Constituyente sin candidatos ciudadanos

esparza
Imposición de un conjunto de reglas

Por Martín Esparza Flores 

Las reglas para la elección de los 100 diputados al Constituyente que redactará la primera Constitución de la Ciudad de México, anularon en el más elemental de los sentidos comunes la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a este órgano colegiado, reservado a los miembros de una partidocracia que desde hace mucho dejaron de representar el sentir y los reclamos de una sociedad ansiosa por recuperar la legalidad y el estado de derecho.
Lo que se ha pregonado como un avance democrático en el país no es más que la imposición de un conjunto de reglas que, paradójicamente, no buscan depositar la soberanía de la naciente entidad en la decisión del ciudadano, sino en las cúpulas de una clase política que ya hace cuentas alegres por las cuotas de poder a repartir.
El temor a que la gente exprese su hartazgo por la vía de las candidaturas independientes blindó la elección de junio próximo imponiendo tramposamente una serie de insalvables requisitos tales como exigir que un lapso no mayor a 36 días, los aspirantes consigan 73 mil 793 firmas, el uno por ciento de la lista nominal, con copia fotostática en derecho y revés del simpatizante, teniendo un plazo que inicia el primero de marzo y concluye el 5 de abril próximo. Tal cifra de adherentes ni siquiera fue alcanzado por partidos con registro como Nueva Alianza, que las elecciones del 2015 apenas y computó 66 mil votos en toda la ciudad de México.
Pero además, y en el supuesto de que algún aspirante logre tal hazaña, tendrá que bregar contra la precariedad de recursos en clara desventaja con los partidos con registro que tienen acceso a la publicidad en medios electrónicos y una estructura partidista que será puesta en marcha en las 16 delegaciones.
Otro signo de la antidemocracia que envuelve al parto de la nueva Constitución es que el 40 por ciento de los integrantes del Constituyente será designado de forma directa tanto por el Congreso, el presidente de la república y el jefe de Gobierno; 14 de los diputados surgirán del Senado, 14 más de la Cámara de Diputados; seis por decisión del jefe del Ejecutivo y seis más por voluntad del titular del gobierno capitalino.
Es fácil comprender que mediante este impositivo sistema de asignaciones directas, partidos como el PRI, que no gozan de las preferencias de la mayoría del electorado en el antiguo Distrito Federal, tendrán un número importante de diputados constituyentes; esto es, decidirán por aquellos a quienes realmente no representan.
Pero ni siquiera el restante 60 por ciento compensará en algo la ausencia total de la sociedad civil en el Constituyente pues los electores no votarán por un candidato en particular sino por listas de aspirantes elaboradas de manera unilateral por los partidos. Ante este ultraje a la democracia, la ciudadanía capitalina, altamente politizada y consciente de sus derechos, debe hacer valer sus propuestas desde sus diversas organizaciones sociales, que como la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores son la vía para sumar en este momento histórico, la legítima voluntad de millones de ciudadanos.

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