Venezuela: Sin diálogo con los trabajadores no hay revolución
miércoles 24 de noviembre de 2010
Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)
Diálogo y debate franco para el tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo y de los trabajadores, es la regla de oro de un proceso de cambios, más aún si este proceso es definido como socialista y obrerista, tal como lo ha definido el camarada Chávez en varias oportunidades. Si esta regla no se respeta y se lleva hasta las últimas consecuencias se desnaturaliza la definición y se cae en la demagogia.
Se convierte la proclama en una impostura con fines subalternos e inconfesables. Para los amplios sectores laborales y populares que venimos impulsando esos cambios, librando sucesivas luchas, se nos plantea la pregunta: ¿Dónde está la desviación…? ¿Dónde se anidan los que traicionan la proclama…? ¿Qué grado de responsabilidad en esta traición tienen los distintos segmentos de los que se han presentado como dirigentes de este proceso, desde el camarada Chávez hacia abajo?...
Uno de los casos de SIDOR
Los trabajadores de SIDOR descubren que desde el año 2003 hasta el 2007 la empresa, ha ocultado, año a año, las utilidades detrás de falsos gastos financieros. SIDOR durante esos años se encontraba bajo la administración compartida del Consorcio Amazonia (60%), filial del conglomerado transnacional Techint, como accionista mayoritario y de la Corporación Venezolana de Guayana-CVG (40%), como accionista minoritario. El fraude lo realizan mediante unos contratos de cuentas en participación simulando que de tales contratos se deriva un compromiso financiero que obliga a erogar como gastos la participación en las ganancias de los asociados en dichos contratos. El fraude concluyó en el despojo violento de una sustancial porción de la participación en las utilidades a que tienen derecho los trabajadores por su Convención Colectiva durante esos cinco años, alcanzando una enorme suma cercana a los QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES. Una vez comprobado el despojo, los trabajadores reclaman reiteradamente a la alta gerencia de SIDOR en manos de la transnacional y ésta rechaza las solicitudes. Durante el proceso de readquisición por parte del gobierno del 60% de acciones propiedad de la transnacional, los trabajadores y su sindicato solicitan insistentemente a los representantes gubernamentales que se tome en cuenta el pasivo laboral representado por el despojo de utilidades efectuado contra los trabajadores y tales planteamientos son desoídos completamente. Incluso el Ministro de Industrias Básicas y Minería para la época, Rodolfo Sanz recomienda al sindicato que presente una demanda judicial para alegarla ante la transnacional y utilizarla como fundamente para hacer el apartado del precio que se pagaría por las acciones y devolver lo despojado a los trabajadores. No se hizo el apartado y se pagó a la trasnacional el doble del precio por el cual había adquirido las acciones. Una vez en propiedad de la nación tales acciones, los representantes de la empresa se han negado a dialogar; el mencionado Ministro no acudió siquiera a las invitaciones que le hiciera la Comisión de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional para discutir el punto, no contestó ninguna de las numerosas comunicaciones que se le hicieron. Posteriormente se han dirigido cartas al Ministro que lo sustituyó y al Presidente de la República sin que haya ninguna respuesta, a pesar de que han transcurrido más de 12 meses de la primera de ellas. Los representantes de SIDOR afirman con desparpajo que se hizo mal en presentar la demanda, porque ahora y por esa causa no se puede dialogar, cuando la presentación de la demanda fue una expresa recomendación de ellos. Salvo algunas autoridades sin ningún poder de decisión que han oído el planteamiento, las instancias decisorias del gobierno han despreciado el diálogo, mientras se presiona a las autoridades judiciales para que decidan en contra de la justicia.
