La infamia del narcogobierno de Felipe Calderón al SME
Intromisión a la autonomía y libertad sindicales/Primera parte
Temeroso de que el país conociera los
ocultos intereses que motivaron la extinción de la empresa pública Luz y
Fuerza del Centro (LyFC), y el atentado laboral y jurídico perpetrado
contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Felipe Calderón
Hinojosa ordenó reservar por 12 años los expedientes oficiales donde se
contenía la información en torno al encubierto Golpe de Estado que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores el 11 de octubre del 2009.
En 2021, los mexicanos podrán enterarse que nada de lo argumentado por quien, ahora se sabe, encabezó un narcogobierno,
fue válido para justificar el decreto de extinción de LyFC; sin
embargo, no es necesario esperar dos años para recapitular sobre los
antecedentes de esta infamia donde diversos personajes mostraron su baja
estofa y su absoluto desinterés por los derechos de los electricistas,
la defensa del sector energético y el bienestar de los usuarios.
Marcado desde el inicio de su gobierno
por la sospecha de un cuestionado triunfo electoral con notorias
evidencias de fraude, Felipe Calderón Hinojosa no solo declaró una
disparatada guerra contra los capos del narco en su afán de legitimarse,
sino también se lanzó contra aquellas organizaciones sociales y
sindicatos independientes que manifestaron en 2006 su abierta adhesión a
Andrés Manuel López Obrador. Tal era el caso del SME, que por acuerdo
de Asamblea General decidió apoyarlo.
El golpe artero y cobarde al SME no fue
obra de la casualidad, sino parte de una orquestada estrategia para
golpear a una organización que desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y
Vicente Fox se opuso a los intentos de privatización de la industria
eléctrica nacional. Los primeros visos de que el espurio Calderón quería
quitar de en medio al combativo SME, fue la campaña de linchamiento
mediático que inició durante la negociación del Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) del periodo 2008-2010, donde a través de gente como Carlos
Loret de Mola se buscó calificar como privilegios prestaciones
ganadas por los electricistas en años de lucha, como los tratamientos
de equinoterapia y definoterapia a los hijos de los trabajadores con
problemas neurológicos.
Pero no solo comunicadores de Televisa,
sino también funcionarios como el entonces secretario de Gobernación
Juan Camilo Mouriño se subieron al ring de la ilegalidad para denostar y
amenazar al SME, pues a pesar de que en dicha negociación se había
alcanzado un acuerdo para rescatar al organismo público descentralizado
mediante un convenio de productividad con 27 indicadores, que tendría
vigencia hasta marzo del 2012, el narcogobierno de Calderón nunca tuvo en mente respetar tales acuerdos.
De estas negociaciones fueron testigos
funcionarios como la entonces secretaria de Energía –más tarde consejera
de Iberdrola–, Georgina Kessel, y el entonces titular de la Secretaría
del Trabajo, el pianista fracasado Javier Lozano Alarcón. Cabe recordar
que al primer año de entrar en vigor los acuerdos, el cumplimiento de
los indicadores llegó a un 95 por ciento de los objetivos y estaba en
marcha implementar un sistema de gestión comercial para emplear los mil
200 kilómetros de red de fibra óptica de LyFC, con el fin de ofrecer
servicios de voz, datos e imagen (triple play) a millones de usuarios a
bajo precio; de hecho, Kessel acudió a una demostración de dicho sistema
implementado por el SME y un grupo multidisciplinario del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), en el edificio de Juárez 90. La viabilidad
de su funcionamiento quedó plenamente demostrada.
En la revisión salarial de 2009, meses
antes del golpe al SME, la Junta de Gobierno de LyFC acordó con el
entonces director Jorge Gutiérrez Vera, solicitar ante el Ifetel la
autorización para operar una red pública de telecomunicaciones, pero
tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro salió a relucir que los
exsecretarios de Energía en el gobierno de Fox, Ernesto Martens y
Fernando Canales, ya tenían la concesión del director de la empresa para
operar por 30 años la red de fibra óptica al irrisorio precio de 80
millones de pesos. Todo lo acordado con los funcionarios de Calderón
resultó así una farsa. En sus planes nunca estuvo el rescate financiero
de la paraestatal, sino liquidarla para adueñarse de su infraestructura
en beneficio de la élite panista.
Tras la revisión salarial del 16 de
marzo de 2009, que resultó exitosa al romperse el tope salarial, se
inició el proceso para elegir a la mitad del comité central con el cargo
más importante; es decir, la Secretaría General. Pero antes de iniciar
las campañas internas, el gobierno ya había iniciado un proceso de
intromisión, valiéndose de personajes como el exsecretario seneral Jorge
Tapia Sandoval, el traidor que durante su gestión en los años 80s
vendió la mitad del territorio que atendía Luz y Fuerza. De tal forma
que en mayo de 1985, el SME perdió 22 mil metros cuadrados de territorio
en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los charros del SUTERM.
Fue Tapia Sandoval quien llevó a los
electricistas del SME a una supuesta huelga de tres días por incremento
salarial de emergencia en 1987; la huelga fue declarada inexistente y
los smeitas sufrieron el descuento de tres días de sueldo; tal
simulación orquestada por Tapia fue una vil maniobra para apoyar a un
grupo del PRI que buscaba posicionar a Alfredo del Mazo González como
candidato de ese partido a la Presidencia de la República.
Siempre dispuesto a traicionar al SME,
Tapia acató las instrucciones de su compadre Gutiérrez Vera para darse a
la ominosa tarea de convocar a otros secretarios y exmiembros del
comité central resentidos, para crear una planilla de oposición,
coptando a base de dinero al entonces secretario tesorero Alejandro
Muñoz Reséndiz, quien a través de la planilla Transparencia Sindical
obtuvo millonarios apoyos financieros de la Dirección de Luz y Fuerza. A
la fecha se tienen registrados más de 500 millones de pesos.
Tapia fue el encargado de llevar a Muñoz
Reséndiz a Los Pinos con César Nava, y tramar con Javier Lozano la
intromisión oficial no sólo de la Secretaría del Trabajo sino de
diversas dependencias, mediante la compra de votos y el pago de
cantidades millonarias a los medios de comunicación para tratar de
imponer a su candidato.
Pese a todo el aparato de Estado que de
manera ruin violentó la autonomía del SME, no lograron su objetivo; una y
otra vez se contaron los votos ante los representantes de la planilla
de Muñoz y al final tuvieron que salir públicamente a reconocer su
derrota, situación que no le gustó en lo absoluto al sinvergüenza de
Lozano Alarcón, quuien ordenó a sus corifeos demandar ante la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad de la elección. Situación
que aprovechó el narcogobierno para negar la toma de nota a la planilla ganadora y preparar el Golpe de Estado del 11 de octubre del 2009. (Continuará)
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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