En Oaxaca, la reforma educativa “no pasará”
7 de noviembre de 2015
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| Bloqueo de maestros en la carretera 190. Foto: Oaxaca Capital |
El exdirigente magisterial Gabriel López Chiñas muestra su indignación por el embate de las autoridades de Oaxaca y el gobierno federal contra sus compañeros de la Sección 22, cuatro de los cuales fueron capturados y remitidos al penal del Altiplano. Pese a las presiones, dice, la reforma educativa no pasará, pues el movimiento magisterial no es de dirigentes ni de líderes, sino de bases. Y sentencia: “Es probable que Peña Nieto termine su sexenio y en Oaxaca no se aplique la reforma, porque aquí tenemos la capacidad de organizarnos por regiones, sectores, niveles, turnos”.
OAXACA, Oax. (Proceso).- Pese a las aprehensiones, descuentos, despidos, encarcelamientos, amenazas, militarización y represión contra los maestros disidentes, en la entidad está cantado el fracaso de la reforma educativa, advierte Gabriel López Chiñas.
El exdirigente magisterial admite que aun cuando la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) atraviesa por una de las “crisis más profundas” en sus 35 años de lucha, sabrá recomponerse y reencauzar su estrategia política orientada por la vieja guardia.
“En Oaxaca –puntualiza López Chiñas– difícilmente va a operar la reforma educativa, a pesar de los millones que están gastando (las autoridades) con miles de policías federales, gendarmería y militares porque nosotros cambiamos la estrategia. Ellos esperaban una confrontación, el choque, pero nosotros optamos por la resistencia”.
Falta un año para que el gobernador Gabino Cué Monteagudo termine su gestión, pero ya entregó el poder al gobierno de Enrique Peña Nieto para descabezar a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al librar 29 órdenes de aprehensión y detener a cuatro maestros: Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus, quienes fueron trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Mayem Pilar Arellanes Cano, coordinadora jurídica de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos de la Sección 22, y Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, presentaron el pasado 29 de octubre la denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, y le solicitaron emitir una “acción urgente”.
El caso de las cuatro detenciones arbitrarias también fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Solalinde Guerra, criticó la “cinicocracia”, pues sólo así se entiende que se fugue un capo como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y se mande a reclusión a maestros disidentes.
“La justicia –dice– se ha politizado y hoy se maneja a conveniencia del poder y del sistema, pero sobre todo del PRI-Gobierno. El PRI volvió, eso no nos extraña, porque vivimos una cinicocracia y esto va a seguir mientras la sociedad civil no ponga un alto.”
Han pasado casi cuatro años del asesinato de Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, secretario de organización de la Sección 22 y dirigente del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca –fue ejecutado el 23 de diciembre el 2011–, y las investigaciones aún no concluyen.
También están pendientes los casos del profesor Carlos René Román Salazar –activo participante en la construcción del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca–, desaparecido desde el 14 de marzo de 2013, y las detenciones de sus colegas Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa, entre el 17 y 18 de mayo de ese mismo año, acusados del secuestro de dos menores.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2036, ya en circulación)
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