El irrebatible convenio de delimitación de zonas
Tercera
parte y última. En las 223 fojas donde se contiene la información del
Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, firmado en el gobierno del
expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, no caben dudas sobre cuáles
son las áreas de trabajo y sitios del centro del país, donde se acordó
respetar la materia de trabajo para los afiliados al Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME).
Como se mencionó en pasadas entregas,
tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro a través de un autoritario
decreto de extinción emitido en el narcogobierno de Felipe
Calderón, se dio por sentado que tal Convenio quedaba sin efecto al
entrar a prestar el servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e
infinidad de contratistas que generaron toda serie de fallas en el
suministro por su incapacidad, afectando a miles de usuarios.
Contra lo que el expresidente anunció a
coro con su gabinete de testaferros, el servicio no mejoró, las tarifas
no bajaron ni se dieron los ahorros en el sector; haber dejado sin
empleo a 44 mil smeitas al apoderarse de manera fascista de sus
centros de trabajo, no respetando el Convenio de Delimitación de Zonas,
disparó los gastos de operación de la CFE.
Los acuerdos privados con los
contratistas reportaron millonarias ganancias, por debajo del agua, a
funcionarios de la CFE que rehuyeron su responsabilidad para indemnizar a
infinidad de industrias y comercios afectados no solo por los
reiterados cortes en el suministro sino por la afectación en sus equipos
de trabajo.
Despojar de manera anticonstitucional de
su materia de trabajo al SME generó un problema social que se viene
arrastrando desde el narcogobierno de Calderón. Son miles los
hogares de escasos recursos que se han sumado a la movilización social
de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) para
defenderse de los excesivos cobros en sus recibos de luz. Una y otra
vez se ha demostrado mediante estudios técnicos del abuso cometido por
los cobros estimados de la CFE. Todas estas irregularidades no fueron
generadas por agremiados del SME sino por personal de empresas privadas y
afiliados al SUTERM.
Ahora que se ha corroborado la
existencia del Convenio en el Archivo General de Notarias, es momento
que las autoridades lo hagan valer en apego al Estado de Derecho.
Revisado el contenido del Convenio
aparece el listado de los 125 municipios del Estado de México que
quedaron comprendidos en el área de trabajo del SME; dos de Morelos:
Huitzilac y Cuernavaca, y otros de Puebla: Ahuazotepec, Huauchinango y
Juan Galindo.
En la relación de usuarios que pasaron a
ser atendidos por el SME tras el Convenio en el Estado de México,
Hidalgo, Morelos y Puebla fueron, en 1985, un total de 273 mil 806. En
el listado de poblaciones destacan muchas zonas rurales que por más de
dos décadas fueron atendidas de manera eficaz por los electricistas del
SME.
Seguramente si el gobierno de la 4T
hiciera un sondeo para saber su opinión sobre la prestación del servicio
y el cobro de recibos tras la llegada de la CFE y los contratistas
privados, la respuesta sería de un rechazo unánime, porque sin medir
sentido social alguno, resultaron afectados en su economía familiar por
funcionarios que nunca entendieron que la electricidad es un patrimonio y
derecho de todos los mexicanos. Hasta la fecha, miles de hogares
humildes pagan de manera absurda un alto costo por la escasa
electricidad que consumen.
El documento que debe tomarse como
referencia para hacer cumplir la ley a la CFE y al SUTERM, dejó bien en
claro cuáles eran las líneas de transmisión, de subtransmisión, así como
los inmuebles, centrales generadoras y subestaciones que serían
operadas, a partir de la firma del Convenio, por los trabajadores del
SME. Los trazos, longitudes y especificaciones están claramente
establecidos en el documento.
Toda esta información aporta además una
valiosa herramienta para conocer hasta qué punto los funcionarios de la
CFE permitieron saqueo y desmantelamiento de la infraestructura
eléctrica, patrimonio de la nación, tras el cierre de Luz y Fuerza.
Como el SME lo denunció desde el artero
golpe del 11 de octubre de 2009, los voraces funcionarios de la Comisión
Federal desmantelaron miles de kilómetros de la red de cobre, que es
mucho mejor conductor que la electricidad; a la par que los gobiernos
panistas entregaron en charola de plata la fibra óptica a gente de su
partido, como los exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente
Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales, para hacerse millonarios con
bienes de la nación.
Es por ello que el análisis del Convenio
de Delimitación de Zonas de 1985 no sólo tiene implicaciones y alcances
jurídicos, es también punto de referencia para comenzar a fincar
responsabilidades a los pillos que se robaron lo que era suyo y que en
el marco del combate a la corrupción de la 4T deben ser llamados a
cuentas.
Ahora se entiende porqué el narcogobierno
de Calderón trató por todos los medios de desaparecer el testimonio
legal de un documento de tal envergadura histórica que ahora será el
referente que pondrá a prueba al Estado de Derecho, en el marco de una
Reforma Laboral que pondera el respeto irrestricto a los derechos
laborales de millones de mexicanos.
Ya no hay excusas ni sofismas de los que
puedan echar mano los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), como tampoco los
directivos de la CFE, para no acatar lo que debe respetarse por ley.
Ya una vez el narcogobierno de
Calderón se negó a acatar el fallo de un Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo que le obligaba, en septiembre de 2012, a asumirse como
patrón sustituto en la figura de la CFE para con los electricistas del
SME, cuando se demostró la inexistencia de la supuesta causa de fuerza
mayor para dar por terminadas las relaciones laborales. Su intolerancia
para no respetar la ley lo orilló a obligar a la Suprema Corte para
cometer la vesania de anular tal sentencia, pero en el fondo el
expresidente sabía que de manera implícita quedaría en evidencia la
sustracción del Convenio de los archivos de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) cuando de hacer valer las áreas de
trabajo se tratara.
Ahora que es tangible la existencia del
Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, es momento de aclarar muchas
dudas al pueblo de México sobre los inexistentes motivos sobre la
extinción de Luz y Fuerza del Centro, y explicar los porqué de la
demanda de justicia del SME para recuperar su materia de trabajo en la
zona centro del país.
*Secretario General del SMEFuente
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