Tarifas eléctricas a la baja, política ficción
En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades
de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se
trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de
electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza
del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más
daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la
zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
Así, mientras la parte gubernamental
hace denodados esfuerzos por convencer a los mexicanos que uno de los
resultados tangibles de la citada reforma es la disminución en los
recibos de luz por la utilización de mayores volúmenes de gas natural
para generar electricidad a un menor costo, los hechos y las mismas
cifras de las entidades públicas contradicen tales logros, dejando
pendiente, y en la indefinición, el gigantesco problema social heredado
por el gobierno de Felipe Calderón en lo referente a los millones de
quejas por los abusivos cobros de CFE, tanto en el centro del país como
en todo el territorio nacional. Reclamo igualmente ignorado en el ámbito
legislativo y que hoy volverá a tocar a las puertas del Congreso.
Analistas y expertos en la materia
concuerdan en lo infundado del discurso oficial que, como ya es
costumbre y a través del uso desmedido de anuncios publicitarios,
intenta crear falsas expectativas y logros que aún distan de ser
alcanzados por la reforma como ha venido afirmando el titular de la CFE,
Enrique Ochoa Reza, quien a mediados de 2015 habló de reducciones del
orden del 25 y 26 por ciento en las tarifas del sector industrial; del
11 y 22 por ciento en la comercial, lo mismo que en la tarifa doméstica
de alto consumo.
La cuestión de fondo es que millones de
recibos no reflejan tales rebajas y, por el contrario, continúan las
quejas y persisten los litigios contra los cobros excesivos de CFE,
derivados de los llamados “recibos locos”, cuyo cobro se tasó en base a
improcedentes “estimaciones”, tal y como lo denunció en su momento la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo en la antes zona
de influencia de Luz y Fuerza.
En teoría, con la reforma los precios de
la electricidad tenderían a la baja en nuestro país bajo la premisa de
incrementar la producción de gas natural en un 40 por ciento en los
próximos años, lo que implica la reconversión de las plantas que generan
energía mediante el uso del combustóleo; pero estas circunstancia aún
no se cumplen. Igualmente hay mucho por recorrer para que se concluya el
plan contemplado de generar unos 25 mil kilómetros de gasoductos que
puedan llevar al día unos 4 mil 500 millones de pies cúbicos de gas a
plantas generadoras ubicadas, por ejemplo, en regiones como la
Norte-Pacífico.
Esto es, que los objetivos de la Reforma
Energética en el sector eléctrico todavía no se materializan en los
hechos, y si se ha operado una ligera baja en las tarifas eléctricas es
por otros factores tales como la reducción en los precios del gas shale
importado de los Estados Unidos y el mayor número de generación de las
hidroeléctricas a consecuencia de las lluvias abundantes de los últimos 2
años. Otro elemento del cual se ha echado mano para reducir
artificialmente las tarifas son los subsidios, tal y como quedó asentado
en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados para
el presente año, donde se contempla una transferencia por 30 mil
millones de pesos a CFE para disminuir en un 2 por ciento las tarifas
residenciales.
Ante la ausencia de resultados
tangibles, resurge la demanda que ha venido enarbolando la Asamblea
Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), en el sentido de
exigir a los diputados y senadores elevar a rango constitucional el
derecho humano a la electricidad mediante la aplicación de una tarifa
social justa, que sea establecida por el Congreso y no por la Secretaría
de Hacienda, así como el programa del “borrón y cuenta nueva”, que
pondría fin a la extensa cadena de latrocinios cometidos por CFE,
ampliamente documentados tanto en los medios como en las redes sociales
donde se han registrado infinidad de casos de usuarios que por el uso de
dos focos han sido requeridos a pagar en sus recibos cantidades
exorbitantes y por demás ilógicas.
Por todo el país la ANUEE ha iniciado
una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa
ciudadana que en su momento fue ignorada por los integrantes de la LXII
Legislatura de San Lázaro, cuando en febrero del 2013 sus dirigentes
entregaron a los miembros de la Comisión de Energía un documento en el
cual detallaban los pormenores de un movimiento con sólida raigambre
social y resonancia en 14 estados de la república, mismo que asumió la
defensa de por lo menos 30 casos de usuarios que fueron detenidos o
procesados, al ser acusados injustamente, y por la vía penal, por CFE,
ante el hecho de declararse en huelga de pagos o negarse a aceptar los
injustos acuerdos planteados por las autoridades.
Durante la segunda mitad del sexenio de
Calderón, en la LXI Legislatura, los propios diputados del PRI
integrantes de la entonces comisión especial para analizar los casos de
corrupción en CFE, documentaron un millón de quejas ante la Profeco, y
dieron fe de los “recibos locos” denunciados por la ANUEE. Estos
antecedentes muestran el complejo problema social que ha venido
generando la Comisión Federal y que se agudizó tras el cierre de Luz y
Fuerza, sumando a las quejas de los diversos estados las de los millones
de usuarios de la zona centro del país.
Cobra vigencia, por todo lo anterior, el
contenido de la petición entregada a los diputados por la ANUEE, hace 3
años y que en algunos de sus párrafos señalaba: “Algunas de estas
organizaciones empezamos la huelga de pagos de la energía eléctrica
desde 1992, cuando se dio la reforma inconstitucional de la ley del
servicio público de la energía eléctrica; otras nos sumamos en 2002
después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica, otras
más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas
tarifas ya impagables de la luz y en el centro del país, a raíz del
decreto inconstitucional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que
derivó en la actuación, sin tener facultades, de la Comisión Federal de
Electricidad para cobro, cortes, desmantelamiento de la Red de
Distribución e instalación de medidores digitales de prepago, asumiendo
situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidación a los más de 6
millones usuarios de esta zona.
“En el transcurso de la historia de
nuestro movimiento que lleva ya más de 20 años, sólo hemos encontrado
oídos sordos y represión por parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Y el
Poder Legislativo no es la excepción: en las legislaturas anteriores,
nos han recibido en múltiples ocasiones pero no nos han escuchado en lo
mínimo y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas.”
Ahora a la iniciativa ciudadana de la
ANUEE le acompañarán un caudal de firmas donde se expresará el
descontento de los 30 millones usuarios domésticos que en todo el país
han padecido los cobros excesivos y el mal servicio de la CFE; mismos a
quienes la reducción en las tarifas eléctricas, inherente a la Reforma
Eléctrica, sigue sin reflejarse en su recibos de luz. Los integrantes
del Congreso tienen en sus manos hacer realidad los beneficios
anunciados o hacer oídos sordos para reciclar, como ya es costumbre en
la neoliberal tecnocracia, la ominosa política ficción.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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