Contrarreforma educativa, país en riesgo
Es nuestra forma de utilizar las palabras democracia y gobierno democrático la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inextricable confusión de ideas, para beneficio de los demagogos y los déspotas
Alexis de Tocqueville
La aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, mediante un denigrante mayoriteo
legislativo en San Lázaro, vino a corroborar el grado de descomposición
al que ha llegado el aparente modelo republicano basado en una
imaginaria división de poderes que priva en México.
El Poder Legislativo ha perdido su
elemental fundamento teórico como representante del pueblo e impulsor de
las leyes que más convienen al país; el Ejecutivo se ha convertido en
un poder absoluto que lejos de anteponer los intereses de las mayorías y
mantener el esquema de la soberanía nacional que le impone como
responsabilidad inexcusable la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se ha mutado en un simple ejecutor de las
directrices establecidas por organismos internacionales, como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el
Banco Mundial, que a través del neoliberalismo buscan no únicamente la
privatización de las empresas públicas, sino de sectores estratégicos
como el energético y el educativo. Y el Poder Judicial ha demostrado de
manera reiterada ser un vergonzoso apéndice de las consignas del
Ejecutivo, sin independencia alguna.
Lo ocurrido en las últimas semanas ha
terminado por corroborar, pese a la reiterada manipulación mediática,
que no es lo mismo hablar de una democracia en las urnas que de una
democracia en los hechos; es decir, la aplicación de un verdadero
gobierno democrático con capacidad de establecer un diálogo con los
sectores de la población directamente afectados con sus políticas
impositivas: un gobierno que vele por el interés de la nación y no por
los intereses de la oligarquía internacional.
Una sociedad bombardeada y confundida por
la distorsionada realidad que le han vendido hasta el cansancio los
llamados “líderes de opinión” no acierta a discernir que la reforma
educativa constituye una regresión a la auténtica calidad educativa,
amén de un atentado laboral a los derechos adquiridos por los
profesores. Lo aprobado por los legisladores tendrá un serio impacto en
la educación de nuestros hijos, pues en ninguna parte del mundo se eleva
el nivel educativo dejando en la incertidumbre y la precariedad laboral
a los mentores, quienes ahora, en aras de una tergiversada evaluación,
estarán en riesgo de perder su empleo cuando así lo establezca un grupo
de funcionarios que ya han demostrado su incapacidad hasta para corregir
faltas de ortografía en los libros de texto.
Las reformas tanto laboral como
educativa, energética y fiscal conllevan un mismo objetivo: velar por
los intereses de las multinacionales, a las que les conviene tener
países empobrecidos y sumidos en la mediocridad educativa, con una clase
trabajadora depauperada y sin derechos a la seguridad social ni a la
estabilidad laboral. El capitalismo voraz que avanza gracias a la
complicidad de gobiernos dóciles y antinacionalistas ha emprendido una
feroz embestida contra la educación pública, incluso en Estados Unidos.
Por ejemplo, William Ayers –profesor
emérito de la Universidad de Illinois, en Chicago, fundador y
vicepresidente de la división de estudios curriculares de la Asociación
Estadunidense de Investigación Educacional, así como de diversas
organizaciones en defensa por la educación pública democrática en la
Unión Americana– ha venido alertando y denunciando en los últimos años
sobre las reformas que en ese sector se han promovido en su país, que
buscan “minar la voz colectiva” de los maestros en una bien definida
estrategia por privatizar la administración de un recurso público hasta
reducir la enseñanza a un mero examen estandarizado.
En una amplia entrevista publicada en un
diario nacional en diciembre del año pasado, el experto en el tema
advirtió sobre los riesgos de que México y otros países copien parte del
modelo estadunidense. Y aconsejó que sus gobiernos “deberían entender
un par de cosas: una, se reduce la educación a algo que sólo se centra
en un muy estrecho espectro cognitivo, en lugar de que sea una
introducción robusta y amplia de los aspectos humanizantes de la
cultura entera”. Ejemplifica al respecto: “No me puedo imaginar a los
Obama diciendo a sus hijas: ‘nos gustaría llevarlas al concierto, a
clases de violín, al equipo de natación, al ballet, al club de ajedrez,
pero sólo lo haremos si se comprueba que eso elevará sus calificaciones
en los exámenes’.
“La segunda consecuencia que estamos
viendo –señala el analista– es que se está desalentando a toda la mejor
gente que desea ingresar al magisterio. El modelo de enseñanza que
promueve Arne Duncan (secretario de Educación en la administración de
Obama) es de 3 años y para afuera”. En ese modelo se contrata a jóvenes
capacitados rápidamente mediante programas como Teach for America, con
la idea de que sólo trabajarán pocos años antes de ser abogados o tener
otra profesión.
Algo muy similar han comentado los
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), en el sentido de que en México se busca acabar con el normalismo
para dar paso a las “escuelas chárter” o de concertación, que no son más que instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público.
Retomemos las evaluaciones de Ayers: “Eso
es una catástrofe. Ser maestro es la única profesión en Estados Unidos
donde tener experiencia y antigüedad es considerado un déficit. También
es la única profesión donde 50 por ciento de nuestros egresados de
escuelas de pedagogía deja de enseñar después de 5 años. Si eso
ocurriera en las escuelas de leyes y de medicina, tendríamos una
emergencia nacional”.
El problema, en este contexto, es que “los poderosos, los Walton de Walmart, la Fundación de Bill Gates, tienen el micrófono
y han logrado encuadrar el tema como de incompetencia de los
profesores”. Al evaluar el impacto de eso, Ayers aduce: “En lugar de
apoyar a los maestros otorgándoles no sólo recursos físicos, sino
también clases más reducidas, reformistas como Gates argumentan que los
sindicatos del magisterio son el gran obstáculo para el progreso en las
escuelas. ¿A dónde van con ese argumento? Esos reformistas tipo Gates
desean, primero, destruir la voz colectiva de los profesores; segundo,
imponer la administración privada de un recurso público, y tercero,
definir el aprendizaje como una calificación en un examen
estandarizado”.
Abunda: “En torno al asunto sindical,
buenas condiciones de trabajo son buenas condiciones para la enseñanza, y
buenas condiciones para la enseñanza son buenas condiciones para el
aprendizaje”. Las reformas en el sector minan, además, una “educación
humana y democrática”.
Después de leer las consideraciones del
experto en materia de educación en Estados Unidos es fácil entender que
la reforma educativa en México no es propiamente una política de Estado
que surja por motu proprio de la clase política en turno, como
tampoco lo son las reformas ya enumeradas, sino por lineamientos
internacionales totalmente ajenos al interés de millones de mexicanos.
En esta inercia es de esperarse que los
apátridas y entreguistas diputados y senadores que rehuyeron un debate
de altura y de cara a la nación con los maestros de la CNTE, para
incorporar sus propuestas en la Ley General del Servicio Profesional
Docente, serán los mismos que emplearán la consabida estrategia de
descalificación mediática para justificar su voto a favor de la entrega
del petróleo, la electricidad y la imposición tributaria en pro de las
multinacionales y la oligarquía que hoy nos gobiernan, pero en contra de
los intereses del pueblo de México.
Su mayoriteo legislativo en nada
refleja la auténtica voluntad de toda una nación y menos aún la
existencia, como establece Tocqueville, de un gobierno democrático, o
algo que se le parezca.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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