Intolerancia, criminalizar la protesta social
Revista Siempre!
Martín Esparza Flores
Criminalizar la protesta social, vía la
complicidad de los medios de comunicación, se ha tornado en la salida
más fácil para evadir la solución a los grandes problemas nacionales.
Disentir o ir en contra de una política autoritaria o de imposiciones
que anula el diálogo y el respeto al Estado de derecho, es comprar un
boleto seguro a la represión y a la privación ilegal de la libertad.
Hace seis años, en octubre del 2009,
diversos monopolios de la información con sus “líderes de opinión” a la
cabeza, se sumaron con especial empeño al linchamiento mediático que
sufrieron los electricistas del SME que se negaron a liquidarse,
iniciando con la frente en alto y la razón de su parte, un heroico
movimiento de resistencia.
El falaz argumento sostenido por los
domesticados cancerberos de la información, trató de justificar la
extinción de Luz y Fuerza del Centro en “bien del interés público y de
la economía nacional”. Así, sin reflexión alguna, se aislaron de los
asuntos a tratar por parte de los “críticos del sistema”,
contradicciones tan evidentes como el despido repentino de 44 mil
trabajadores por parte de un político que como Calderón había prometido
ser el “presidente del empleo”.
El grado de barbarie informativa llegó a
los extremos de satanizar el contrato colectivo de trabajo, de un
sindicato independiente, señalándolo ante la opinión pública como un
supuesto escaparate de privilegios cuando la propia Constitución
establece como un derecho de todos los mexicanos el aspirar a una vida
digna a través de los frutos del trabajo. ¿Qué acaso las 44 mil familias
que se quedaron sin sustento no eran parte de la economía nacional?
En todos estos años de larga lucha, el
SME ha atestiguado la represión ejercida en contra de innumerables
movimientos sociales por parte de los grupos fácticos que no conocen del
menor respeto a las leyes, y durante dos años, varios electricistas en
resistencia fueron privados de su libertad por la presión y el odio
alentado por estos medios y sus mercenarios “líderes de opinión”, hacia
las autoridades. Al final, como ocurrió con todo el cúmulo de embustes,
los jueces comprobaron la inocencia de aquellos que fueron calumniados
por consigna de las altas esferas del poder, elevándolos a la categoría
de presos políticos.
Ahora, esta estrategia de
criminalización a la protesta social empieza a tener como objetivo a los
maestros de secciones como la 22 de Oaxaca, que con el encarcelamiento
de varios de sus dirigentes y las órdenes de aprehensión giradas a
profesores y normalistas en Michoacán, muestran la vigencia de rehuir el
diálogo a los grandes problemas del país, como el encubierto método de
represión que habrá de emplearse en agravio de todos los mexicanos que
no estén de acuerdo con la imposición de políticas atentatorias a los
intereses nacionales y de las mayorías.
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