Siete años de ausencias

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Siete años de ausencias

septiembre 27, 2021 | Por Manuel Nava

Después de siete años, para algunos aquel septiembre de 2014, en el que cuarenta y tres estudiantes de Guerrero desaparecieron parece estar muy lejano o cada vez más difuso en la memoria, en contraste, para los padres de familia de esos normalistas el tiempo parece no haber pasado.

Después de siete años, los padres de los jóvenes aún están a la espera de una verdad científica sobre lo que ocurrió en aquella jornada y denuncian la falta de resultados por parte de la Fiscalía General de la República.

Aunque el gobierno actual ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos, a la fecha no se conoce aún la verdad de lo ocurrido aquel 26 de septiembre del 2014 y eso, aseguran, es una herida que no puede cicatrizar.

Junto a la falta de conocimiento del paradero de los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” ubicada en el municipio de Tixtla, hay miles de familias que aún se encuentran sufriendo las ausencias dolorosas de sus familiares desaparecidos

Los datos de la la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que en Guerrero, la cifra oficial de personas desaparecidas en todo el estado suma tres mil 304 registros, al menos eso reporta. Pero ese número está muy alejado de la realidad. Sólo en Acapulco se contabilizan cuatro mil 200 seres humanos de los que hoy día se desconoce su paradero.

Se presume que detrás de estas desapariciones está el crimen organizado, que ha actuado con violencia creciente desde 2003. Es decir, cada día despareció, en promedio, una persona desde hace 17 años, sólo en el puerto guerrerense.

El registro lo lleva la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, colectivo Integrado por 273 familias, que desde 2015 comenzó acciones de localización e identificación de cuerpos. El seguimiento de sus casos exhibe que, tan sólo en esta ciudad existe una cifra negra de casi un millar de personas desaparecidas más que el total reconocido por el gobierno de la Cuarta Transformación.

El colectivo en cuestión, ha localizado 45 personas sin vida en zonas abruptas de la periferia del Puerto, que es el área donde se estima que estarían enterrados, la mayor parte de las personas desaparecidas. Esa zona se ubica geográficamente a lo largo del Río de La Sabana o en las faldas del Parque Nacional El Veladero, que circundan Acapulco.

Cada día las cifras siguen cambiando, cada día se sabe de otras personas que fueron sustraídos de sus trabajos, de la calle o de sus casas inclusive y los casos se repiten a lo largo y ancho de la geografía de esta entidad suariana.

Al mismo tiempo el Comité Desaparecidos En Guerrero señaló que no hay seguimiento ni investigación a los casos de desaparecidos, hay una simulación en la atención que se brindan a algunos de los casos. Tan es así que por ejemplo desde hace 1 año no hay titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Todo este clima de terror ha sido ignorado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La mayoría de los desaparecidos son personas jóvenes, con edades que van de los 16 a los 37 años, y entre ellas está documentada la presencia de 49 mujeres que fueron sustraídas con violencia de sus hogares o su empleo por hombres armados.

Colectivos y familiares de personas desaparecidas en Guerrero demandan que se profesionalice la Fiscalía para identificar los cuerpos que se localizan en el panteón forense.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, y el colectivo Maria Herrera de Chilpancingo, indicaron que las familias de personas desaparecidas en la entidad se han encontrado con funcionarios sin trato ni respeto por los derechos humanos.

A pesar de que las investigaciones en el caso de la llamada noche de Iguala continúan, la desconfianza ya se extiende. Vidulfo Rosales Sierra, abogado ligado al tema, dijo que la diligencia efectuada el 21 de septiembre por Omar Gómez Trejo fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, bajo la idea de la quema controlada o “incineradoras” en la Barranca de la Carnicería, a unos 800 metros del basurero municipal de Cocula, se encamina a descartar el testimonio de Juan Miguel Pantoja, El Pajarraco, uno de los presuntos implicados miembro de “Guerreros Unidos”, que en días pasado se filtró a la prensa y que insiste en la versión de la llamada “verdad histórica”.

“Yo creo que en esa dirección va, yo creo que lo que ellos quieren es ilustrar la inconsistencia del basurero de Cocula, que se sepa que sigue teniendo inconsistencias y que los nuevos datos de prueba apuntan a otro lugar”, expuso.

En la diligencia ministerial realizada este martes en compañía del subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y a la que fueron convocados solo reporteros de medios nacionales para mostrarles el sitio en el que se desarrolla una de las líneas de investigación, el fiscal especial del caso indicó que aunque en este sitio fueron hallados restos óseos con los que se identificó a los estudiantes Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, aún no se cuenta con una narrativa de cómo llegaron a ese sitio.

Detalló que de los cerca de 200 fragmentos óseos asegurados en la zona “muchos de ellos, no quiero decir la gran mayoría, pero sí muchos de ellos no presentaban exposición a fuego, sino lo que presentaban era atemperismo, es decir, que estuvieron expuestos a la intemperie”.

Informó que en esta área en la Barranca de la Carnicería en la que hallaron una costalilla con 187 fragmentos óseos, van a seguir trabajando y ampliaron la zona de exploración a cerca de 8 mil metros cuadrados.

Gómez Trejo puntualizó que con respecto a los hallazgos que se tuvieron en esta zona que derivó en la identificación de los restos de dos de los 43 normalistas, y ante las distintas declaraciones de cerca de una veintena de testigos que están colaborando con la narrativa.

El Fiscal para el caso Ayotzinapa reconoció que existe una demanda por tener mayores resultados, y dijo que el proceso de investigación está llevando su tiempo, lamentando las irregularidades que hubo en el proceso en la pesada administración, la pérdida y destrucción de evidencia, y el asesinato de muchos de los testigos que en su momento pudieron aportar elementos para poder avanzar más en la investigación.

 

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