Abortados 10 mil mdd, para 2 nuevos reactores nucleares de CFE
Se descartó la ampliación de Laguna Verde porque se inauguraría hasta el próximo sexenio.
Darío Celis
En el tema eléctrico, lo más seguro es que el gobierno de Felipe Calderón pasará a la historia como un sexenio perdido. Esto ocurrirá por cinco razones.
Abortó la ampliación de Laguna Verde porque se inauguraría el siguiente sexenio; la hidroeléctrica La Parota está detenida; el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha sido política y financieramente muy costosa.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente: la llegada de Antonio Vivanco a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sustitución de Alfredo Elías Ayub, fue considerado por muchos como el último tumbo de su administración.
Los tres secretarios de Energía de este sexenio, Fernando Elizondo, Georgina Kessel y José Antonio Meade, no lograron diseñar y aplicar una política energética consistente y de largo plazo.
A estas alturas se desconoce si el Estado adoptará energías limpias, como la eólica o solar; o si optará por tecnologías como la nucleoeléctrica o hidroeléctrica, donde las inversiones son multimillonarias y en dólares.
Por si fuera poco, los grupos ambientalistas, académicos y expertos en energía nuclear demandarán que el gobierno de Calderón cierre Laguna Verde por el inminente peligro que representa una nucleoeléctrica que data de los años 80.
El CEO de una compañía multinacional cuenta que en los primeros días de 2007 se reunió con el presidente Calderón y el panista le preguntó cuánto costaba y en cuánto tiempo se ponía en operación una nucleoeléctrica.
-Diez mil millones de dólares y comenzaría a operar en más de seis años.
-¿O sea que a mí no me tocaría inaugurarla?
-No. Tocaría al próximo Presidente de México.
Lo que pasa es que además los permisos para echar a andar una nucleoeléctrica se tardan aproximadamente cuatro años en otorgarse, y otro tanto dura el desarrollo de la obra civil o construcción de la planta.
El proyecto de la CFE era instalar al menos dos nuevos reactores nucleares para sumar cuatro que generaran dos mil 200 megawatts (la demanda nacional es de 40 mil) con un costo superior a diez mil millones de dólares.
En el mundo empresarial se cree que Calderón no tenía el consenso político en la Cámara de Diputados para obtener recursos e invertir en un proyecto de largo plazo como era una nucleoeléctrica.
Tampoco iba a permitir que un gobernador priista, como Fidel Herrera y ahora Javier Duarte, se llevaran el beneficio político de la modernización de nuestra única planta nuclear ubicada en Veracruz.
La generación de electricidad en Laguna Verde es marginal, ya que sólo representa 2.5% de la capacidad instalada nacional.
La construcción de plantas nucleoeléctricas está dominada por Mitsubishi, Siemens, Alstom y General Electric.
La idea de este gobierno era aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país.
Se hablaba de que se requeriría para las próximas décadas comprar diez reactores e invertir unos 80 mil millones de dólares, pero se topó con el Congreso.
Al inicio de este sexenio el país generaba 223.6 Terawatts hora. La demanda cada año crece a una tasa promedio de 5% y CFE y sector privado tienen una capacidad instalada para generar actualmente más de 230.
Sin embargo el país demandará en 2020 aproximadamente 350 Terawatts y para 2050 unos 650. Por desgracia ya no queda tiempo para pensar en ello y son varias piedras las que están en el camino.
Los problemas para homologar el servicio que da la CFE frente a la ausencia de LyFC; los retos de las próximas elecciones; las reformas pendientes en el Congreso y el golpeteo en un año electoral, lo hacen imposible.
Mexicana: dudas
Fíjese que algunos grupos que están documentando su situación legal y financiera, en pos de adquirir Mexicana, dudan sobre la seguridad jurídica del proceso.
No tienen la certeza ante lo que están: una licitación pública o privada, así como de las facultades legales del conciliador, Gerardo Badín, para llevar el mecanismo de subasta. Más allá de que ya se exigió una garantía de seriedad de un millón de dólares, temen que se esté reeditando el caso de PC Capital, de Pablo Coballasi y Pablo Cervantes, en el que se impuso a un grupo y un modelo de negocios. Una discusión legal empieza a asaltar a esos potenciales nuevos inversionistas: el conciliador no tiene atributos jurídicos, para vender una compañía privada, hacerlo (como de hecho está pasando) implica una suplantación de funciones y un abuso de poder.
¿Por qué surgen estos cuestionamientos? Porque cualquier grupo que no gane fácilmente puede ampararse contra la asignación de la aerolínea. O en el mejor de los casos, el que gane y pague liquidaciones, impuestos en mora y las acciones que tiene Tenedora K, tampoco podría asumir inmediatamente la administración porque el proceso no contempla la salida del conciliador hasta que se agote el concurso mercantil.
En ambos escenarios el ganador estaría en la indefensión total. La falta de seguridad jurídica podría ahuyentar a los postores.
Revés para Alsea
Ayer un nuevo revés a Grupo Alsea, de Alberto y Cosme Torrado, en la ya larga batalla legal contra Italianni’s, de Víctor Cachoua. Resulta que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil desechó los dos recursos de reclamación que la primera interpuso con la finalidad de detener el peritaje para corroborar la autenticidad de una firma que es clave en este expediente, porque con ella se obtuvo el año pasado la suspensión del embargo de activos y marcas que administra Alsea. Sucede que ayer los magistrados Gilberto Chávez, Hugo Díaz y Jesús Pérez determinaron que no procedía ninguno de los recursos que presentaron los abogados de los Torrado. Dicho de otra manera: quedó en firme el peritaje.
