México pagó 242 millones de dólares a 9 trasnacionales por “afectar sus intereses”
En 16 años, México
pagó 242.9 millones de dólares a nueve empresas trasnacionales, como
compensación por demandas que apelan al arbitraje supranacional en
tribunales a puerta cerrada, revela el informe Casino del extractivismo,
elaborado por el Instituto de Estudios de Políticos, el Centro de
Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá.
Se trata de las estadunidenses
Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y
Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.
El análisis refiriere que los grupos
empresariales se valen del arbitraje supranacional cuando las cortes de
los países –en su mayoría latinoamericanos– instrumentan políticas
públicas que “afectan sus inversiones” en respuesta a las exigencias de
comunicadas afectadas. “El acudir al arbitraje representa una amenaza a la determinación de los pueblos”.
Según Manuel Pérez Rocha, coautor del
informe, esta supuesta “justicia” es unidireccional: “sólo las empresas
pueden demandar a los gobiernos en las cortes [de arbitraje
internacional]”. Durante la presentación del reporte, el investigador
advirió que las empresas se respaldan en las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estado, incluidas en los tratados de libre comercio y en tratados bilaterales de inversión.
Tales cláusulas son: la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones; la provisión de controles de capital que permite sacar de manera rápida su dinero del país; recibir trato nacional;
la completa protección y seguridad, es decir proteger las inversiones
extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a
los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia,
explicó Perez Rocha.
Por su parte, Jen Moore –coautora del informe– detalló que los
procesos llevados en tribunales privados son a puertas cerradas donde
tres jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto “las
comunidades afectadas no tienen acceso”.
De acuerdo con el análisis, este sistema ha sido catalogado como “una caricatura del sistema legal”.
Son dos los principales tribunales donde se llevan los casos: el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del
Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.
Cuatro amenazas de mineras para México
Además de que el país recibiera demandas de los sectores de desechos y agricultura, México ha sido amenazado en cuatro ocasiones por empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
La primera fue en 2010, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la
trasnacional canadiense Blackfire Exploration. Ésta amenazó con
presentar una demanda por 800 millones de dólares luego del cierre de
una de sus minas en Chiapas –la de La Revancha– a pocos días
del asesinato del dirigente comunitario y opositor a la minería Mariano
Abarca. La demanda no continúo y se “disolvió” en 2017.
Un año antes, en 2016, en el marco de la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], la
empresa canadiense Primero Mining interpuso una notificación de
intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el
monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El
proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de
negociaciones con el gobierno mexicano, señala el informe Casino del extractivismo.
El tercer caso se presentó en
septiembre de 2018, cuando la empresa estadunidense Legacy Vulcan, LLC,
notificó su intencipon de demanda como consecuencia de un conflicto
ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de 500 millones de dolares.
La empresa Odyssey Mineral
Exploration también notificó su intención de demandar al país por 3 mil
540 millones de dólares a causa de no haber aprobado los permisos
ambientales para su proyecto de minería de fosfato.
Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico, por lo que las mineras canadienses seguirán demandando al país, destacaron Moore y Pérez Rocha.
Jordana GonzálezFuente
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