Órgano español de prevención de blanqueo de capitales también investiga red de lavado de Anaya
Ricardo Anaya. Foto: Eduardo Miranda
Esta es la segunda denuncia anónima que se presenta ante instancias españolas señalando a Anaya y a un grupo de empresarios como parte de la presunta trama.
Sin embargo, en esta segunda denuncia anónima, el diario digital publica en su sitio de internet que el Banco de España selló de recibida la denuncia en una “comunicación de operativa sospechosa por indicios”.
Y de acuerdo con las fuentes consultadas por el referido medio, sí se habría abierto dicha investigación.
Consultado por Apro, el Banco de España precisó que forman parte del Sepblac junto con otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia y de Economía, cuyos esfuerzos conjuntos están enfocados al combate al blanqueo de capitales. El Banco fue el canal de recepción de dicha denuncia contra Anaya, sin embargo, no pueden informar si hay o no una investigación al respecto.
Desde el Ministerio de Economía del gobierno español se aclaró a esta agencia que los asuntos que tienen que ver con Sepblac son confidenciales.
El 23 de abril, el diario digital El Español publicó una nota donde aludía a una “investigación de las autoridades judiciales europeas” contra el mismo esquema de blanqueo de capitales que se atribuye a Anaya y un grupo de testaferros.
Ambas denuncias tienen como fecha de presentación el 20 de abril, solo que ésta era dirigida a los juzgados de instrucción de Madrid y la que refiere el digital OKDiario está dirigida a Sepblac, la instancia cuya tarea es la prevención de actividades de blanqueo de capitales y las infracciones monetarias.
Ambas denuncias presentadas ante instancias españolas, surge después de las acusaciones presentadas en febrero pasado en la prensa mexicana, cuando se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) estudia la venta de una nave industrial perteneciente a Anaya en el estado mexicano de Querétaro.
Según esta información, el hoy aspirante presidencial vendió el inmueble a la empresa Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro, a través de un testaferro Juan Pablo Olea Villanueva.
Según la denuncia la compra de la nave industrial fue realizada por medio de una empresa pantalla y, supuestamente, esa operación tenía como propósito financiar al candidato.
Sugiere que el dinero utilizado para la operación tiene orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y Olea tienen negocios que presentan incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, como inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero.
Las 14 empresas que aparecen como propiedad de Olea fueron constituidas y operadas entre 1996 y 2017, varias de ellas son las taquerías La Lupita en Madrid, Gymtonic Sport SL, y una empresa de venta de flores.
Entre los socios de estas empresas aparecen “empresarios españoles” como son Francisco Javier Soriano Rouco y Jaime Luis Pucho de Celis, el primero señalado como propietario de una plataforma web acusada de espionaje, y el segundo pesa con graves acusaciones de fraude y malversación de fondos en 1999.
De hecho, en mayo de 2017, el diputado de Partido Popular (PP), Jesús Gómez, declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación al caso Lezo, en el que relaciona el espionaje político iniciado por el entonces presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, y una serie de despachos de abogados y sociedades, en las que aparece Soriano Rouco como administrador único de la página Estrella Digital, relacionada con esa trama.
Con relación al caso de Anaya, según fuentes consultadas por OKDiario, tanto Barreiro como Olea podrían ser llamados a declarar ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid, y “tampoco se descarta la posibilidad de eventualmente convocar al propio Ricardo Anaya”, señala.
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