La marcha de la Central de trabajadores “UNETE”
Recientemente, una marcha de trabajadores liderizados por la UNETE, central con inclinaciones progubernamentales pretendió entablar un diálogo con el Vicepresidente de la República en relación con la política laboral, la existencia de numerosos atropellos contra los trabajadores, la lentitud de los procesos de reactivación de algunas empresas intervenidas, recuperadas o estatizadas, la situación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, entre otros temas y se encontraron con lo que un comunicado oficial de la central explicó, refiriéndose a la Vicepresidencia que: “…lamentablemente su despacho con su conducta mezquina y excluyente, en esta oportunidad dejó muy mal parado al gobierno, frente a más de 10 mil trabajadoras y trabajadores que quisimos hacernos oír y dialogar en la Vicepresidencia” y posteriormente calificó de nuevo textualmente: “Fue grosero el comportamiento de la Vicepresidencia”.
El diálogo es una obligación del Gobierno
Son dos casos, demasiado elocuentes que muestran una severa e inocultable contradicción en el seno del gobierno que debe ser superada inmediatamente con una postura de diálogo sin provocaciones, un diálogo franco y humilde que busca soluciones en base a la verdad y a la justicia. Un diálogo que oiga y entienda las razones de los trabajadores, que sea paciente y creativo. Un diálogo que deseche la amenaza, el chantaje y la represión, actitudes características de quienes protegen los intereses de los poderosos y desprecian a los trabajadores. Un diálogo dispuesto a reconocer los errores, a enmendar para impulsar nuevas realidades y dar la razón a quien la tenga, sin mirar la encumbrada posición administrativa ni discriminar por la opinión o militancia política. Un diálogo que exprese la naturaleza obrerista, revolucionaria y socialista autoproclamada por el gobierno, por lo tanto un diálogo proclive a favorecer los derechos de los trabajadores. Que no se haga tráfico de influencias, ni presiones desde el poder para generar decisiones con apariencia de legalidad, pero sin ninguna legitimidad porque niegan la justicia. El Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia es precisamente el que despliega este diálogo fecundo, mientras que cuando se desoye y desatiende a los trabajadores se fortalece una sociedad explotadora y excluyente con un estado opresor, aunque como los fariseos se lancen plegarias con las frases más humildes y bondadosas.
Fuente
Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)
Diálogo y debate franco para el tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo y de los trabajadores, es la regla de oro de un proceso de cambios, más aún si este proceso es definido como socialista y obrerista, tal como lo ha definido el camarada Chávez en varias oportunidades. Si esta regla no se respeta y se lleva hasta las últimas consecuencias se desnaturaliza la definición y se cae en la demagogia.
Se convierte la proclama en una impostura con fines subalternos e inconfesables. Para los amplios sectores laborales y populares que venimos impulsando esos cambios, librando sucesivas luchas, se nos plantea la pregunta: ¿Dónde está la desviación…? ¿Dónde se anidan los que traicionan la proclama…? ¿Qué grado de responsabilidad en esta traición tienen los distintos segmentos de los que se han presentado como dirigentes de este proceso, desde el camarada Chávez hacia abajo?...
