falso, ¿quiénes, si no los operadores de los vuelos comerciales
–que constantemente arriban y despegan de este aeropuerto– podrían
saber lo que realmente ocurre en él?
Según denuncian los pilotos, por
supuestas razones de “seguridad” establecidas en los protocolos
presidenciales, para su operación es necesario parar durante algunos
minutos el resto de las maniobras, por lo que el avión presidencial
acaba retrasando la llegada y la salida de las aeronaves comerciales.
Cada semana, el ya famoso Boeing 787-8
–de nombre José María Morelos y Pavón– realiza en promedio ocho
operaciones: cuatro despegues y cuatro aterrizajes, indica la
información oficial de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano.
Según la explicación del gobierno
federal, que omite ese dato de las ocho maniobras semanales, las
operaciones oficiales causan el 0 por ciento de los atrasos.
En la publicidad de los carteles se lee:
“en repetidas ocasiones, pilotos de aerolíneas comerciales han
justificado ante pasajeros que el retraso de los vuelos a su cargo se ha
debido a operaciones del avión presidencial. Eso es falso”.
Y agrega: “la estadística demuestra que
66 por ciento de las demoras son responsabilidad de las aerolíneas y 0
por ciento es imputable a vuelos oficiales”.
E incluye una gráfica pastel, donde
asegura que el retraso en 46 mil 704 vuelos, lo que representan el 66
por ciento, es responsabilidad de las propias aerolíneas; en 18 mil 597,
el 26 por ciento, son por el clima; en 5 mil 560, el 8 por ciento, por
el aeropuerto; y 0, por las operaciones oficiales. Lo cierto es que
miles de pasajeros sufren todos los días atrasos y cancelaciones, sin
que nadie se haga responsable de ello.
El rechazo a la ostentosa aeronave
Desde que el presidente Peña anunció la
adquisición de ese avión, la sociedad manifestó su abierto rechazo. Así
quedó manifestado incluso en la encuesta de Parametría, aplicada entre
enero y febrero de 2016, en la que el 75 por ciento de los encuestados
estuvo en desacuerdo y sólo el 13 por ciento indicó que estuvo bien la
compra.
En un país tan miserable como lo es
México, donde centenas de personas mueren por hambre y enfermedades
curables, el despilfarro en ese avión sin duda es insultante.
Y es que más de 53 millones de mexicanos
enfrentan una situación de pobreza, según las cifras oficiales; es
decir que el número real de pobres podría ser superior a los 80 millones
de personas, pues las estadísticas del gobierno permanentemente se
manipulan para mostrar una situación menos lacerante que la realidad.
Esos mexicanos, que no tienen siquiera
que comer, nunca han viajado en avión. Menos aún pisarán algún día una
aeronave tan ostentosa como la que abordan constantemente Peña Nieto, su
familia y amigos, a costa de nuestros impuestos.
La mayoría de mexicanos en pobreza ni
siquiera puede transportarse al hospital más cercano a su comunidad
cuando tiene una urgencia médica, simplemente porque en esas zonas donde
habitan no hay caminos.
Y es que para el gobierno –en sus tres
niveles– no es rentable construir carreteras en ciertas áreas rurales,
porque en esos pueblos ni siquiera hay comercio por las carencias que
enfrenta la población. Pero para comprar un pomposo avión sí hay
recursos y eso sí es rentable a la administración federal, que tanto
defiende ese gasto.
Con estos niveles tan profundos de
pobreza y marginación que padecemos, los casi 7 mil millones de pesos
que se gastaron en la aeronave podrían haberse empleado en esos caminos
que tanta falta hacen a los pueblos más humildes. O podrían haberse
destinado a otras urgencias sociales, como la construcción y mejora de
hospitales públicos y escuelas rurales. Pero no, los pobres no son
prioridad, como sí lo es el confort de quien nos gobierna.
Por eso el gobierno decidió gastar el
multimillonario recurso público en una aeronave con todas las
comodidades para el presidente y su familia: ese avión ha estado
dispuesto para los viajes que la consorte y sus hijos, así como los
hijos del mandatario han hecho al extranjero, muchos de ellos ventilados
en la prensa por ser a las tiendas de las marcas más caras del mundo.
Según los datos de la Presidencia, el
avión José María Morelos y Pavón es tan grande que tiene la capacidad de
transportar 80 pasajeros. El que le precedió, de nombre Presidente
Juárez, era menos fastuoso: tenía capacidad para un máximo de 60
personas, por lo cual resulta injustificable tanto gasto y lujo.
La aeronave que el candidato Andrés
Manuel López Obrador ha prometido vender en caso de llegar a la
Presidencia, y que utilizaría cualquier otro de los candidatos y su
familia en caso de ganar –pues hasta ahora ni José Antonio Meade,
Ricardo Anaya, Margarita Zavala ni Jaime Rodríguez han dicho que se
desharán de él–, cuenta con equipos en telecomunicaciones satelitales e
internet.
Su vida útil se estima en 25 años, por
lo que estaría en servicio hasta 2040, señala la información oficial.
Veinticinco años de insulto a este pueblo de México que tanto ha sufrido
por los excesos, la corrupción e impunidad de sus gobernantes.
Nancy Flores
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