La agresión permanente a los derechos sociales de la clase obrera mexicana
Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,
Profesor de la FES Aragón/UNAM,
sindicalista y miembro de la Confederación de Jubilados, Pensionados
y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C.
y de la Nueva Central de Trabajadores.
Las llamadas prestaciones sociales en México
son en realidad una parte del salario de la clase obrera. Es la fracción
del salario que socialmente se distribuye por el gobierno federal y que
ha sido conquistada a través de las luchas del proletariado urbano y el
rural, principalmente, desde que concluyó la revolución mexicana hasta
fines del siglo XX.
Comprende grandes áreas tales como el gasto
gubernamental en salud, educación, vivienda, transporte, cultura,
seguridad y recreación, por citar las más relevantes y cubren
prácticamente desde el alumbramiento hasta la muerte del trabajador. Las
fuentes de financiamiento del valor global de esta fracción social del
salario, poniendo el ejemplo de las aportaciones al IMSS, provienen del
salario mismo de la clase obrera y de las clases trabajadoras en
general: el descuento directo del 1.125% del salario del trabajador, el
5.15% que aparentemente aporta el patrón, pero que en realidad lo toma
del salario y el 0.225% que supuestamente proporciona el Estado, pero
que proviene de la recaudación tributaria.
Esta última es la que suministra por lo
general los medios económicos que en el presupuesto de cada año van
destinados a la parte social del salario arriba referida.
La lucha de los pueblos en las dos guerras
mundiales del siglo XX así como el hundimiento del colonialismo y la
extensión de las revoluciones socialistas hasta 1976 abrieron una época
en que esta fracción social del salario creció de manera significativa e
incluso tipificó al Estado del bienestar para evitar más
desprendimientos revolucionarios. Igualmente coincidió con el auge del
fordismo como la principal forma de producción de extracción de
plusvalía relativa hasta su agotamiento, en la década de los años 1970 y
particularmente en la crisis general del capitalismo de esos años.
En adelante la política neoliberal se fue
imponiendo en la mayoría de los países capitalistas y con ella se abrió
un período histórico de continua reducción del valor de la fuerza de
trabajo y sobre todo del salario, tanto en su asignación individual como
a escala social.
Para el caso de nuestro país, fue a partir de
1997 (y más tarde, en 2007 en el caso del ISSSTE), que la oligarquía
comenzó la drástica reducción de la parte social del salario con la
creación del sistema de cuentas individuales para el retiro en los
nuevos trabajadores que se incorporaban a las filas del IMSS y
administradas directamente por el capital bancario y financiero a través
de las SIEFORE.
Le siguieron en 2012 un conjunto de
modificaciones con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre las
cuales destacan la flexibilización de las obligaciones patronales en
materia de capacitación y adiestramiento, la afirmación de la
subcontratación, los contratos de primer empleo, el rompimiento de la
jornada de 8 horas y el establecimiento de la jornada por horas, por
citar algunas, que lo mismo afectaban el salario nominal, que la
fracción social del salario.
Inmediatamente después sobrevino la reforma
hacendaria, que también arrancó otros fragmentos del salario del
trabajador al gravar prestaciones que antes estaban exentas y al
aumentar el impuesto al consumo final.
En materia de educación, la política que
siguió la oligarquía consistió en la privatización gradual de la
educación a todos los niveles mediante el estancamiento en la
construcción de nuevos planteles de educación pública y el aliento de la
educación privada.
Hoy, por ejemplo, de 136 mil aspirantes a la
licenciatura en la UNAM registrados en la primera ronda, únicamente se
quedó el 8.9%. Además, bajo el pretexto de la creación de la Secretaría
de Cultura, la degradación en la calidad de la educación ha llegado a
situar a centros de enseñanza fundamentales bajo entidades de gobierno
de segundo orden. De ser coordinados directamente por la SEP, ahora
instituciones como el IPN, la UPN o la UNADM pasarán a cargo de una
subsecretaría, lo cual lleva como propósito la degradación de la
educación y con ello el abaratamiento de la fuerza de trabajo
calificada.
Asimismo, el Sistema de Evaluación, además de
haber sido proyectado como un medio político para acabar con la fuerza
de los maestros democráticos agrupados en la CNTE, va acompañado de un
conjunto de reducciones en esa fracción del salario llamada
prestaciones. Es una escalada de precarización que comprende todos los
niveles de la docencia en nuestro país.
Por lo que se refiere a la parte social del
salario dedicada a la cultura, el esparcimiento y la convivencia
familiar de los obreros, desde las modificaciones a la Ley del Seguro
Social de 1997 comenzó la privatización de numerosos segmentos tales
como los centros vacacionales. Fuera de dicha ley también se
privatizaron salas de arte cinematográfico, espectáculos en los parques
públicos, se comenzó a mercantilizar el acceso a museos y hasta en
monumentos históricos. Y todo lo que se privatiza disminuye el salario
real del obrero.
Por su importancia, nos detendremos en el reciente proceso de desmantelamiento del sistema mexicano de salud y de pensiones.
Dos son los ejes de la destrucción: el primero, llamado oficialmente “Universalización de los servicios de salud” ,
recientemente aprobado el 8 de abril del año en curso. Bajo la
apariencia de la extensión general de dichos servicios en la primera
fase que comprende a los estados de México, Oaxaca y Baja California
Sur, se persigue el abaratamiento de esta función social vital y la
mayor privatización, pues el esquema únicamente incluye 14 servicios
clínicos, entre los cuales se encuentran resonancias magnéticas y
cuidados intensivos para todas las edades. Los restantes servicios de
alto grado de calificación y por lo tanto, de alto costo, no están
comprendidos.
