Neoautoritarismo

Juan José Huerta | Opinión
Viernes 27 de Agosto, 2010
Algo grave pasa a nuestro sistema político presidencial; por un lado, ha evolucionado consistentemente a lo largo del tiempo hacia una mayor pluralidad, democracia y transparencia pero, por el otro, estos atributos no han sido capaces de evitar la aparición de nuevas formas de autoritarismo, disfrazadas, solapadas, pues no están funcionando los frenos y contrapesos establecidos en nuestra democracia formal; lo que combinado con una rendición de cuentas estancada, deja en la indefensión a la ciudadanía frente a los excesos del poder presidencial establecido.

Vastos grupos de la sociedad pueden muy bien oponerse a una iniciativa presidencial que se considere inconveniente, pero no se les escucha y el Ejecutivo encuentra la manera de llevarla a cabo. Un ejemplo es el proyecto de la “Cédula de Identidad Ciudadana”, que concita numerosas opi-

niones en contra de expertos en la materia, del IFE, del IFAI, de legisladores y de amplios grupos de ciudadanos, temerosos con razón de la irrupción del poder estatal en el derecho a la privacidad de los individuos, que hace que en otros países ni siquiera sean aceptadas cédulas de identidad como la CURP, mucho menos un registro que va a requerir las 10 huellas dactilares y el registro del iris de los ojos de las personas. La Segob trata infructuosamente de justificar el proyecto de Cédula con base en el “derecho a la identidad, como si éste no estuviera suficientemente garantizado para los mexicanos desde las Leyes de Reforma, y cuando se sabe, además, de la alta posibilidad de que los datos se filtren a usuarios criminales (hasta en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desconfían de que su propio personal filtre información clasificada al crimen organizado). Pues a pesar de todo esto, y de que la Cédula implica reformas, no acordadas todavía en el Congreso, a la Ley General de Población, la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-

ral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y quizá hasta a la

Constitución, la Cédula Biométrica va y la Secretaría de Gobernación sigue otorgando los contratos multimillonarios a las empresas, extranjeras algunas, que realizarán el proyecto, pero reserva la información al respecto para no

hacerla del conocimiento ciudadano.

También, y aun cuando la Constitución es muy clara cuando asienta, artículo 21, que los Estados de la Federación tienen al Municipio Libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, y que los Municipios, artículo 115, tienen a su cargo en su territorio las funciones y servicios públicos de seguridad pública y policía preventiva muni-

cipal, el gobierno federal insiste autoritariamente en los esquemas centralistas de “policía única” o “mando único”, a lo que, con toda razón, se resiste la mayoría de presidentes municipales, y la lógica de todo buen gobierno democrático y eficaz. Está claro que existen muchas fallas, carencias y corruptelas en los cuerpos municipales de policía, pero no aplica la solución fundamentalista de desaparecer lo que no funciona, pues con ese criterio se tambalearía todo nuestro andamiaje institucional. Lo que habría que hacer, aunque esto es más difícil, sería apoyar el fortalecimiento de los municipios para que a su vez puedan remozar y vigorizar las policías municipales.

El neoautoritarismo se muestra igualmente en el desperdicio y extravagancia de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el olvido del Centenario de la Revolución; realizados, celebraciones y olvido, desde la cúpula, sin la menor consulta a expertos y a la ciudadanía en general. Neoautoritarismo dependiente, además, pues considera que lo nacional no funciona y hay que traer productores extranjeros, ¡para celebrar la Independencia! Lo mismo sucede en muchas otras oficinas gubernamentales, como en el manejo de Pemex “como empresa”: importemos tecnologías, maquinaria y equipos, productos refinados, hasta petróleo crudo, pues eso le conviene a la empresa, no importan los efectos negativos sobre el

valor agregado y el empleo nacionales.

