Gobiernos "no deben temer" a proyectos de inversión con la IP

Susana González G.

 

Periódico La Jornada
Jueves 18 de octubre de 2018, p. 22

Las autoridades mexicanas deben perderle miedo a los proyectos de inversión público-privados y la gente de la calle tiene que conocer los beneficios que implican para su vida diaria, sin que se satanice los rendimientos que obtiene la iniciativa privada (IP), coincidieron en señalar los participantes en el décimo Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Juan Alberto Laeautaud Sunderland, presidente en México de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, el cual maneja 6.28 billones de dólares, explicó que los inversionistas en infraestructura requieren tres cosas fundamentales: visibilidad de los proyectos, certeza y estandarización en condiciones contractuales y regulatorias, así como cambio de mentalidad de los gobiernos para trabajar con el sector privado.
Debe haber, dijo, mensajes de consistencia interna de los gobiernos saliente y entrante sobre los proyectos de infraestructura, en tanto que explicó que con estandarización se refiere a que no deben pretender inventar el agua tibia con marcos novedosos y únicos para cada proyecto, sino reusar lo que sí ha funcionado y no partir de cero. En cuanto al cambio de mentalidad, explicó que cuando trabajan con empresas privadas los gobierno locales o federal quieren prevenir que las empresas ganen demasiado, y deben enfocarse en satisfacer una necesidad real”.

El directivo elogió los éxitos registrados en la inversión privada en infraestructura en este gobierno, como los 200 mil millones de dólares en el sector energético y la participación de 50 petroleras en el país.
Indicó que BlackRock cuenta con dos fondos en México, uno por 13 mil 500 millones de pesos y otro en el que ya levantamos 300 millones de dólares y cuya meta es cerrarlo en 400 millones de dólares cuando termine el año.
José Manuel Fortes Méndez, director de Marhos Hospitalia, una empresa que trabaja con los gobiernos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, consideró que este nombre debe desaparecer y llamarse como lo que son, contratos de riesgo compartido y de beneficio mutuo.

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