Conciliación y Arbitraje actúa por consigna
Martín Esparza Flores
Su autonomía es de membrete
En un acto de ética y congruencia, además de renunciar, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, debería cambiar el mensaje de su portal de internet donde asegura que el órgano a su cargo goza de plena autonomía para emitir sus resoluciones.
Los fallos y las agresiones registradas en los últimos años por ese organismo en contra de los trabajadores dicen todo lo contrario. Sectorizada como parte de la estructura administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta no es ni puede ser, al menos con el abogado Andrade al frente, una entidad autónoma.
El origen mismo que antecedió su llegada a la institución refiere que Andrade Salaverría debe, en buena parte, su arribo al cargo a la incondicionalidad mostrada con el ex secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien a su llegada a la dependencia, en 2006, lo ratificó como director general de Asuntos Jurídicos. Y si bien en abril del 2008 fue designado como titular de la Junta por Felipe Calderón, la recomendación directa fue hecha por Lozano pues los alcances políticos de Salaverría no llegaban hasta Los Pinos.
El pago de esa incondicionalidad se ha visto reflejado, por ejemplo, en el fallo que la Junta emitió en abril del 2009, en que dio terminadas las relaciones laborales de los mineros de Cananea con Minera México, propiedad del responsable de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco, argumentado daños y deterioros en las instalaciones, cuando desde septiembre de 2007, un grupo trinacional de expertos en materia de seguridad había establecido con claridad que los mineros laboraban en condiciones de insalubridad y alto riesgo por culpa de la falta de mantenimiento de la empresa.
Al pasar por alto tales evidencias y dar la razón al gánster de Larrea, la Junta alentó que su impunidad se reforzara, pues también a causa de su criminal irresponsabilidad por la falta de condiciones de seguridad de Pasta de Conchos murieron 65 trabajadores, el 19 de enero del 2006; 63 de ellos aún sepultados en las entrañas de la mina.
Ahora, en franca alianza con la CTM ¾organismo representante de los trabajadores ante la JFCA y que lamentablemente ha terminado traicionando a sus hermanos de clase¾, la Junta permite que se firme un contrato leonino con esa central en Cananea, pisoteando los cuatro años de huelga de los mineros, desplazándolos de su fuente de trabajo y marginándolos de sus derechos laborales. También la gente de Andrade Salaverría se cruza de brazos ante la intromisión del SUTERM ¾también ligado a la CTM¾ en el área de trabajo del SME, ignorando el Convenio de Delimitación de Zonas firmado en 1985 entre ambos sindicatos.
Expone también en su página web Salaverría: “…la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene el atributo de la autonomía, esencialmente por cuatro razones: En primer lugar, por estar legalmente facultada para expedir su propio reglamento interior; en segundo lugar, por tener plena jurisdicción para emitir resoluciones; en tercer lugar, por tener imperio para ejecutarlas”… “Las otras características no ameritan explicación especial” (sic).
En la práctica, la tan cacareada “plena jurisdicción” no existe. Un ejemplo de ello fue cuando el “pitoniso” Javier Lozano habló del “previsible” laudo de la Junta (¿autónoma?), en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que avalaba la terminación de las relaciones laborales, individuales y colectivas.
Y así fue: Lozano demostró a todo el país quién daba las órdenes en el interior de la Junta. Eduardo Andrade, su presidente, guardó mutis comprobando el sabio refrán de que: El que calla otorga. Y cómo no iba a guardar silencio si las indicaciones ordenaban dilatar al máximo las audiencias para que SME no pudiera defenderse en el terreno legal.
El 6 de noviembre del 2009, un mes después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro el SME promovió una demanda ante la Junta por despido injustificado, pago de prestaciones, salarios caídos, reinstalación de trabajo y sustitución patronal, pero no fue sino hasta el 26 de marzo del 2011, cuando la presidenta de la Junta Especial núm. 5, Mara Adriana Mayo, se dignó otorgar la audiencia. Pasaron 14 meses para que el SME fuera escuchado, sólo para enfrentar una vez más la arbitrariedad oficial, pues la funcionaria la prorrogó hasta el 9 de abril.
Como en su momento lo demostró el SME, Mara Adriana Mayo todo el tiempo estuvo encerrada en su oficina, detrás del escritorio, y sin dar una justificación legal decidió suspender la audiencia. Pero de la otra cara de la moneda, con sospechosa celeridad, la Junta entregó al ex tesorero Alejandro Muñoz, tres cheques por siete millones de pesos cada uno, producto de las cuotas sindicales, y aun cuando no le correspondía cobrarlos, los funcionarios de Andrade Salaverría le facilitaron el acceso a los recursos.
Hasta la fecha, los responsables y cómplices de este quebranto a los recursos del SME, se lavan las manos, pues es obvio que sólo recibieron órdenes. ¿De quién?, de Lozano, a través del presidente de la JFCA. Razones por las cuales el SME ha insistido en el Congreso para que Andrade Salaverría explique a los diputados el grado de sumisión con que opera el órgano a su cargo, en detrimento de los derechos laborales de millones de trabajadores.
La aplicación de los derechos laborales en el país no puede estar en manos de burócratas que actúan por consigna escudándose en las leyes en la materia, diciendo al país conocerlas, pero negándose a aplicarlas. Ya una vez el SME se plantó de manera permanente en la Junta para ser escuchado, y lo volverá a hacer si Andrade Salaverría se niega a apegarse al Estado de Derecho.
Los hemos dicho cientos de veces, si no pueden sacudirse la tutela oficial y actuar realmente de manera autónoma e independiente, que renuncien. El país y los trabajadores se los agradecerán.
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