Uno de los casos de SIDOR
Los trabajadores de SIDOR descubren que desde el año 2003 hasta el 2007 la empresa, ha ocultado, año a año, las utilidades detrás de falsos gastos financieros. SIDOR durante esos años se encontraba bajo la administración compartida del Consorcio Amazonia (60%), filial del conglomerado transnacional Techint, como accionista mayoritario y de la Corporación Venezolana de Guayana-CVG (40%), como accionista minoritario. El fraude lo realizan mediante unos contratos de cuentas en participación simulando que de tales contratos se deriva un compromiso financiero que obliga a erogar como gastos la participación en las ganancias de los asociados en dichos contratos. El fraude concluyó en el despojo violento de una sustancial porción de la participación en las utilidades a que tienen derecho los trabajadores por su Convención Colectiva durante esos cinco años, alcanzando una enorme suma cercana a los QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES. Una vez comprobado el despojo, los trabajadores reclaman reiteradamente a la alta gerencia de SIDOR en manos de la transnacional y ésta rechaza las solicitudes. Durante el proceso de readquisición por parte del gobierno del 60% de acciones propiedad de la transnacional, los trabajadores y su sindicato solicitan insistentemente a los representantes gubernamentales que se tome en cuenta el pasivo laboral representado por el despojo de utilidades efectuado contra los trabajadores y tales planteamientos son desoídos completamente. Incluso el Ministro de Industrias Básicas y Minería para la época, Rodolfo Sanz recomienda al sindicato que presente una demanda judicial para alegarla ante la transnacional y utilizarla como fundamente para hacer el apartado del precio que se pagaría por las acciones y devolver lo despojado a los trabajadores. No se hizo el apartado y se pagó a la trasnacional el doble del precio por el cual había adquirido las acciones. Una vez en propiedad de la nación tales acciones, los representantes de la empresa se han negado a dialogar; el mencionado Ministro no acudió siquiera a las invitaciones que le hiciera la Comisión de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional para discutir el punto, no contestó ninguna de las numerosas comunicaciones que se le hicieron. Posteriormente se han dirigido cartas al Ministro que lo sustituyó y al Presidente de la República sin que haya ninguna respuesta, a pesar de que han transcurrido más de 12 meses de la primera de ellas. Los representantes de SIDOR afirman con desparpajo que se hizo mal en presentar la demanda, porque ahora y por esa causa no se puede dialogar, cuando la presentación de la demanda fue una expresa recomendación de ellos. Salvo algunas autoridades sin ningún poder de decisión que han oído el planteamiento, las instancias decisorias del gobierno han despreciado el diálogo, mientras se presiona a las autoridades judiciales para que decidan en contra de la justicia.
La marcha de la Central de trabajadores “UNETE”
Recientemente, una marcha de trabajadores liderizados por la UNETE, central con inclinaciones progubernamentales pretendió entablar un diálogo con el Vicepresidente de la República en relación con la política laboral, la existencia de numerosos atropellos contra los trabajadores, la lentitud de los procesos de reactivación de algunas empresas intervenidas, recuperadas o estatizadas, la situación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, entre otros temas y se encontraron con lo que un comunicado oficial de la central explicó, refiriéndose a la Vicepresidencia que: “…lamentablemente su despacho con su conducta mezquina y excluyente, en esta oportunidad dejó muy mal parado al gobierno, frente a más de 10 mil trabajadoras y trabajadores que quisimos hacernos oír y dialogar en la Vicepresidencia” y posteriormente calificó de nuevo textualmente: “Fue grosero el comportamiento de la Vicepresidencia”.
El diálogo es una obligación del Gobierno
Son dos casos, demasiado elocuentes que muestran una severa e inocultable contradicción en el seno del gobierno que debe ser superada inmediatamente con una postura de diálogo sin provocaciones, un diálogo franco y humilde que busca soluciones en base a la verdad y a la justicia. Un diálogo que oiga y entienda las razones de los trabajadores, que sea paciente y creativo. Un diálogo que deseche la amenaza, el chantaje y la represión, actitudes características de quienes protegen los intereses de los poderosos y desprecian a los trabajadores. Un diálogo dispuesto a reconocer los errores, a enmendar para impulsar nuevas realidades y dar la razón a quien la tenga, sin mirar la encumbrada posición administrativa ni discriminar por la opinión o militancia política. Un diálogo que exprese la naturaleza obrerista, revolucionaria y socialista autoproclamada por el gobierno, por lo tanto un diálogo proclive a favorecer los derechos de los trabajadores. Que no se haga tráfico de influencias, ni presiones desde el poder para generar decisiones con apariencia de legalidad, pero sin ninguna legitimidad porque niegan la justicia. El Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia es precisamente el que despliega este diálogo fecundo, mientras que cuando se desoye y desatiende a los trabajadores se fortalece una sociedad explotadora y excluyente con un estado opresor, aunque como los fariseos se lancen plegarias con las frases más humildes y bondadosas.
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