A esto se agrega la subrogación progresiva de
otra clase de servicios de importancia vital como la reciente
contratación de empresas privadas para servicios de laboratorios de
análisis clínicos, los llamados “procedimientos de mínima invasión”
tales como ortopedia, cirugía general, bancos de sangre y oftamología,
que al año suman la cantidad de 200 mil, que le costarán solamente al
IMSS 16.5 miles de millones de pesos (mmdp) durante los próximos tres
años.
El complemento de la llamada universalización es el del sistema de pensión universal .
Para el año 2014, el IMSS tiene registrados 3.5 millones de
trabajadores que están pensionados y junto con los del ISSSTE, suman
poco más de 5 millones, que frente al total de adultos mayores que hay
en el país, representan apenas el 26%, lo que indica que el 74% se
encuentra abandonado a su suerte. La misma fuente nos indica que el
gobierno federal desembolsó 2.5 billones de pesos para los fondos de
pensiones durante 2015. Una parte de este dinero la mueven las dos
instituciones más grandes de seguridad social existentes, pero
aproximadamente la mitad la administran las SIEFORE. Para los
trabajadores, los rendimientos de sus ahorros en estas instituciones de
la gran burguesía financiera apenas reportan el 5% anual, mientras que
para estos últimos han llegado a más del 60% en algunos años.
Sin embargo, quieren más. Actualmente la
aportación al fondo equivale al 6.5% del salario de los trabajadores,
pero con las modificaciones que pretende la oligarquía la quiere llevar
al doble o incluso al 15%. ¿Cómo llega a este resultado? Entre otras,
con la propuesta de transferir a los fondos de pensiones las
aportaciones al INFONAVIT, que representan el 5% del salario del obrero,
y presionando para que éstos realicen “ahorros voluntarios” de un 2.5%
adicional.
Pero el saqueo no se limita a esto. Desde el
año anterior la oligarquía a través de sus voceros en las Cámaras y en
el poder ejecutivo abrió su propuesta de rasurar las pensiones de los
trabajadores que entraron a laborar antes de las reformas de 1997
bajando el tope de 25 salarios mínimos de pensión a 10, y eliminando el
pago con el promedio salarial de los últimos cinco años trabajados.
De imponerse estas propuestas por la
oligarquía, la precariedad de la clase obrera mexicana será mucho mayor,
pues el mismo Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoce
que las pensiones en México están entre las más bajas del mundo, pues
apenas equivalen al 30% del salario, aunque la Consar las sitúa más
abajo, en el 26%, mientras que el promedio mundial de las pensiones
representa el 62% del salario del trabajador. Todavía más: pretenden
aumentar el tope máximo de colocación de los fondos de pensiones en la
especulación bursátil internacional, que actualmente está limitada a no
más del 20%.
Por lo tanto, la gran burguesía lleva
adelante una ofensiva en la seguridad social en diferentes planos:
saqueando más al trabajador en su vida laboral activa para que aporte un
porcentaje mayor de su salario al fondo de pensiones, disminuyendo de
manera sustancial la pensión de aquellos que empezaron a cotizar antes
de 1997, apropiándose de los fondos de vivienda de todos los
trabajadores, aumentando el porcentaje de los fondos de pensiones que
pueda ser colocado en la especulación internacional y no menos
importante, haciendo trabajar a la clase obrera más años y aumentando la
edad para pensionarse. Y todo esto en un país donde los trabajadores
son los que menos ingresos perciben de los países de la OCDE y donde los
empresarios se colocan entre los que obtienen las tasas de excedente
neto más altas de dicha agrupación de países.
Recientemente, el 12 de abril, se terminó de
formular otra serie de propuestas de reformas a las leyes laborales por
un grupo de funcionarios que, al amparo de problemas reales como la
transparencia sindical o los contratos de protección, es muy probable
que filtren una serie de modificaciones lesivas a la clase obrera. Por
lo pronto, han anunciado normatividades en la estandarización de
mecanismos para sistematizar y transparentar la justicia laboral y la
transparencia sindical, modificaciones en los emplazamientos a huelga,
el registro de los sindicatos, homologación de criterios entre las
autoridades del trabajo, nuevas políticas sobre despido y contrataciones
en la administración pública, etc., entre otras.
En materia de seguridad las propuestas de
reforma que están debatiéndose en las cámaras son regresivas y acentúan
el verticalismo y el perfil autoritario del Ejecutivo. Nos referimos a
la modificación del Art. 29 de la Constitución, al darle facultades al
presidente para decretar el estado de excepción, y la centralización de
los cuerpos policiales y de seguridad, aunque se disfracen de mando
mixto en vez de único, amén de los contenidos lesivos que plasmen en la
creación de las tres leyes secundarias en materia de seguridad.
Mientras tanto, la inseguridad y la vida
misma pende de un hilo frente a la escalada de violencia y
descomposición social y política que se vive en nuestro país. Es tan
evidente, que el propio Secretario de Gobernación ha reconocido
públicamente que actualmente existen siete mil niños y jóvenes no
localizados, es decir, desaparecidos o sin vida.
Resumiendo, existe una ofensiva de grandes
dimensiones por parte de la oligarquía para reducir al mínimo la parte
social del salario de las clases trabajadoras, particularmente la de la
clase obrera y, ya logrado lo anterior, para apropiarse casi por entero
de la administración de los fondos más importantes que conforman esa
parte social del salario, conduciéndolos en una porción significativa
hacia los canales nacionales e internacionales de la especulación y el
fraude.
De la unificación de las luchas tanto de los
trabajadores pensionados como de los activos, de los eventuales e
informales como de los permanentes, del campo y la ciudad, dependen los
grados de afectación al conjunto de las prestaciones sociales,
componentes fundamentales del salario de obreros y campesinos.
16 de abril de 2016
Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,
Correo: melasa17@gmail.com
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