Hay otros muchos ejemplos de falta de sintonía gubernamental con los ciudadanos. En tiempos de la más grave crisis económica en muchas décadas, parecería claro que, aun en la más consumada economía de mercado, es esencial la función del gobierno como equilibrador de los na-

turales desajustes y disparidades que se generan entre los factores de la producción y los distintos grupos sociales. No aquí pues, como el secretario de Desarrollo Social,

Heriberto Félix Guerra exhortó a los jóvenes reunidos en León, Guanajuato, durante la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, “tienen que ser emprendedores y aplicar las cuatro M, mercado, mercado, mercado y más mercado”. Si esto lo afirma el secretario de “desarrollo social”, olvidémonos de cualquier iniciativa de gran aliento desde el

gobierno, como un Programa Nacional para el Empleo de los Jóvenes.

Mejor la insistencia en el muy querido concepto presidencial de “la percepción”, del que deriva la idea de que

gobernar es convencer por la mayor publicidad y no me-

diante los hechos; ahora el presidente Calderón, como

ablandamiento a la ciudadanía antes de su “Informe” al Congreso del 1º de septiembre, se ha embarcado él mismo, con el tono de El Gran Explicador que ya le es característico, en una maratón de larguísimas entrevistas, spots y mensajes personales por radio, televisión y prensa escrita para convencernos de “los aciertos” de su gobierno, ya sin confiar en que sean los miembros de su gabinete los que destaquen esos logros, sino sólo en él mismo. Claro, tantas participaciones suyas dan la ocasión de que al expresar casualmente lo que realmente piensa, oigamos, además de muchos castillos en el aire, perturbadoras declaraciones, como: “Entonces, primero, nosotros lo que hicimos fue felicitar a Fidel Castro por su cumpleaños, celebrar que está muy recuperado; rechazar tajantemente una intromisión, que es inaceptable en la vida mexicana”; “Y (como en Colombia) creo que eso es lo que debemos aspirar en México, este proceso de auto-

destrucción de los grandes cárteles”; “¿El momento más delicado de mi gobierno?...la muerte de Juan Camilo Mouriño… las consecuencias que tuvo para mi gobierno, lo marcó definitivamente”; “El partido que represento” (el PAN).

Avanzamos, pues, ya no hay, en ocasión del “Informe”, un “Día del Presidente”, ahora son “Las Semanas del Presidente”.

Los excesos neoautoritarios en la conformación y modificaciones al gabinete presidencial ha llevado a algunos a proponer una nueva forma de gobierno, el régimen parlamentario, lo cual sería, otra vez, desechar lo que no funciona y empezar de nuevo, en lugar de perfeccionar lo que tenemos. Un gobierno eficaz requiere un presidencialismo fuerte pero a la vez responsable, no partidista, comprometido con las causas sociales, no mesiánico, transparente, que rinda cuentas periódicamente y al final de su mandato con indicadores precisos, que haga caso a la crítica, sin considerar que ésta es “el deporte nacional del momento”. Estos tendrían que ser los objetivos de las fuerzas políticas en lo que resta de la presente administración.

Un primer paso contra el neoautoritarismo ha sido dado con auxilio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esta semana resolvió que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución al emitir “propaganda gubernamental’” en ocasión de las elecciones locales del pasado julio. Acotaciones legales y prudentes de este tipo son las necesarias.



Colofón. ¿Y qué tal esta declaración del secretario del Trabajo, Javier Lozano?:

“Rechazamos esa propuesta (de Tenedora K, nueva dueña de Mexicana de Aviación) por inadmisible y les pedimos que regresen con una propuesta sensata y digna. Es inaceptable, no sólo para la Asociación de Sobrecargos, sino para nosotros como Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nunca podremos estar de acuerdo con que se liquide a todos los trabajadores sin respetar su contrato, porque el objetivo del acuerdo es defender el trabajo”. ¿Impecable, verdad? ¿Por qué diablos no aplicó ese criterio en el casi idéntico caso de los 44 mil trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro?



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