Más de 420 mil ciudadanos exigen que acceso a energía eléctrica sea derecho humano; tarifas aumentaron hasta 250%
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Por: Cecilia Balderas /
20 abril, 2016
Una comisión representativa –encabezada por Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y por Juan Luis González Vargas, dirigente y coordinador de la ANUEE- ingresó al Palacio Legislativo para entregar formalmente la propuesta al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el perredista Jesús Zambrano Grijalva.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Esparza Flores sostuvo que es urgente que se analice y apruebe dicha propuesta, dada la grave situación económica de la mayoría de los mexicanos y el incremento -de hasta 250%- en las tarifas eléctricas, luego de que Felipe Calderón decretara en 2009, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
“Se puede acordar una tarifa social para que los usuarios realmente paguen la luz, pero a una tarifa que se ajuste a la situación económica de cada familia y eso, el Estado lo puede satisfacer sin problema”, detalló.
El dirigente sindical denunció que cientos de personas padecen amenazas permanentes de cortes masivos de luz, luego de que dejaron de pagar recibos de entre 20 y 40 mil pesos por carecer de recursos; además, agregó que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acostumbran cortar la electricidad por la noche y que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) persiguen a los deudores.
Cuestionado sobre la viabilidad de que una reforma constitucional –como la que decretó el acceso al agua como derecho humano- verdaderamente modifique la realidad nacional, Esparza Flores declaró: “es importante señalar que la infraestructura eléctrica es del Estado y se construyó con los impuestos de los mexicanos, por lo que no hay que erogar ni un peso; es con las plantas que son del Estado, con las que se puede satisfacer a 32 millones de usuarios domésticos del país”.
Ante la inminente entrada al mercado mexicano de empresas privadas que podrán vender energía eléctrica, el dirigente del SME afirmó que no habrá mejora en el servicio ni se reducirán los precios de la electricidad, tomando en cuenta la experiencia internacional sobre desregulación de este sector, en particular en un país como el nuestro, en el que 80% de la electricidad se genera con gas, por lo que mientras más disminuyan los hidrocarburos, más se incrementará el precio del producto.
En este contexto, cabe recordar que la CFE abrió una licitación pública a largo plazo de energías renovables en la que se detalla que pagará el kilowatt hora a los productores de energía a 45 centavos, al mismo tiempo de que lo cobra en 1.75, 2.50 y el de alumbrado público a 3 pesos, cuando su producción no cuesta más de 56 centavos.
“La entrada de estas empresas privadas no es en beneficio del usuario, sino de los grandes capitales que invertirán su dinero y obtendrán concesiones por años; si los grandes consumidores se ajustan al mercado eléctrico, con la nueva ley, dependerá de ellos el que compren electricidad a quien les dé mejores precios y condiciones, pero los usuarios no tienen esa posibilidad”, subrayó.
El líder sindical criticó que los legisladores no volteen a ver las verdaderas necesidades de la ciudadanía y recordó que una iniciativa similar ya había sido presentada en el Senado de la República; sin embargo, la comisión a la que fue turnada nunca la analizó, por lo que –por acuerdo- fue desechada.
“No pagaré…”
Previo a que la comisión representativa de la ANUEE ingresara a las instalaciones de la Cámara de Diputados, cientos de sus agremiados de zonas como Magdalena Contreras, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Toluca, Hidalgo y Morelos, se congregaron a las puertas del Palacio Legislativo para exigir que sus demandas fueran escuchadas.
En un mitin, Juan Landa Olmos, del Comité de la Región Poniente tomó la palabra para exigir que el gobierno federal condone las deudas que los ciudadanos no pueden pagar y recordó que administraciones anteriores han intervenido de manera similar para rescatar empresas privadas que se declararon en bancarrota.
“Una tarifa social justa, eso es lo que el pueblo realmente necesita; que se le permita a las personas de menores ingresos seguir recibiendo el servicio sin temor de que se los vayan a quitar, sin temor de que los amenacen o los obliguen a firmar acuerdos. Exigimos borrón y cuenta nueva”, expresó Landa y fue respaldado al grito de “no pagaré si no es con el SME”.
Entre las exigencias de la ANUEE y del SME está la abrogación de reformas como la energética y través de la que se modificó el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como PENSIONISSSTE.
“Estamos conscientes de que esta es una lucha de clases, una lucha impuesta por el Fondo Monetario Internacional que exige a estos gobiernos y los diputados hacer reformas que echen atrás logros como la nacionalización de la industria eléctrica, del petróleo. El gobierno se dedica a pedir dinero prestado al Fondo y ellos ponen como condición que le cedamos nuestros bienes, primero la industria petrolera, ahora la eléctrica y pronto también van a querer el agua, lo que no debemos permitir”, sostuvo Landa.
Los dirigentes hicieron un llamado a los ciudadanos a dar seguimiento al tema en cada una de las etapas del proceso legislativo, además de exigir a sus diputados impulsar y votar a favor dicha propuesta.
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