Constituyente sin candidatos ciudadanos
Imposición de un conjunto de reglas
Por Martín Esparza Flores
Las reglas para la elección de los 100
diputados al Constituyente que redactará la primera Constitución de la
Ciudad de México, anularon en el más elemental de los sentidos comunes
la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a este órgano
colegiado, reservado a los miembros de una partidocracia que desde hace
mucho dejaron de representar el sentir y los reclamos de una sociedad
ansiosa por recuperar la legalidad y el estado de derecho.
Lo que se ha pregonado como un avance
democrático en el país no es más que la imposición de un conjunto de
reglas que, paradójicamente, no buscan depositar la soberanía de la
naciente entidad en la decisión del ciudadano, sino en las cúpulas de
una clase política que ya hace cuentas alegres por las cuotas de poder a
repartir.
El temor a que la gente exprese su
hartazgo por la vía de las candidaturas independientes blindó la
elección de junio próximo imponiendo tramposamente una serie de
insalvables requisitos tales como exigir que un lapso no mayor a 36
días, los aspirantes consigan 73 mil 793 firmas, el uno por ciento de la
lista nominal, con copia fotostática en derecho y revés del
simpatizante, teniendo un plazo que inicia el primero de marzo y
concluye el 5 de abril próximo. Tal cifra de adherentes ni siquiera fue
alcanzado por partidos con registro como Nueva Alianza, que las
elecciones del 2015 apenas y computó 66 mil votos en toda la ciudad de
México.
Pero además, y en el supuesto de que
algún aspirante logre tal hazaña, tendrá que bregar contra la
precariedad de recursos en clara desventaja con los partidos con
registro que tienen acceso a la publicidad en medios electrónicos y una
estructura partidista que será puesta en marcha en las 16 delegaciones.
Otro signo de la antidemocracia que
envuelve al parto de la nueva Constitución es que el 40 por ciento de
los integrantes del Constituyente será designado de forma directa tanto
por el Congreso, el presidente de la república y el jefe de Gobierno; 14
de los diputados surgirán del Senado, 14 más de la Cámara de Diputados;
seis por decisión del jefe del Ejecutivo y seis más por voluntad del
titular del gobierno capitalino.
Es fácil comprender que mediante este
impositivo sistema de asignaciones directas, partidos como el PRI, que
no gozan de las preferencias de la mayoría del electorado en el antiguo
Distrito Federal, tendrán un número importante de diputados
constituyentes; esto es, decidirán por aquellos a quienes realmente no
representan.
Pero ni siquiera el restante 60 por
ciento compensará en algo la ausencia total de la sociedad civil en el
Constituyente pues los electores no votarán por un candidato en
particular sino por listas de aspirantes elaboradas de manera unilateral
por los partidos. Ante este ultraje a la democracia, la ciudadanía
capitalina, altamente politizada y consciente de sus derechos, debe
hacer valer sus propuestas desde sus diversas organizaciones sociales,
que como la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores son la
vía para sumar en este momento histórico, la legítima voluntad de
millones de ciudadanos.
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