2011-03-17 05:00:00
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Darío Celis
En el tema eléctrico, lo más seguro es que el gobierno de Felipe Calderón pasará a la historia como un sexenio perdido. Esto ocurrirá por cinco razones.
Abortó la ampliación de Laguna Verde porque se inauguraría el siguiente sexenio; la hidroeléctrica La Parota está detenida; el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha sido política y financieramente muy costosa.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente: la llegada de Antonio Vivanco a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sustitución de Alfredo Elías Ayub, fue considerado por muchos como el último tumbo de su administración.
Los tres secretarios de Energía de este sexenio, Fernando Elizondo, Georgina Kessel y José Antonio Meade, no lograron diseñar y aplicar una política energética consistente y de largo plazo.
A estas alturas se desconoce si el Estado adoptará energías limpias, como la eólica o solar; o si optará por tecnologías como la nucleoeléctrica o hidroeléctrica, donde las inversiones son multimillonarias y en dólares.
Por si fuera poco, los grupos ambientalistas, académicos y expertos en energía nuclear demandarán que el gobierno de Calderón cierre Laguna Verde por el inminente peligro que representa una nucleoeléctrica que data de los años 80.
El CEO de una compañía multinacional cuenta que en los primeros días de 2007 se reunió con el presidente Calderón y el panista le preguntó cuánto costaba y en cuánto tiempo se ponía en operación una nucleoeléctrica.
-Diez mil millones de dólares y comenzaría a operar en más de seis años.
-¿O sea que a mí no me tocaría inaugurarla?
-No. Tocaría al próximo Presidente de México.
Lo que pasa es que además los permisos para echar a andar una nucleoeléctrica se tardan aproximadamente cuatro años en otorgarse, y otro tanto dura el desarrollo de la obra civil o construcción de la planta.
El proyecto de la CFE era instalar al menos dos nuevos reactores nucleares para sumar cuatro que generaran dos mil 200 megawatts (la demanda nacional es de 40 mil) con un costo superior a diez mil millones de dólares.
En el mundo empresarial se cree que Calderón no tenía el consenso político en la Cámara de Diputados para obtener recursos e invertir en un proyecto de largo plazo como era una nucleoeléctrica.
Tampoco iba a permitir que un gobernador priista, como Fidel Herrera y ahora Javier Duarte, se llevaran el beneficio político de la modernización de nuestra única planta nuclear ubicada en Veracruz.
La generación de electricidad en Laguna Verde es marginal, ya que sólo representa 2.5% de la capacidad instalada nacional.
La construcción de plantas nucleoeléctricas está dominada por Mitsubishi, Siemens, Alstom y General Electric.
La idea de este gobierno era aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país.
Se hablaba de que se requeriría para las próximas décadas comprar diez reactores e invertir unos 80 mil millones de dólares, pero se topó con el Congreso.
Al inicio de este sexenio el país generaba 223.6 Terawatts hora. La demanda cada año crece a una tasa promedio de 5% y CFE y sector privado tienen una capacidad instalada para generar actualmente más de 230.
Sin embargo el país demandará en 2020 aproximadamente 350 Terawatts y para 2050 unos 650. Por desgracia ya no queda tiempo para pensar en ello y son varias piedras las que están en el camino.
Los problemas para homologar el servicio que da la CFE frente a la ausencia de LyFC; los retos de las próximas elecciones; las reformas pendientes en el Congreso y el golpeteo en un año electoral, lo hacen imposible.
Mexicana: dudas
Fíjese que algunos grupos que están documentando su situación legal y financiera, en pos de adquirir Mexicana, dudan sobre la seguridad jurídica del proceso.
No tienen la certeza ante lo que están: una licitación pública o privada, así como de las facultades legales del conciliador, Gerardo Badín, para llevar el mecanismo de subasta. Más allá de que ya se exigió una garantía de seriedad de un millón de dólares, temen que se esté reeditando el caso de PC Capital, de Pablo Coballasi y Pablo Cervantes, en el que se impuso a un grupo y un modelo de negocios. Una discusión legal empieza a asaltar a esos potenciales nuevos inversionistas: el conciliador no tiene atributos jurídicos, para vender una compañía privada, hacerlo (como de hecho está pasando) implica una suplantación de funciones y un abuso de poder.
¿Por qué surgen estos cuestionamientos? Porque cualquier grupo que no gane fácilmente puede ampararse contra la asignación de la aerolínea. O en el mejor de los casos, el que gane y pague liquidaciones, impuestos en mora y las acciones que tiene Tenedora K, tampoco podría asumir inmediatamente la administración porque el proceso no contempla la salida del conciliador hasta que se agote el concurso mercantil.
En ambos escenarios el ganador estaría en la indefensión total. La falta de seguridad jurídica podría ahuyentar a los postores.
Revés para Alsea
Ayer un nuevo revés a Grupo Alsea, de Alberto y Cosme Torrado, en la ya larga batalla legal contra Italianni’s, de Víctor Cachoua. Resulta que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil desechó los dos recursos de reclamación que la primera interpuso con la finalidad de detener el peritaje para corroborar la autenticidad de una firma que es clave en este expediente, porque con ella se obtuvo el año pasado la suspensión del embargo de activos y marcas que administra Alsea. Sucede que ayer los magistrados Gilberto Chávez, Hugo Díaz y Jesús Pérez determinaron que no procedía ninguno de los recursos que presentaron los abogados de los Torrado. Dicho de otra manera: quedó en firme el peritaje.
2011-03-17 05:00:00
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