Privatización de la electricidad: fracaso mundial
A
2 décadas de haberse iniciado en todo el mundo el proceso de
privatización de las empresas públicas de electricidad, los resultados
difieren con las promesas hechas a millones de personas, sobre todo de
escasos recursos: salvo contadas excepciones, las tarifas no han bajado
ni el servicio ha mostrado mejorías y, por el contrario, como sucedió en
octubre pasado en Buenos Aires, Argentina, las fallas en el suministro
por la baja calidad en el servicio ocasionada por la disminución de
costos sumió en el caos a más de 250 mil usuarios, como ya había
ocurrido con el colapso eléctrico registrado entre octubre y diciembre
de 2001, en California, Estados Unidos, por la firma Enron que ocasionó
racionamientos y costosos apagones a miles de consumidores.
Todos
los procesos tienen como directriz global las políticas impuestas de
manera unilateral por organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), pues en ningún país donde se han echado a
andar tales reformas los ciudadanos han podido expresar su opinión o al
menos han sido consultados. Sus gobiernos han actuado inclusive al
margen de sus propias leyes para imponer un modelo que ahora debe
revisarse a fondo por los altos costos sociales y económicos que ha
implicado para decenas de naciones, pues los ganadores han sido unas
cuantas empresas trasnacionales que, amparadas en la ausencia de
mecanismos de regulación, han impuesto las reglas del mercado a su
conveniencia.
Por
todo el orbe, esta ola privatizadora de un servicio tan básico y
elemental como lo es la electricidad es la muestra de que los intereses
de las mayorías que debían ser salvaguardados por los gobiernos han sido
desplazados por el interés comercial de los particulares, las
multinacionales, que no conformes con causar un grave quebranto a la
economía de los que menos tienen han atentado contra los derechos
laborales de miles y miles de trabajadores de este sector que a nivel
mundial han perdido derechos, como la estabilidad en el empleo y otras
prestaciones más, al ser desplazados por personal sin experiencia
técnica ni sindical, avasallados además por la ilegal autorización de
contratos laborales más flexibles como las tercerizaciones.
Países
como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, que forman parte de la
lista de naciones desarrolladas que echaron a andar la privatización de
sus corporaciones públicas de electricidad, son hoy el claro ejemplo de
que la realidad actual dista mucho de la bonanza esperada, surgiendo en
algunos casos, como en la unión americana, un verdadero caos en el
mercado minorista que se dedica a vender electricidad sin control alguno
en perjuicio de millones de personas.
Y
si bien en Inglaterra como en otras naciones se han registrado algunas
disminuciones en las tarifas, éstas han sido en beneficio de los grandes
consumidores pero no así para los usuarios domésticos y pequeños
comerciantes o empresarios, además de que tales reducciones han
obedecido no a un mejor funcionamiento del sector en manos de
particulares sino a factores como la disminución en los precios de los
combustibles con que funcionan diversas plantas de generación.
La
imposición del modelo de privatización de la electricidad ha tenido
efectos por demás desastrosos en países como Brasil, claro ejemplo de
cómo las empresas privadas terminaron devastando un sistema eficaz y
confiable que operaba plantas hidroeléctricas de bajo costo en manos del
Estado, pero que al pasar a manos extranjeras derivaron en la
prestación de un servicio precario pero costoso sobre todo por la falta
de inversión en nuevas infraestructuras, lo que ha colocado los precios
de la electricidad en la nación suramericana por encima de los que
aplican en los países del primer mundo.
Otro
fracaso evidente es el que se registró en la India, donde el Banco
Mundial impuso la creación de la figura de los productores
independientes de electricidad (PIES), muy similar a la que por cierto
ha operado en México desde hace más de 1 década. Esquema bajo el cual
empresarios privados llegaron a un acuerdo con el gobierno de aquel país
para construir una nueva central, misma que al quedar bajo control y
libre albedrio de los particulares impuso altas tarifas que una
población mayoritariamente pobre no pudo pagar.
Debido
a los desventajosos contratos firmados por las autoridades de la India,
al Estado no le quedó de otra que comprarles la energía generada a
precios elevados y en cantidades muy por encima de los requerimientos de
la sociedad, llegándose a tal insolvencia que la planta terminó
cerrándose, derivando en una demanda del consorcio por el incumplimiento
del gobierno de aquel país. La receta impositiva del Banco Mundial le
trajo así más perjuicios que beneficios a la expoliada nación.
En
Estados Unidos abundan también los ejemplos del fracaso de la
privatización de la electricidad, donde los precios tampoco han
representado un beneficio directo para sus habitantes. Por mencionar un
caso, en Texas, en los primeros años de la desregulación en 2002, el
precio residencial de la electricidad subió siete veces por encima del
precio anterior a la implementación de la medida, llegándose al extremo
que de 2002 a 2004 los usuarios enfrentaron un incremento del 43 por
ciento.
En la unión americana se está
registrando un fenómeno surgido al amparo de la falta de regulación
donde las llamadas empresas minoristas, que a final de cuentas compran
la energía a las firmas mayoristas, están defraudando a millones de
usuarios al venderles falsas promesas de mejor servicio y baja de
tarifas mediante la utilización del telemarketing. Enganchados
por la publicidad, los consumidores aceptan firmar con estas empresas,
abandonando sus contratos con las contadas empresas púbicas para
llevarse después sendos chascos al corroborar notorios incrementos en
sus recibos.
A diferencia de las
compañías públicas, las privadas no tienen que justificar ante los
consumidores la necesidad de incrementar sus tarifas; es decir, que la
desregulación les otorga manga ancha para hacer cuanto les
venga en gana con las necesidades de sus clientes. Y todo gracias a la
utilización de los trucos publicitarios. ¿Sucederá algo similar en
México en los años por venir?
Esta
creciente captación del mercado de consumidores por estas empresas
estadunidenses ya ha creado un franco desconcierto en las propias
autoridades al grado de que en 2013 el fiscal general de Nueva York
debió informar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos que el 91.5
por ciento de los consumidores de bajos ingresos del Norte del estado se
había cambiado a empresas privadas pagando tarifas muy superiores a las
que debían sufragar con una corporación pública tradicional.
Ante
tal escenario global es momento de que en todo el mundo se dé un
análisis de lo negativa que ha sido la ola privatizadora del sector
eléctrico, pues no hay un sólo caso que hable en defensa del modelo
impuesto tanto por el BM como por el FMI.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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