Denuncian ineficacia del Mecanismo de Protección a Periodistas
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Protestan en Veracruz por el asesinato del periodista Armando Saldaña. Foto: Miguel Ángel Carmona |
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), dijo en entrevista luego de participar en la presentación del “Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo federal de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que hasta ahora la dependencia federal no se ha erigido como ente político de fuerza “para exigir en el concierto de autoridades que tienen responsabilidad en la garantía de derechos humanos de las personas defensoras y periodistas”.
Al señalar que de acuerdo con información oficial existen 203 personas y organizaciones civiles beneficiarias del Mecanismo, el secretario técnico de la Red TDT consideró que si ese órgano, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, “no exige al concierto de autoridades que están implicadas dentro de la vida y patrimonio de defensores y periodistas, mientras no se solucionen jurídicamente y no se castigue a los responsables y perpetradores, si no se resuelve jurídicamente, la causa seguirá y, por más medidas que se dicten, serán insuficientes porque el perpetrador seguirá con toda la impunidad”.
La perpetuación de la impunidad es un tema de suma gravedad, apuntó, toda vez que de acuerdo con organizaciones civiles, en los últimos tres años 32 defensores y 21 comunicadores han muerto en condiciones no claras, presumiblemente por causas atribuidas a su trabajo.
Ríos Martínez, quien reconoció que aún con deficiencias, “es mejor que tengamos Mecanismo a no tener nada”, explicó que el segundo informe realizado por organizaciones integradas en el Espacio OSC se basa en el seguimiento y encuestas aplicadas a 59 casos de 21 estados del país de los 203 admitidos por el Mecanismo.
Los ejemplos seguidos han sido víctimas de agresiones de un “amplio abanico” de perpetradores, desde caciques rurales, servidores públicos, empresas multinacionales o grupos ultraconservadores, así como funcionarios responsables de seguridad y justicia, que han recurrido a amenazas, intervenciones telefónicas, hostigamientos judiciales, difamación, injurias y violencia de género, entre otros.
Fernando Ríos sostuvo que a pesar de que el cambio del titular de la subsecretaría, de Lía Limón a Roberto Campa Cifrián, “puede significar una ventana de oportunidades –con Lía no se podía hablar–, lo cierto es que hay procesos de simulación por parte del gobierno, no hay una estructura que garantice el trabajo de las personas defensoras y periodistas”.
De acuerdo con el análisis realizado, apuntó, no hay claridad de los criterios previstos para integrar a activistas o reporteros en el Mecanismo ni en los análisis de riesgo, por lo que “muchos solicitantes que han sido rechazados se han colocado en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Agregó que una vez que defensores y periodistas logran ingresar, la mayoría denuncia tardanza en la implementación y fallas en la operación de las medidas de protección, así como mayores riesgos por exponerse a vigilancia y espionaje de personal de seguridad asignado.
Peor aún, apuntó, “hasta ahora no hay visos de cuándo se creará una unidad destinada al seguimiento y prevención, pensada para analizar los escenarios de riesgo en que se desarrolla el trabajo de defensores y periodistas, tomar las medidas necesarias y evitar en todo caso que más casos ingresen al Mecanismo”, es decir, garantizar la labor de ambos sectores.
Para el defensor, “tendría que haber toda una campaña importante para comunicar a la sociedad sobre la importancia del trabajo de defensores y periodistas para legitimar su labor”.
El defensor insistió en que a tres años de la creación del Mecanismo, “falta un mayor trabajo político de exigencia hacia corporaciones que se dedican a garantizar la justicia para acabar con la impunidad”.
Las organizaciones del Espacio OSC que realizaron el informe son Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Reporteros sin Fronteras y la misma Red TDT.
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